Se ha publicado ya el Informe de la UE, sobre la denominada situación del ESTADO DE DERECHO, con referencia todos y cada uno de los Estados de la Unión Europea. En cuanto al informe sobre el Estado de Derecho en España se puede hacer el siguiente resumen:
Introducción
El ciclo de evaluación del Estado de Derecho de 2025 sitúa a España en una encrucijada compleja y paradójica. Por un lado, el período analizado ha sido testigo de avances significativos y políticamente negociados para desbloquear instituciones clave, notablemente la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras un lustro de parálisis institucional. Este hito, facilitado por la Comisión Europea, representa un paso tangible hacia la normalización. Sin embargo, este progreso coexiste con una intensificación de las debilidades estructurales y una polarización política exacerbada que amenaza con socavar la confianza en esas mismas instituciones que se intentan restaurar.
El informe, basado en el capítulo específico sobre España del Informe sobre el Estado de Derecho 2025 de la Comisión Europea , así como en su comunicación general y en una amplia gama de informes de organismos internacionales como el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), la Comisión de Venecia y Transparencia Internacional, ofrece un análisis exhaustivo de la situación en España.
Se estructura en torno a los cuatro pilares definidos por la Comisión: el sistema judicial, el marco de lucha contra la corrupción, la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación, y otros contrapoderes institucionales.
A lo largo del análisis, emergen temas transversales que definen el panorama actual. En primer lugar, la tensión política persistente que permea el sistema judicial, manifestada no solo en la pugna por el control de los órganos de gobierno de los jueces, sino también en las críticas públicas vertidas desde el poder político que erosionan la legitimidad judicial.
En segundo lugar, las preocupaciones sobre la corrupción se mantienen en niveles elevados, con un marco preventivo que avanza legislativamente pero que adolece de lagunas en su implementación y de una falta de independencia y recursos en sus órganos de supervisión. Finalmente, la libertad de los medios de comunicación se enfrenta a presiones crecientes, no solo por la precariedad económica, sino también por una hostilidad política que se traduce en acoso a periodistas y en un uso cuestionado de la publicidad institucional.
El informe se divide en dos partes. La primera parte detalla en profundidad la situación en España, identificando los problemas detectados y las recomendaciones formuladas. La segunda parte ofrece un estudio comparativo de las tendencias principales en el conjunto de la Unión Europea, contextualizando los desafíos españoles dentro del panorama más amplio del Estado de Derecho en el continente.
Tabla 1: Síntesis de Recomendaciones de la Comisión Europea a España (2025) y Estado de Avance Recomendación de 2024 Evaluación de Avance en 2025 (según la Comisión) Recomendación para 2025 Seguir reforzando el estatuto del fiscal general del Estado, en particular en lo que respecta a la disociación temporal de su mandato con el del Gobierno. Ha seguido avanzando, pero no en lo que respecta a la disociación en el tiempo del mandato. Siga reforzando el estatuto del fiscal general del Estado, pero no en lo que respecta a la disociación en el tiempo del mandato de este con el del Gobierno. Ultimar la renovación del CGPJ e impulsar el proceso de adaptación del procedimiento de nombramiento de sus jueces-miembros. Ha avanzado significativamente en la renovación y en el proceso de adaptación del procedimiento de nombramiento. Impulse el proceso de adaptación del procedimiento de nombramiento de los jueces-miembros del Consejo General del Poder Judicial. Proceder a aprobar la ley sobre la actividad de los grupos de interés, que incluye el establecimiento de un registro público obligatorio. Ha avanzado con la presentación del proyecto de ley a las Cortes. Continúe el procedimiento para la aprobación de la ley sobre la actividad de los grupos de interés. Intensificar los esfuerzos para solucionar los escollos relativos a la duración de las investigaciones y enjuiciamientos de la corrupción de alto nivel. Ha seguido avanzando para solucionar los escollos relativos a la duración, en particular con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Redoble los esfuerzos para solucionar los escollos relativos a la duración de las investigaciones y enjuiciamientos. Robustecer las normas sobre conflictos de intereses y declaraciones de patrimonio de los altos cargos de la Administración. Ha avanzado con el refuerzo de las normas sobre conflictos de intereses y declaraciones de patrimonio. Impulse el expediente legislativo para robustecer las normas sobre conflictos de intereses y declaraciones de patrimonio. Avanzar en la mejora del acceso a la información, en particular mediante la reforma de la Ley sobre secretos oficiales. No ha seguido avanzando. Avance en la mejora del acceso a la información, en particular mediante la reforma de la Ley sobre secretos oficiales.
Parte I: Análisis Exhaustivo del Informe sobre el Estado de Derecho 2025 en España
Sección 1: El Sistema Judicial Español Bajo Escrutinio
El sistema judicial español se encuentra en un estado de transición y tensión. Si bien se ha logrado un avance crucial con la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), persisten profundos desafíos estructurales y políticos que afectan a su independencia, calidad y eficiencia.
