Manuel Sánchez Gómez-Merelo
Consultor Internacional de Seguridad
Ex-Coordinador de Seguridad en Instituciones Penitenciarias
Las múltiples deficiencias evidenciadas en los sistemas penitenciarios de la región hacen urgente el desarrollo de una amplia reforma penitenciaria que abarque distintos ámbitos.
Son imprescindibles y urgentes las reformas de los sistemas penitenciarios, destinando los recursos necesarios para acometer, adecuar y/o construir nuevas cárceles. Este es el verdadero desafío regional: Abordar definitivamente la insuficiencia de infraestructuras, la escasez del presupuesto destinado a resolver o al menos paliar ese abandono, los déficits crónicos en la administración y gestión penitenciaria, la deficiente calidad de los servicios y tratamientos, así como las carencias en los programas para la resocialización y reinserción de los penados.
En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa que, “los Estados no pueden alegar dificultades económicas para justificar condiciones poco dignas de las personas privadas de la libertad en establecimientos penitenciarios…” “El Estado tiene el deber de adoptar las medidas necesarias para proteger la integridad personal de los privados de libertad y abstenerse, bajo cualquier circunstancia, de actuar de manera tal que se vulnere la vida y la integridad de estas”.
Las carencias y situaciones actuales son las principales causas que generan el aumento cada vez mayor de la conflictividad y el hacinamiento en la población carcelaria. Sin embargo, hay quienes consideran que el hacinamiento no es una causa, sino más bien una consecuencia de la ineficiente intervención estatal, dado que, en la mayoría de los países de la región, se ha preferido usar medios coercitivos o represivos en vez de educativos.
No obstante, si bien las medidas de aseguramiento y tratamiento pueden tomarse como un medio para lograr la resocialización y reinserción social, lo cierto es que hay de dotar de nuevos recursos al Sistema Penitenciario y establecer mecanismos donde prevalezca la garantía de los derechos humanos.
Así, el nuevo planteamiento de las Alianzas Público-Privadas (APPs) puede ser el medio idóneo para que el Estado, en colaboración armónica con entidades privadas, desarrolle y organice un nuevo diseño, financiación, gestión y reestructuración del Sistema Penitenciario en los distintos países, con miras a que la población reclusa goce de los derechos constitucionales y, sobre todo, se garantice su seguridad y tratamiento para la reinserción social.
En este sentido, tenemos interesantes experiencias internacionales en la implementación de las Asociaciones Público- Privadas en el sector penitenciario para la creación de nuevas cárceles o modernización de las existentes, medida adoptada en varios países para hacer frente a la crisis carcelaria.
La incorporación de capital privado y/o gestión colegiada en los nuevos establecimientos penitenciarios puede ayudar a la disminución de la carga Estatal, paliando sus carencias y contribuyendo a una mayor eficacia y eficiencia en la resolución de este grave conflicto.
Como demuestra la experiencia de otros países, mejorando el sistema judicial y facilitando unas infraestructuras dignas y suficientes, así como la tecnología de control imprescindible, es posible la creación de un sistema penitenciario que propicie la instauración de un código de conducta correcto, tanto en los funcionarios como en los reclusos (que responderán como personas siempre que sean tratados como tales), permitiendo con ello el cumplimiento del fin último de resocializar y reinsertar al mayor número de reclusos posible, mediante la eliminación de las demoras judiciales, el hacinamiento, la sobrepoblación carcelaria y los nichos internos de delincuencia.
Para ello, la construcción de nuevos centros penitenciarios es prioritaria y, como mínimo y mientras tanto, sería imprescindible actualizar las infraestructuras y seguridad de los actuales, mejorando con carácter de urgencia las condiciones laborales del personal y planificando el trabajo con las demás Instituciones implicadas, así como con las instancias judiciales.
Todo ello, teniendo en cuenta que no se debe delegar funciones que son intransferibles e inherentemente del Estado.
