La expansión española por el mundo no es todo lo adecuada que debería. Imagen: Juliane. Fuente: PhotoXpress.
"Es clave que el impacto de la inversión española en el extranjero sea positivo. Con ello se contribuye a crear crecimiento económico sostenible, a reducir la pobreza y a respetar los derechos humanos".
Esta es la principal conclusión del nuevo informe de Intermón Oxfam La empresa española y los derechos humanos. Claves para una internacionalización responsable” presentado ayer.
El documento, que analiza el rol del sector privado español en el extranjero, principalmente el del sector agroalimentario, resalta que para que este impacto sea positivo, las empresas han de regirse por principios responsables, salvaguardando las comunidades allí en donde operan.
"El Gobierno ha de ser garante de que las empresas españolas no vulneran los derechos humanos y la ciudadanía debe movilizarse y pedir cambios en prácticas y políticas al sector privado optando también por otras formas de consumo como el comercio justo", señalan en la nota de prensa.
"Con una inversión responsable ganamos todos, no solo las comunidades rurales y los ciudadano: la empresa será mejor valorada y con ello aumentarán sus ventas; y el Gobierno obtendrá la mejor carta de presentación de España ante el exterior“, explica el director del departamento de Campañas y Ciudadanía de Intermón-Oxfam, Jaime Atienza.
El informe constata algunas malas prácticas detectadas en distintas compañías españolas en el extranjero. A pesar de que hay casos de inversión responsable, como la iniciativa M-PESA que Vodafone ha llevado a cabo en Kenia con un servicio bancario por telefonía móvil que ha beneficiado a más de 9 millones de hombres y mujeres, la investigación detalla distintos estudios de caso en las que las prácticas empresariales han de mejorar.
El informe recomienda que las empresas realicen sus inversiones con la premisa de que su actividad sea un valor añadido también para las comunidades rurales, los pequeños agricultores y el medio ambiente. "Las compañías deben de prever las repercusiones sociales y medioambientales que su actividad puede ocasionar a lo largo de toda su actividad, y ser transparentes señalando dónde y cómo producen, además de poner en marcha políticas específicas de mujeres."
Esta es la principal conclusión del nuevo informe de Intermón Oxfam La empresa española y los derechos humanos. Claves para una internacionalización responsable” presentado ayer.
El documento, que analiza el rol del sector privado español en el extranjero, principalmente el del sector agroalimentario, resalta que para que este impacto sea positivo, las empresas han de regirse por principios responsables, salvaguardando las comunidades allí en donde operan.
"El Gobierno ha de ser garante de que las empresas españolas no vulneran los derechos humanos y la ciudadanía debe movilizarse y pedir cambios en prácticas y políticas al sector privado optando también por otras formas de consumo como el comercio justo", señalan en la nota de prensa.
"Con una inversión responsable ganamos todos, no solo las comunidades rurales y los ciudadano: la empresa será mejor valorada y con ello aumentarán sus ventas; y el Gobierno obtendrá la mejor carta de presentación de España ante el exterior“, explica el director del departamento de Campañas y Ciudadanía de Intermón-Oxfam, Jaime Atienza.
El informe constata algunas malas prácticas detectadas en distintas compañías españolas en el extranjero. A pesar de que hay casos de inversión responsable, como la iniciativa M-PESA que Vodafone ha llevado a cabo en Kenia con un servicio bancario por telefonía móvil que ha beneficiado a más de 9 millones de hombres y mujeres, la investigación detalla distintos estudios de caso en las que las prácticas empresariales han de mejorar.
El informe recomienda que las empresas realicen sus inversiones con la premisa de que su actividad sea un valor añadido también para las comunidades rurales, los pequeños agricultores y el medio ambiente. "Las compañías deben de prever las repercusiones sociales y medioambientales que su actividad puede ocasionar a lo largo de toda su actividad, y ser transparentes señalando dónde y cómo producen, además de poner en marcha políticas específicas de mujeres."
Pescanova
En Latinoamérica, la compañía española Pescanova, la primera proveedora de pescado del mundo, ha sido denunciada en numerosas ocasiones por prácticas laborales abusivas. Según el Tribunal Permanente de los Pueblos en Nicaragua, los trabajadores de esta filial están obligados a cumplir jornadas de 12 horas sin descanso semanal, las condiciones de salubridad son malas y la empresa ha limitado el derecho de los trabajadores a sindicarse.
