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Unidad en el Congreso español a favor de la I+D

Una iniciativa impulsada por el Colectivo Carta Abierta por la Ciencia aúna el compromiso de casi todos los representantes políticos con la ciencia y la investigación


Los máximos responsables de la práctica totalidad de los grupos políticos con representación en el Congreso firmaron ayer un acuerdo por la investigación, el desarrollo y la innovación, cuyo objetivo es situar a la I+D en un ámbito de prioridad. La iniciativa, impulsada por el Colectivo Carta Abierta por la Ciencia, aspira a impulsar la recuperación de la inversión en I+D en nuestro país y la creación de la Agencia Estatal de Investigación, entre otros objetivos.


T21
20/12/2013

Los máximos responsables de la práctica totalidad de los grupos políticos con representación en el Congreso (la excepción ha sido el PP) firmaron ayer un acuerdo por la investigación, el desarrollo y la innovación, cuyo objetivo es situar a la I+D como una de las prioridades de los firmantes.

El acuerdo versa sobre cuatro puntos básicos: la financiación, los recursos humanos, la normalización de las convocatorias y la creación de la Agencia Estatal de Investigación.

La iniciativa ha venido impulsada por el Colectivo Carta Abierta por la Ciencia (formado por CRUE -Conferencia de Rectores-; Cosce -Confederación de Sociedades Científicas de España-; FJI -Federación de Jóvenes Investigadores-; Plataforma por una Investigación Digna, CC.OO. y UGT), y pretende generar un compromiso entre los responsables políticos y el mundo de la ciencia y la investigación.

El documento fue firmado por el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba; el portavoz de Izquierda Plural en el Congreso, Cayo Lara; la líder de UPyD, Rosa Díez; el portavoz económico del PNV en el Congreso, Pedro Azpiazu; el diputado de Amaiur Rafael Larreina; el diputado de ERC Joan Tardá; la parlamentaria del BNG Olaia Fernández Dávila; el de Coalición Canaria-Nueva Canarias Pedro Queved; y el de Compromís-Equo Joan Baldoví.

Al acto asistieron, acompañados de otros rectores, el rector de la Universidad Autónoma de Madrid, José María Sanz, en representación de la CRUE; así como los Premios Príncipe de Asturias Juan Luis Arsuaga, Antonio García-Bellido y Amable Liñán, junto a Jesús Ávila, Mateo Valero, Juan Luis Vázquez y Antonio Córdoba Barba, Premios Nacionales de Investigación, ha informado CRUE en un comunicado.

Contraste con Europa

Según un informe publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) el pasado mes de noviembre, el gasto en I+D en 2012 retrocedió de nuevo, situándose en el 1,3% del PIB, lo que supone un retroceso de una décima en tan sólo tres años.

Esto adquiere aun mayor significación si se tiene en cuenta que el PIB también ha decrecido en el último año y que, previsiblemente, los datos del año 2013 supondrán un nuevo mínimo en la curva descendente del gasto español en I+D.

Mientras tanto, la media europea de gasto en I+D supera ya el 2% del PIB y continua su línea ascendente con el objetivo de alcanzar el 3% en 2020, objetivo al que el gobierno español ya ha renunciado formalmente, como recoge el Programa Nacional de Reformas remitido a la UE.

Todo ello coloca a nuestro país en una situación de desventaja para afrontar la salida de la crisis y el asentamiento de un modelo económico basado en el conocimiento, única opción posible para Europa y el estado español pues como todos los indicadores señalan, hay una correlación directa entre el crecimiento económico y el gasto interno en I+D.

Es absolutamente urgente revertir este panorama, asegura CRUE. Entre otras razones, porque las previsiones de obtención de fondos de Horizonte 2020, el Programa de Investigación e Innovación de la UE dotado con 80.000 millones de euros y una duración de siete años, no podrán alcanzarse sin una situación sólida en recursos organizativos, humanos y financieros de las instituciones que integran el sistema de I+D+i español.

Presupuestos para el año 2014 insuficientes

A pesar de todo, los Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 no sólo no contemplan una inversión suficiente del Estado en I+D, sino que mantienen una distribución en gastos financieros y no financieros totalmente inadecuada, como han demostrado los datos de ejecución en años pasados.

Los grupos políticos firmantes creen que existen medios y fórmulas para actuar de modo diferente. Por ello, recogiendo el sentir ampliamente mayoritario de la comunidad científica y atendiendo a la propuesta del colectivo Carta por la Ciencia, han manifestado su compromiso de apuesta por la Investigación, el Desarrollo y la Innovación.

El pasado mes de septiembre, el Colectivo Carta por la Ciencia acudió al Congreso de los Diputados para hacer llegar a los grupos parlamentarios las condiciones mínimas que estimaba debían incluirse en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2014.

Puntos del acuerdo

1. Planificación plurianual que permita la recuperación, en los tres próximos ejercicios presupuestarios de los niveles de financiación pública de 2009 en I+D+i civil en los capítulos 1 a 7, garantizando una financiación sostenida que represente un porcentaje de los ingresos del Estado similar a la media europea.

2. Eliminación de los actuales límites de la tasa de reposición de empleo público en el sector de I+D, que permita la incorporación de nuevos recursos humanos de acuerdo con las necesidades reales del sistema de I+D+i y a su convergencia con Europa en el número de personal de investigación por habitante.

3. Regularización de todas las actuaciones anuales previstas en los correspondientes Planes Estatales de Investigación tanto en lo relativo a los plazos de sus convocatorias como de su resolución de las mismas en un marco de compromiso plurianual.

4. Creación de la Agencia Estatal de Investigación prevista en la Ley de la Ciencia de 2011, que mediante el contrato programa y los presupuestos plurianuales correspondientes tenga la encomienda de gestión de los Planes Estatales de Investigación, con criterios estrictamente científicos y la autonomía necesaria para ello, con el consiguiente control parlamentario.



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