Seguridad penitenciaria
En la actualidad, son muchas las amenazas que atentan contra la seguridad del sistema penitenciario y carcelario. Entre ellas, la falta de personal y su adecuada capacitación, que es una de las mayores deficiencias que ponen en peligro y vulneran la propia seguridad, tanto del personal, como de los internos y de las instalaciones.
El tema de la seguridad penaliza al sistema, los Gobiernos sólo favorecen medidas represivas porque, es tan negativa la visión sobre quien comete delitos, que nunca se ha tenido una política adecuada de prevención e integración social del penado y sólo entra en programa la represión, cuando una inversión adecuada y a tiempo en la clasificación y tratamiento podría ahorrar muchas vidas e incluso abaratar costes de reinserción.
Los objetivos principales de la seguridad en los centros penitenciarios son: impedir que se produzcan fugas de presos o altercados y motines; garantizar la seguridad de los internos e instalaciones; favorecer el objetivo de reinserción social. Se contempla en dos conceptos generales clave: la protección externa, para evitar fugas y agresiones y el control y la vigilancia interna, para evitar incidentes.
El planteamiento del sistema de seguridad se ha de hacer de forma integral y debe ser objeto del proyecto la implementación de una plataforma de gestión integral. Esta plataforma permitirá integrar todos los sistemas de control y seguridad tanto del interior (módulos y patios) como del exterior (perímetro y accesos), así como todas las lecturas del sistema de control de accesos (personas y vehículos) y todos metadatos de las cámaras y servidores de inteligencia artificial más avanzados.
Conclusiones
A modo de resumen puede afirmarse que la política pública penitenciaria en Latinoamérica ha fracasado, dado que no ha podido afrontar con éxito el crecimiento significativo de la población penitenciaria, el modelo actual no ha sido capaz de generar los resultados en recuperación, rehabilitación y resocialización de las personas privadas de la libertad, lo que está directamente relacionado con una inadecuada gestión de seguridad, tratamiento y salud penitenciaria.
Prácticamente la totalidad de los establecimientos penitenciarios está en malas condiciones o con infraestructuras obsoletas, situación que ha llevado a la imposibilidad de la ejecución y el desarrollo de los “planes” y “programas” de seguridad en el tratamiento penitenciario.
En la práctica, como lo demuestra la información empírica, no se está cumpliendo con la gestión de seguridad, tratamiento y salud penitenciaria, a pesar de la obligación legal, y lo estipulado en los manuales operativos. La gestión de las autoridades de los establecimientos penitenciarios se ha centrado principalmente en la custodia y represión de las personas privadas de la libertad.
En general, la percepción de los funcionarios sobre el modelo del sistema penitenciario vigente ha fracasado, al no centrar su gestión en la seguridad y tratamiento para la reinserción, así como carecer de los recursos presupuestarios que permitan el seguimiento de los resultados.
Además de construir más recintos carcelarios, urge reestructurar el régimen penitenciario y establecer políticas de tolerancia cero, para avanzar con una verdadera política de Estado que se haga cargo de la situación de los penados de cara a su reinserción y resocialización, tanto dentro, como cuando dejan los recintos penitenciarios.
El nuevo modelo de gestión penitenciaria debe contemplar y enfocar su gestión en la seguridad, el tratamiento y la salud de la población penitenciaria, centrándose en:
La creación de nuevas cárceles o modernización de las existentes es solo parte de las medidas que deben adoptarse en los distintos países de la región para hacer frente a la larga crisis penitenciaria.
Manuel Sánchez Gómez-Merelo
Consultor Internacional de Seguridad
Ex-Coordinador de Seguridad en Instituciones Penitenciarias
Esta situación de inseguridad revoluciona Latinoamérica y no tiende a mejorar en casi ningún país dada la reducida inversión pública y las casi nulas políticas de reinserción para los reclusos. Se mira para otro lado y se asume, con un alto coste, los siniestros provocados por esas difíciles e insalubres condiciones de vida, que conducen inevitablemente al deterioro de la convivencia, la violencia, la propia corrupción funcionarial y la frustración de la sociedad.