"Los permisos para ir al baño son sólo una vez al día", denuncia el informe. Además, la mano de obra no cuenta con el material ni la protección adecuada para desempeñar su trabajo. Estas denuncias difícilmente salen a la luz en gran medida porque la empresa ha limitado el derecho de los trabajadores a sindicarse. "La compañía debe entender que respetar al sector cooperativo y considerarlo un aliado es necesario para equilibrar el tipo de prácticas pesqueras en la zona y contribuir a la salud del ecosistema", recuerda el informe.
Además, la explotación pesquera de la multinacional está dañando gravemente los ecosistemas de Nicaragua, en concreto los manglares. Estos ecosistemas son el sustento familiar de miles de personas en la zona de El Estero. Con sus prácticas de expansión han ido elevando, preocupantemente, los niveles de contaminación de las aguas, generando graves daños medioambientales. Además, el uso excesivo de medicamentos y nutrientes necesarios para la producción de la piscifactoría ha alterado el balance químico del agua, reduciendo el número de especies en la zona.
En Chile también se han documentado casos de prácticas nocivas para el medioambiente. "Sobreexplotación de especies, uso intensivo de la pesca de arrastre, mala gestión de los residuos de las plantas de tratamiento, prácticas en acuicultura muy cuestionables o cultivos de especies muy agresivos para el ecosistema son sólo algunos ejemplos."
En Latinoamérica, la compañía española Pescanova, la primera proveedora de pescado del mundo, ha sido denunciada en numerosas ocasiones por prácticas laborales abusivas. Según el Tribunal Permanente de los Pueblos en Nicaragua, los trabajadores de esta filial están obligados a cumplir jornadas de 12 horas sin descanso semanal, las condiciones de salubridad son malas y la empresa ha limitado el derecho de los trabajadores a sindicarse.
"Los permisos para ir al baño son sólo una vez al día", denuncia el informe. Además, la mano de obra no cuenta con el material ni la protección adecuada para desempeñar su trabajo. Estas denuncias difícilmente salen a la luz en gran medida porque la empresa ha limitado el derecho de los trabajadores a sindicarse. "La compañía debe entender que respetar al sector cooperativo y considerarlo un aliado es necesario para equilibrar el tipo de prácticas pesqueras en la zona y contribuir a la salud del ecosistema", recuerda el informe.
Además, la explotación pesquera de la multinacional está dañando gravemente los ecosistemas de Nicaragua, en concreto los manglares. Estos ecosistemas son el sustento familiar de miles de personas en la zona de El Estero. Con sus prácticas de expansión han ido elevando, preocupantemente, los niveles de contaminación de las aguas, generando graves daños medioambientales. Además, el uso excesivo de medicamentos y nutrientes necesarios para la producción de la piscifactoría ha alterado el balance químico del agua, reduciendo el número de especies en la zona.
En Chile también se han documentado casos de prácticas nocivas para el medioambiente. "Sobreexplotación de especies, uso intensivo de la pesca de arrastre, mala gestión de los residuos de las plantas de tratamiento, prácticas en acuicultura muy cuestionables o cultivos de especies muy agresivos para el ecosistema son sólo algunos ejemplos."
Ebro Foods
Otro ejemplo de mala práctica citado en el informe es el de la empresa arrocera Ebro Foods, en Marruecos. "En lugar de ser un motor económico, las comunidades se quejan de que ha sido una fuente de problemas". Ebro Foods se ha beneficiado de mano de obra barata, tierras y agua, sin que a cambio haya capacitado a los agricultores ni haya invertido en sus instalaciones.
La empresa llegó a la región de Larache, al noroeste de Marruecos, en 2001 para producir arroz. 100 La zona tiene recursos muy escasos, grandes deficiencias estructurales y tasas de pobreza rural significativas. Las comunidades han solicitado en varias ocasiones (e incluso por escrito) mejoras de infraestructuras pero no hay constancia de que la empresa haya dado respuesta a dichas peticiones.
La denuncia más reiterada por las familias es que sus casas y tierras son invadidas por nubes de mosquitos causados por el cultivo del arroz, que causan muchas enfermedades y minan su calidad de vida. A pesar de que la empresa argumenta que ha intensificado su campaña de fumigación para responder a las quejas de las comunidades, éstas indican que las medidas siguen siendo insuficientes.
