El pasado 28 de noviembre, el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) realizó el Seminario Internacional "Prensa, litigio y el derecho a la información pública". Su lema no sólo interpelaba a juristas y periodistas. Interesaba a todos quienes tratamos de consolidar la democracia en América Latina, pues a los dictadores les sobra el poder para manipular o enterrar la información pública.
El problema está en que muchos actores de nuestras democracias circulan por las cloacas de la opacidad. Por eso, las categóricas normas sobre acceso a la información suelen engendrar cautelosas normas de excepción. A veces la cautela es tanta, que las excepciones anulan la regla ("hecha la ley, hecha la trampa", dicen los juristas experimentados). Más allá, en materias de política exterior y defensa, las excepciones han hecho olvidar que se trata de políticas públicas.
Así, nuestros gobernantes tienden a convertir a sus cancillerías en el correo taciturno de sus diplomacias personales. En cuanto a Defensa, el ministro Allan Wagner contó, en ese Seminario, que en sus dependencias había información inaccesible para … el propio Wagner. En Chile, la Contraloría General rechazó, en 2004, una resolución que invocaba la reserva para designar al comandante en jefe de la Armada. Como si el máximo cargo de esa fuerza pudiera ser desempeñado por una autoridad secreta.
Los periodistas de raza no juegan el juego de las leyes de acceso. Saben, como dijo Gustavo Mohme Seminario, Presidente del CPP, que son una garantía para los ciudadanos, en general, pero no tanto para los ciudadanos con credencial de periodistas. Con o sin hábeas data, éstos deben buscar la información que la sociedad necesita y que retroalimenta la libertad de todos. Lo insoslayable, para su salud física, es la garantía del marco democrático.
Hoy esto debe ser enfatizado en la región, pues la crisis de las ideologías ya mutó en crisis de las ideas políticas y está desembocando en crisis del Estado Democrático de Derecho. Los síntomas están a la vista: jóvenes marginales a la política, partidos políticos desprestigiados o de contenidos indiferenciables, inseguridad ciudadana incrementada, pragmatismo que arrasa con los principios, proyectos-país sustituidos por la mercadotecnia.
Las encuestas, último refugio de los incrédulos, verifican lo señalado.
Según el informe de noviembre de Latinobarómetro, el apoyo promedio a la democracia cayó de un 58%, en 2006, a un 54%, en 2007. Por cierto, hay países donde su cotización es minoritaria, con cifras rondando el 30%. Una encuesta chilena, casi paralela, muestra cuán vinculado está ese fenómeno con el del acceso a la información. Una evaluación de los partidos políticos, en función de su transparencia informativa, indica que ninguno supera la barrera promedial del 40%.
Sugerentemente, el mismo día del Seminario el diario El Comercio elogió el "histórico fallo" condenatorio para los ministros de Fujimori que avalaron su autogolpe de abril de 1992: "marca un hito significativo en la democracia", señaló en su editorial. Pero, líneas más abajo, el analista Alfredo Torres aludía al "sombrío estado de ánimo de los peruanos", revelado por Latinobarómetro: "El Perú figura en uno de los tres últimos puestos de satisfacción con la democracia".
Ojo, entonces, con sentarnos a discutir si quienes amenazan son galgos o podencos. Debemos defender la democracia, impedir que las excepciones maten la transparencia informativa y seguir corriendo. No vaya a ser que, por comportarnos como las liebres de la fábula, asistamos pronto al espectáculo de Estados Dictatoriales Constitucionalizados, coexistentes con prolijas leyes de libre acceso a la información.
Publicado en La Republica el 18.12.07.