Las cárceles están saturadas
Periódicamente, la ONU denuncia la sobrepoblación en las cárceles latinoamericanas y alerta de la grave situación. La crisis en las cárceles es estructural. Son una muestra de la impunidad, corrupción e ineficiencia del sistema penitenciario, incluso del judicial.
En general, todo el sistema penitenciario de la región vive en el omnipresente problema del hacinamiento y el de la falta de inversión, que facilita la presencia de organizaciones criminales que imponen su ley en cárceles deterioradas, insalubres y con funcionarios frecuentemente corruptos.
En la actualidad, de media, las cárceles albergan casi 40 por ciento más de reclusos de lo que deberían y, en muchos casos, se llega hasta el 300 por ciento, lo que facilita las tragedias acaecidas y pronostica otras, difíciles de evitar si no se aborda seriamente la problemática largamente denunciada.
Desde México a Argentina, el hacinamiento, que acaba desembocando en motines e importantes conflictos, es moneda de cambio en todo el continente. La situación en los penales es gravísima pues, buena parte de los establecimientos penitenciarios existentes, vienen del siglo pasado.
Cada país tiene sus particularidades pero, a las pésimas condiciones de vida, hay que sumar el abuso de la detención preventiva, la falta de salubridad y atención médica, la insuficiente alimentación, la ausencia de políticas de rehabilitación y de reinserción, la corrupción y los escasos e inadecuados recursos humanos.
Las condiciones de hacinamiento en las que se encuentran las cárceles latinoamericanas propician el que se sigan reproduciendo organizaciones delictivas en el interior, que se produzcan conflictos entre bandas rivales, que haya mafias y jerarquías entre los presos, sumado a la carencia de espacios adecuados para albergar a aquellos de mayor peligrosidad.
Así, el hacinamiento, las peleas entre bandas, la corrupción, los motines, fugas, etc. han dado lugar a la terrible cifra de más de 2.000 internos muertos en siniestros ocurridos en las cárceles de Latinoamérica en los últimos 2 años.
Delincuencia y corrupción
El descuido y abandono en las cárceles fomenta la inseguridad en toda Latinoamérica. Las carencias de personal, tecnología y obsoleta arquitectura facilitan la acción de criminales y mafias.
Si para nadie es desconocida la crisis carcelaria de Latinoamérica, tampoco lo es su vínculo con los más de 40 años de guerra contra el narcotráfico. En este sentido, el creciente número de presos es directamente proporcional al peso que se asigna al combate contra las drogas.
Pero, hay más, dentro de los propios centros penitenciarios, existen: extorsiones, corrupción, prostitución, drogas, mercados ilegales, mafias, intimidación, sicarios, robos, asesinatos, secuestros e intimidación, porque se han convertido en lugares en los que los cárteles de la droga y las bandas criminales realizan grandes negocios y delinquen con muy pocos límites, tanto fuera como dentro de los centros penitenciarios.
El narcotráfico en toda la región ha llenado las cárceles en las últimas tres décadas, convirtiendo al hacinamiento y a la violencia en un mal menor y común de las cárceles de Latinoamérica, según confirman también muchos analistas.
La corrupción en las cárceles latinoamericanas es deplorable y grave. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos critica el deterioro y abandono de los centros penitenciarios, y señala que, en muchos casos, la corrupción permite que los funcionarios dejen entrar habitualmente en los propios recintos armas, drogas y teléfonos móviles. Así, el crimen organizado controla y se encuentra permanentemente conectado con el exterior, donde continúan sus actividades delictivas.
Derechos Humanos
La situación actual presenta un negro panorama en las cárceles Latinoamericanas, según la organización Human Rights Watch (HRW) que recientemente señaló que, en la actualidad, hay un problema generalizado de abandono, brutalidad policial y hacinamiento carcelario, según el informe anual presentado en Washington.
El incremento de la población penal, la falta de presupuesto o la mala administración, entre otros aspectos, ha desembocado en que el sistema penitenciario en Latinoamérica sea un sistema fallido o descontrolado.
Los protocolos de emergencia en las cárceles son problema común para los gobiernos latinoamericanos, y se han institucionalizado como verdaderos sistemas del delito controlados por los propios internos.