A ello se suma que muchos de sus animales se han envenenado y no pueden emplear el agua que mana de sus tierras en sus huertos debido al alto nivel de fertilizantes utilizados en la plantación arrocera, lo que está causando un gran daño a las economías familiares. La empresa, sin embargo, señala que los niveles de pesticidas en el agua son inferiores a los mínimos marcados por las autoridades.
"Encontrar soluciones factibles a estas cuestiones sería posible si la comunicación entre las comunidades y la empresa fuese fluida", señala el informe. "Aunque Ebro Foods reitera que así lo ha sido siempre, las comunidades y las organizaciones sociales insisten en que nunca se ha abierto un canal de interlocución y que cada vez que tratan de entablar diálogo con la empresa ésta les indica que son las autoridades locales con quienes deben hablar".
En el aspecto laboral, los empleados temporales de Ebro Foods denuncian que no tienen contratos y que no están dados de alta en la Seguridad Social, pese a que la ley estipula que ese es un derecho obligatorio para cualquier trabajador. También indican que no cuentan
con suficientes herramientas ni material adecuado para realizar su trabajo.
Otro ejemplo de mala práctica citado en el informe es el de la empresa arrocera Ebro Foods, en Marruecos. "En lugar de ser un motor económico, las comunidades se quejan de que ha sido una fuente de problemas". Ebro Foods se ha beneficiado de mano de obra barata, tierras y agua, sin que a cambio haya capacitado a los agricultores ni haya invertido en sus instalaciones.
La empresa llegó a la región de Larache, al noroeste de Marruecos, en 2001 para producir arroz. 100 La zona tiene recursos muy escasos, grandes deficiencias estructurales y tasas de pobreza rural significativas. Las comunidades han solicitado en varias ocasiones (e incluso por escrito) mejoras de infraestructuras pero no hay constancia de que la empresa haya dado respuesta a dichas peticiones.
La denuncia más reiterada por las familias es que sus casas y tierras son invadidas por nubes de mosquitos causados por el cultivo del arroz, que causan muchas enfermedades y minan su calidad de vida. A pesar de que la empresa argumenta que ha intensificado su campaña de fumigación para responder a las quejas de las comunidades, éstas indican que las medidas siguen siendo insuficientes.
A ello se suma que muchos de sus animales se han envenenado y no pueden emplear el agua que mana de sus tierras en sus huertos debido al alto nivel de fertilizantes utilizados en la plantación arrocera, lo que está causando un gran daño a las economías familiares. La empresa, sin embargo, señala que los niveles de pesticidas en el agua son inferiores a los mínimos marcados por las autoridades.
"Encontrar soluciones factibles a estas cuestiones sería posible si la comunicación entre las comunidades y la empresa fuese fluida", señala el informe. "Aunque Ebro Foods reitera que así lo ha sido siempre, las comunidades y las organizaciones sociales insisten en que nunca se ha abierto un canal de interlocución y que cada vez que tratan de entablar diálogo con la empresa ésta les indica que son las autoridades locales con quienes deben hablar".
En el aspecto laboral, los empleados temporales de Ebro Foods denuncian que no tienen contratos y que no están dados de alta en la Seguridad Social, pese a que la ley estipula que ese es un derecho obligatorio para cualquier trabajador. También indican que no cuentan
con suficientes herramientas ni material adecuado para realizar su trabajo.
Otros casos
Otro ejemplo "claro" de vulneración de derechos ocurre en Guinea Bissau con otra empresa arrocera: Agrogeba. Con su llegada en 2010 al país, más de 600 personas fueron expulsadas de sus tierras, sin recibir compensación alguna, teniendo que huir y buscar nuevas tierras donde vivir.
Asimismo, desde que Hidralia llegó al municipio guatemalteco de Santa Cruz de Barillas para construir una hidroeléctrica, está ocasionando grandes conflictos en las comunidades, ya que no tuvo en cuenta los resultados de una consulta comunitaria previa que rechazaba la inversión.
La imposición de la hidroeléctrica y la insuficiente información y consulta a las poblaciones inició un conflicto que aún persiste y que ha dejado un balance de dos personas muertas, más de 30 órdenes de captura y la orden de un estado de sitio, medidas desmesuradas según ha calificado el Alto Comisionado de las Naciones Unidas.
El futuro
Desde 2011, recuerda Intermón-Oxfam, los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos, adoptados por unanimidad en las Naciones Unidas, señalan expresamente la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos.
