El dictamen de la Fiscal Mónica Maldonado, recomendando la extradición de Alberto Fujimori, marca un punto de inflexión en la siempre compleja relación chileno-peruana.
Cuando el prófugo ex presidente se nos coló, a fines de 2005, sabía que Ricardo Lagos y Alejandro Toledo se llevaban pésimo. Calculó, entonces, que el segundo no estaba en condiciones de pedir favores a lo compadre. Además, manejaba tres “datos técnicos”: difícilmente los jueces peruanos, con lo despelotados que lucían, armarían un expediente prolijo; difícilmente nuestra Corte Suprema lo extraditaría, pues su jurisprudencia había favorecido hasta a un nazi conspicuo, y difícilmente -en el peor de los casos- acogería las causales más graves, con lo cual un eventual proceso en Lima partiría livianito. Finalmente, él traía tatuado el emplazamiento de la embajada del Japón en Santiago. La variable “fuga al país de los ancestros” siempre ha estado en sus distintos planes B.
Con todo, Fujimori no computó un dato fundamental: desde 1973 y haciendo de la necesidad virtud, los chilenos nos acostumbramos a judicializar cualquier tipo de pleitos políticos. Si éste tenía que ver con el poder soberano del vecino Perú y lo iniciaba el gobierno de ese mismo Estado, pues no había más que hablar. El fallo marcaría el fortalecimiento o debilitamiento del gobernante peruano de turno y el éxito o fracaso del fugitivo impune. Pero, caiga quien cayera, los políticos harían el seguimiento.
Por lo señalado, hoy corresponde prever qué sucederá con la relación bilateral si la Corte Suprema concuerda, con Maldonado, en que los antecedentes son “demoledores”. Al respecto, la historia contemporánea del Perú dice que, con viveza criolla, prolijidad asiática y audacia de tahur, Fujimori violó los derechos humanos, ejerció el terrorismo de Estado y desinstitucionalizó al país, corrompiendo hasta a sus Fuerzas Armadas.
Por eso, analistas connotados califican a su régimen como “mafioso”. Sobre esas bases, un culto amigo limeño me comenta, por mail, que si se confirma el dictamen “la Justicia chilena se habrá anotado un poroto en mi país”. Pero, también advierte que “si el chino se fuga, sería la más grande vergüenza internacional para Chile”.
A contrapelo de ese amigo, la crónica política peruana ratifica que hasta las peores creaturas, comenzando por el bíblico Luzbel, tienen una masa crítica de respaldo. Según encuesta de este mes, de la Universidad de Lima, Fujimori luce el tercer lugar en “simpatía política”, con 11,8 %, a menos de un punto del Presidente Alan García (12,2%).
Ergo, para que la eventual extradición no se convierta en nuestro caballo de Troya para García, éste tendría que tomar a Fujimori por los cuernos, ambientando un gran proceso contra la impunidad de los dictadores. Establecería, así, un noble link con el gobierno de Michel Bachelet y revitalizaría, a nivel global, la causa de los derechos humanos.
Aquí, el ministro Urbano Marín ya comenzó a colaborar, disponiendo el arresto preventivo del procesado. Para seguridad adicional, le sugiero un perro labrador de punto fijo, que lo mantenga bien olfateado.
Publicado en La Tercera el 9.6.07