Actualmente, existen desafíos importantes en los sistemas penitenciarios de Latinoamérica, desde el planteamiento de nuevas normativas y estructuras organizacionales hasta las propias condiciones de vida dentro de las prisiones, lo que hace necesario atender un gran número de factores para garantizar los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
Por otro lado, carecen de soluciones alternativas al encarcelamiento, como la libertad vigilada para autores de delitos menos graves o no violentos, trabajos comunitarios o la disposición de brazaletes electrónicos de control.
Con todo ello, la realidad es que en Latinoamérica los detenidos no van a la cárcel sino al infierno, a esos recintos hacinados y obsoletos donde se juntan los delincuentes confesos con los que cumplen su aún inexistente condena en régimen preventivo, además de las víctimas de la obsoleta legislación, que hace que todas las leyes deriven en el derecho penal, criminalizando conductas que no revisten auténtica gravedad.
Clasificación y tratamiento
La base del sistema y ordenamiento penitenciario se fundamenta en la clasificación y tratamiento de los internos con los siguientes principios generales:
Igualmente y como objetivos específicos del tratamiento podríamos señalar los siguientes:
Reinserción y resocialización
Uno de los factores que impide la reinserción real de los penados es la falta de oportunidades y los escasos programas que existen para la rehabilitación social. Hay que considerar que muchos internos no tienen la educación básica ni media completa, por lo que establecer convenios con instituciones públicas y/o privadas para propiciar la educación, o que se les propicie algún oficio o especialización es de vital importancia.
Las experiencias con internos que han culminado sus estudios en la cárcel son muy positivas aunque, lamentablemente, en Latinoamérica, lo son con porcentajes bastante bajos.
Las instalaciones penitenciarias en Latinoamérica están lejos de lograr la reinserción y resocialización de los penados pues en la región sólo se atiende la coyuntura urgente, es decir, se gestiona los problemas e incidentes que ya son graves en lugar de resolverlos cuando apuntan a un deterioro evitable y a un necesario cambio del sistema.
Por otro lado, llama la atención la falta no solo de recursos e inversión, sino también de personal, además de su escasa cualificación para hacerse cargo del tratamiento de los reclusos o tener capacidad de reacción cuando se desatan los incidentes y, sobre todo, en caso de especial gravedad.
En varios países latinoamericanos se está formando y capacitando más al personal de centros penitenciarios, pero también hay que aumentarles los salarios y valorar el hecho de que su profesionalidad redundará en la mejora de un servicio social muy importante.
La cultura de prevención, así como la implementación de nuevos programas de reinserción en los penales son temas prioritarios y debe de ser tarea y responsabilidad de todas las partes implicadas.
En “Todos a la Cárcel” la trama principal se centraba en un festejo preparado por Quintanilla, un hombre astuto y especializado en organizar este tipo de eventos colectivos y bulliciosos. Era un acto más bien político y clientelista, al que acudían las autoridades más representativas de la región, junto a otras personalidades del mundo de la cultura, las finanzas o el poder eclesiástico.
Tras muchas y complejas vicisitudes, el guión iba entretejiendo una serie de intervenciones y sucesos que desencadenaban un peculiar motín, concluyendo con la huida de Tornicelli, el director de la prisión y su joven amante transexual.
Hoy nos ocupan muy serias cosas: La desigualdad, la dependencia, el paro, las pensiones, los fanatismos patrioteros… Nos duele el dolor de quienes no merecen ser despojados, y vamos camino de organizar una manifestación con recogida de firmas y mítines enardecidos, acompañados de todos aquellos mayores necesitados a los que el Gobierno les niega o retrasa su imprescindible dignidad y residencia. ¿Qué nos aconsejaría hacer el guión del genial Berlanga?
Pues con el conocimiento de causa que los datos aportan, y aprendiendo de la experiencia que esa peli resume, podríamos buscar atajos fáciles, conclusivos y rápidos, que dieran soluciones eficientes a problemas difíciles.