La futura Directiva sobre Reportes no Financieros de la Unión Europea reforzará esa responsabilidad obligando a las grandes empresas europeas a que den cuenta anualmente de sus impactos en derechos. Tras la tragedia de la fábrica textil de Bangladesh, del pasado mes de abril, la Unión Europea dio un paso más en el compromiso con los derechos humanos con distintas Resoluciones del Parlamento europeo, en donde se pide mayor implicación a los servicios exteriores de la Unión con los derechos humanos.
España está elaborando actualmente el Plan Nacional sobre Empresa y Derechos Humanos que introducirá los Principios Rectores de Naciones Unidas en nuestro país. Se espera que el Plan esté finalizado en otoño de 2013.
La ONG lamenta que el apoyo a la internacionalización del Gobierno no ha ido acompañado de procesos de seguimiento ni de evaluaciones de impacto real. "Uno de los ejemplos recientes de esta laguna se percibe en los distintos créditos otorgados a Pescanova a través de la Compañía Española de Financiación del Desarrollo (COFIDES).
El último de ellos, de junio de 2012, por valor de 10 millones de euros, se destinó a la filial de Pescanova en Nicaragua, a pesar de los innumerables casos de malas prácticas que ya eran públicos para entonces".
Intermón-Oxfam también llama a los ciudadanos a movilizarse. La campaña Tras la Marca-CRECE, en la que se enmarca este informe, ha conseguido, a través de la movilización de 100.000 personas de todo el mundo, que las compañías Mars, Nestlé y Mondelèz se comprometan a tomar medidas contra la desigualdad, el hambre y la pobreza que sufren las mujeres que producen cacao en sus cadenas de suministro.
Otro ejemplo "claro" de vulneración de derechos ocurre en Guinea Bissau con otra empresa arrocera: Agrogeba. Con su llegada en 2010 al país, más de 600 personas fueron expulsadas de sus tierras, sin recibir compensación alguna, teniendo que huir y buscar nuevas tierras donde vivir.
Asimismo, desde que Hidralia llegó al municipio guatemalteco de Santa Cruz de Barillas para construir una hidroeléctrica, está ocasionando grandes conflictos en las comunidades, ya que no tuvo en cuenta los resultados de una consulta comunitaria previa que rechazaba la inversión.
La imposición de la hidroeléctrica y la insuficiente información y consulta a las poblaciones inició un conflicto que aún persiste y que ha dejado un balance de dos personas muertas, más de 30 órdenes de captura y la orden de un estado de sitio, medidas desmesuradas según ha calificado el Alto Comisionado de las Naciones Unidas.
El futuro
Desde 2011, recuerda Intermón-Oxfam, los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos, adoptados por unanimidad en las Naciones Unidas, señalan expresamente la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos.
La futura Directiva sobre Reportes no Financieros de la Unión Europea reforzará esa responsabilidad obligando a las grandes empresas europeas a que den cuenta anualmente de sus impactos en derechos. Tras la tragedia de la fábrica textil de Bangladesh, del pasado mes de abril, la Unión Europea dio un paso más en el compromiso con los derechos humanos con distintas Resoluciones del Parlamento europeo, en donde se pide mayor implicación a los servicios exteriores de la Unión con los derechos humanos.
España está elaborando actualmente el Plan Nacional sobre Empresa y Derechos Humanos que introducirá los Principios Rectores de Naciones Unidas en nuestro país. Se espera que el Plan esté finalizado en otoño de 2013.
La ONG lamenta que el apoyo a la internacionalización del Gobierno no ha ido acompañado de procesos de seguimiento ni de evaluaciones de impacto real. "Uno de los ejemplos recientes de esta laguna se percibe en los distintos créditos otorgados a Pescanova a través de la Compañía Española de Financiación del Desarrollo (COFIDES).
El último de ellos, de junio de 2012, por valor de 10 millones de euros, se destinó a la filial de Pescanova en Nicaragua, a pesar de los innumerables casos de malas prácticas que ya eran públicos para entonces".
Intermón-Oxfam también llama a los ciudadanos a movilizarse. La campaña Tras la Marca-CRECE, en la que se enmarca este informe, ha conseguido, a través de la movilización de 100.000 personas de todo el mundo, que las compañías Mars, Nestlé y Mondelèz se comprometan a tomar medidas contra la desigualdad, el hambre y la pobreza que sufren las mujeres que producen cacao en sus cadenas de suministro.