Nuevo Plan de “Todos a la Cárcel”
Con esta adaptación del guión mencionado, a todo ciudadano de más de 65 años se le entregaría una pistola con seis balas (no necesariamente de verdad), y se le permitiría disparar a cuatro políticos, lo que no implicaría que tuviera que matarlos, habida cuenta de que en ningún caso, habría que desperdiciar mucha munición, ya que siempre está cara, aunque sea de goma.
Obviamente, con este tipo de “presunto atentado” el necesitado ejecutor terminaría en prisión, donde, como cualquier “delincuente”, tendría como dotación residencial –según el Régimen Penitenciario español (uno de los más progresistas de mundo)- una celda individual, en régimen de pensión completa: tres comidas al día, calefacción central, derecho de “vis a vis” una vez a la semana, televisión, ocio con instalaciones impresionantes, como piscina climatizada, biblioteca, aulas de informática y música, e incluso, un frontón, y todos los cuidados médicos y revisiones que requiera, incluido hasta un trasplante -caso de necesitarlo-, así como una amplia oferta de actividades deportivas y trabajo remunerado, además de una formación, incluso universitaria, si así lo solicita… Vamos, mejor que cuando trabajaban.
Es decir, todo cubierto sin más solicitud, añadiendo el hecho de que su familia podría visitarle tan a menudo como lo hace ahora o más.
¿Y quién pagaría todo ésto? El mismo Gobierno que le dijo que no se podía permitir ofrecerle una residencia después de haber cotizado y pagado impuestos por algunas decenas de años contando, además, que, ahora, estas personas “delincuentes jubilados” (más jubilados que delincuentes) no tendrían que pagar impuestos, por estar en un Centro Penitenciario.
Así que… todos a la cárcel, por el módico precio de atreverse a cometer un delito, que hay sitio para todos y, si no, se construirán más cárceles de lujo, sin necesidad de programas sociales o debates políticos que los aprueben, porque estarán en los Presupuestos del Estado.
Todo indica que el movimiento ha empezado ya pues nuestra población penitenciaria es un 32 por ciento superior al promedio europeo, pese a que los crímenes están un 27 por ciento por debajo.
Datos del año 2018 dicen que el Estado gasta más en el mantenimiento de un interno que en la prestación por desempleo de un padre con un hijo, cuyo máximo está en 1.242 euros. El coste de un interno en prisión está "entre 60 y 65 euros al día, unos 1.800 euros al mes, y en torno a 21.600 euros al año, si se tienen en cuenta todos los gastos que conlleva una prisión", según explicaba Francisco Llamazares, presidente de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones. Y eso que el coste diario por preso se redujo a la mitad durante la crisis: de 138,66 euros en 2010 pasó a 59,72 euros en 2015, y la densidad carcelaria también se ha reducido, o sea, que puede mejorar y hay sitio para muchos.
Pues lo dicho (y válgame la imprescindible ironía, dada la imposibilidad de comparar magnitudes): jubilados, desatendidos, marginados, despreciados, necesitados…“todos a la cárcel”.
Refiriéndose a los inmigrantes sus mensajes apocalípticos les pretenden hacer ver como el cáncer que amenaza la salud nacional: “Hemos defendido a otros países mientras nos negamos a defender nuestras fronteras. A partir de este día va a ser sólo primero Estados Unidos. Cada decisión sobre comercio, impuestos e inmigración, asuntos extranjeros, se tomará para beneficiar a los trabajadores estadounidenses, para defender nuestras fronteras”.
Al aflorar su lado más populista, imita el discurso grandilocuente de otros no reconocidos como demócratas, insistiendo una y otra vez sobre cómo, con su mandato, va a traer de vuelta para los americanos "nuestros empleos, nuestras fronteras, nuestra riqueza, nuestra prosperidad, nuestros sueños”, “…sacaremos a la gente de las ayudas sociales y la pondremos a trabajar, reconstruiremos nuestro país con mano de obra estadounidense”.
En este sentido, parece que olvida que, en cuestión de empleo, aparte de la importante recuperación habida en la era Obama, seis millones de empleos en Estados Unidos dependen del comercio con México, y que estos empleados mexicanos y otros centroamericanos se ocupan de tareas que no suelen ser valoradas o que algunos locales evitan hacer como albañiles, empleadas del hogar, jardineros, recogida de basura, enfermeras, etc.
También ignora lo que hace diez años mostraba la película “Un día sin mexicanos” de Sergio Arau, que recuperó su visibilidad y valoró una situación naturalizada sobre lo que pasa con los millones de mexicanos, hondureños, guatemaltecos y ecuatorianos que viven en California , revelando la hipocresía de una nación que llama “ilegales”, “hispanos” o “indocumentados” a millones de mujeres y hombres que hacen los “trabajos sucios” que “los blancos” (así se llaman a sí mismos) no quieren hacer y que significan un pilar fundamental de su economía. La película plantea una hipotética desaparición de todos los mexicanos –y otros latinos– del estado de California, y sus efectos negativos sobre el resto de los californianos.
El presidente Trump también ha dicho: “Vamos a seguir dos reglas muy sencillas y es: compra estadounidense y contrata a estadounidenses”. Sin embargo, vuelve a ignorar que México es el primero, segundo o tercer mercado de 30 de los 50 estados de Estados Unidos. México es el tercer socio comercial de Estados Unidos (14% del comercio total), luego de China (16%) y Canadá (15.4%), así que veremos qué hace con todo ello.
También dice que el verdadero problema de sus fronteras es con México y los 3.000 km. que quiere tener amurallados a su costa para interrumpir el cruce de la droga y de mexicanos, pero debería de saber que pese a que el Congreso de los Estados Unidos aprobó fondos para reforzar la seguridad de la frontera y las aduanas con ese país, ninguno de esos objetivos da respuesta al drama que atraviesa México que es la violencia generada por el combate con y contra el narcotráfico, más allá de los migrantes y su trasiego de drogas hacia el norte y armas hacia el sur.
Olvida que, en Estados Unidos, además de que sus habitantes poseen 310 millones de armas de diferentes tipos en poder de sus ciudadanos, con un promedio de casi un artefacto por habitante, por decisión del Congreso de la nación, no tiene ninguna medida que haga referencia a la necesidad de regular y controlar mejor la venta de armas que alimenta los arsenales de los cárteles de la droga. Diversas fuentes informativas señalan que el 90% de las armas en poder del narcotráfico mexicano provienen de compras legales en Estados Unidos. Solo en las ciudades fronterizas hay más de 10.000 tiendas de venta de armas, la mayoría de tecnología sofisticada como la que utilizan las fuerzas de seguridad.
Estados Unidos representa el 4,4% de la población mundial, pero sus ciudadanos poseen el 42% de las armas en manos civiles de todo el mundo. Según cifras de 2015, en Estados Unidos mueren una media de 92 personas al día por armas de fuego. Son 1,45 millones de muertes (asesinatos, suicidios o accidentes) desde 1970.
En algunos medios se ha postulado que el presidente electo Trump ahora tendrá que ser más inclusivo porque ocupa el cargo más alto de la tierra. Sin embargo, como muchos estudios científicos demuestran (entre ellos los de Leigh Tost en la Universidad del Sur de California, en colaboración con Francesca Gino en la Escuela de Negocios de Harvard y Rick Larrick en la Universidad de Duke) las personas que experimentan la embriaguez del poder son menos propensas a comprender cómo otros piensan, ven y sienten. Encontraron que las personas que experimentaron una mayor sensación de poder eran más propensas a ignorar los consejos de sus asesores en comparación con aquellos que experimentaron menor sensación de poder.
Se ha oído comentar a Barack Obama cómo la práctica política en la propia Oficina Oval puede cambiar a la gente, llevándoles a ser más inclusivos con sólo incorporarse a la ponderación diaria. Sin embargo, la investigación anterior demuestra que un mayor sentimiento de poder sostenido desencadena lo contrario: puede perjudicar la toma de perspectiva, producir una peligrosa sensación de control sobre los eventos aleatorios, y una mayor tendencia a desoír el asesoramiento incluso de expertos.
En agosto pasado, el profesor Kevin Dutton, de la Universidad de Oxford, publicó los resultados de un trabajo científico en el que estudió los aspectos psicopáticos de algunos de los personajes históricos más relevantes de todos los tiempos. https://phys.org/news/2016-08-presidential-candidates-psychopaths-good.html
Con independencia de que esos aspectos psicopáticos estudiados no sólo eran los negativos, Donald Trump obtuvo 171 puntos, colocándose dos por encima del dictador Adolf Hitler. El candidato republicano a la Casa Blanca es solo superado por Saddam Hussein -que encabeza la lista con 189-, Enrique VIII -con 178- e Idi Amin -con 176-.
Trump ha retratado a EE.UU. como un país en crisis, diciéndole a sus conciudadanos que se han de ver amenazados por los de diferente raza, sexo, religión, origen, pensamiento, haciéndoles sentir en un estado de crimen y caos permanente, en el que las élites se han enriquecido y han maquinado a espaldas del pueblo.
Sin embargo, si bien parte de la criminalidad es cierta, también es verdad que en cifras absolutas, en la era Obama ha habido un control y un descenso importante en el país.
Ya en julio, cuando Trump aceptó la nominación del Partido Republicano en la convención en Cleveland, prometió que el 20 de enero “se restauraría la seguridad” en Estados Unidos, y el 21 “los americanos finalmente se despertarían en un país en el que las leyes (…) se van a aplicar”.
Tampoco sabe entonces que el índice de inseguridad en EE.UU., con un total de casi 15.000 muertes por homicidio, tiene una tasa de apenas 4,7 por cada 100.000 habitantes, muy deseable de disminuir, pero por debajo de muchos otros.
En 2015, que es el último año del que hay estadísticas, hubo 1,2 millones de crímenes violentos, según el FBI, no obstante lo cual Estados Unidos es considerado un país de “seguridad media”, según el reconocido Índice de Paz Global 2016.
Por otro lado, Estados Unidos tiene menos del 5 por ciento de la población mundial, pero casi la cuarta parte de los presos del mundo, es decir, 2.300.000 criminales entre rejas, lo que representa una cifra superior a la de cualquier otra nación, con 751 individuos presos por cada 100.000 habitantes (si se consideran sólo los adultos, uno de cada 100 norteamericanos está preso) y pasan en la cárcel más tiempo que los presos de otras naciones. Se puede asegurar que Estados Unidos es el país que controla y encarcela a más gente en el planeta.
La superficialidad de las opiniones de Trump en otros temas como el cambio climático, el terrorismo radical islámico, las pandillas o las drogas no hacen más que afianzar el criterio de que estamos ante la difícil encomienda de tratar de equilibrar durante un tiempo el clima que va a crear un individuo narcisista y desinformado, un rey desnudo que la plebe aplaude por ignorancia, miedo o interés, haciéndole sentir ornado con sus mejores galas y que dijo: “Vamos a reforzar todas las alianzas contra el terrorismo radical islámico. Lo vamos a erradicar completamente de la faz de la tierra”. Sobre la sociedad estadounidense: “Las pandillas y las drogas nos han robado muchos días en nuestro país. Esta carnicería humana se detiene aquí mismo y ahora mismo”.
Más allá de sus discursos populistas, el presidente Trump tiene un profundo trabajo personal que hacer para informarse bien y acercarse a una visión más realista y humana de las cosas, y una responsabilidad que cumplir si quiere llevar a término sus fácilmente vendibles promesas políticas. Sus asesores y agencias también tienen mucho que analizar y aportar a la toma de decisiones en materia de Economía y Comercio y, sobre todo, en todo lo que se refiere a su visión global, medioambiental, humanitaria y estratégica, acciones futuras a vigilar de cara no sólo a la seguridad interna y externa del país, sino a la seguridad internacional.
Lo malo de la desinformación o la ignorancia es que no sabe que lo es. Lo bueno es que tiene siempre fecha de caducidad.