1.1 Independencia Judicial: Percepciones, Realidades y Desafíos Políticos
La confianza pública en la independencia del sistema judicial sigue siendo una de las principales vulnerabilidades de España. Los datos del Cuadro de Indicadores de la Justicia en la UE de 2025 revelan que la valoración de la independencia judicial sigue siendo baja entre la ciudadanía, con solo un 39% que la percibe como "bastante buena" o "muy buena". Aunque esta cifra representa un ligero aumento respecto a 2024 (37%), se mantiene en niveles preocupantes. Entre las empresas, la percepción es algo mejor, calificándose como media (40%), pero evidencia igualmente una falta de confianza sólida.
El hito más destacado del período ha sido, sin duda, el acuerdo del 25 de junio de 2024 para renovar el CGPJ, que puso fin a un bloqueo de más de cinco años. Este acuerdo, alcanzado tras un diálogo estructurado facilitado por la Comisión Europea, permitió que los nuevos vocales tomaran posesión en julio de 2024 y que se nombrara a una nueva presidenta del CGPJ y del Tribunal Supremo en septiembre, un nombramiento que recayó por primera vez en una mujer. La Comisión califica este paso como un "avance significativo" que ha permitido al nuevo Consejo proceder con más de 120 nombramientos de altos cargos judiciales, desbloqueando una parálisis que lastraba el funcionamiento del Tribunal Supremo y del sistema en su conjunto.
Sin embargo, este avance es solo parcial. El núcleo de la recomendación europea y de la preocupación de los organismos internacionales no era solo la renovación, sino la reforma del sistema de nombramiento de los doce vocales de procedencia judicial para alinearlo con las normas europeas, que abogan por que sean elegidos por sus pares. El acuerdo de renovación no modificó este sistema, sino que encargó al nuevo CGPJ la elaboración de una propuesta de reforma en un plazo de seis meses. El Consejo cumplió este mandato en febrero de 2025, presentando un informe con varios modelos, con y sin participación parlamentaria, que ha sido remitido a la Comisión de Venecia. A pesar de este paso, el informe de la Comisión subraya que "son necesarias nuevas medidas para concluir el proceso" y recoge el llamamiento de las partes interesadas para "avanzar con rapidez" y disipar las inquietudes sobre el sistema actual.
La situación del Fiscal General del Estado (FGE) es otro foco de intensa controversia. La reforma de agosto de 2024 introdujo mejoras, como la prohibición de nombrar a personas que hayan ocupado cargos políticos en los cinco años anteriores. Un anteproyecto de ley posterior propone avances adicionales, como un mandato de cinco años no renovable y no coincidente con el del Gobierno, y la publicación de las comunicaciones escritas entre el Gobierno y el FGE. No obstante, la reforma ha sido recibida con duras críticas. El propio CGPJ advirtió en su informe que "no se garantiza plenamente la independencia y ni se introducen suficientes mecanismos de contrapeso internos". El Consejo Fiscal también emitió un informe crítico, y diversas asociaciones de fiscales y jueces han alertado de que la reforma "supone un riesgo para la independencia de la justicia", al reforzar las competencias del FGE en detrimento de las prerrogativas de los fiscales de carrera. Esta tensión se ha visto dramatizada por el procesamiento del actual Fiscal General por parte del Tribunal Supremo por una presunta filtración de información, un hecho sin precedentes que subraya la delicada situación de la institución.
Estos problemas no pueden entenderse de forma aislada. La pugna por el sistema de elección del CGPJ, la controvertida reforma del estatuto del Fiscal General y las constantes críticas públicas al poder judicial por parte de miembros del ejecutivo y otros políticos conforman un cuadro de politización sistémica. El informe de la Comisión recoge la "voz de alarma" de las principales asociaciones judiciales ante declaraciones que "socavan gravemente la confianza de los ciudadanos en la justicia". Estas acciones, que a menudo consisten en descalificaciones personales a jueces por decisiones que afectan a intereses políticos, contravienen las normas europeas que, si bien amparan la crítica de las resoluciones judiciales como parte del debate democrático, exigen a los poderes ejecutivo y legislativo abstenerse de críticas que minen la independencia judicial o la confianza pública. Se evidencia así un ciclo pernicioso: la lucha política por influir en la composición de los órganos judiciales genera desconfianza; cuando la judicatura actúa de forma independiente en contra de intereses políticos, es atacada públicamente, lo que erosiona aún más su legitimidad, reflejada en las bajas encuestas de percepción. La incapacidad para pactar un sistema de elección del CGPJ despolitizado es la raíz que alimenta estos síntomas, perpetuando la percepción de que la justicia es un campo de batalla político más.
1.2 Calidad y Recursos de la Justicia: Entre Reformas y Carencias
El sistema judicial español arrastra un déficit estructural de recursos. El número de jueces y magistrados por habitante sigue siendo "uno de los más bajos de la UE", lo que obliga a recurrir a jueces sustitutos y magistrados suplentes para cubrir plazas, una situación que el Gobierno pretende abordar con un proyecto de Ley Orgánica sobre la carrera judicial y fiscal. Esta propuesta, sin embargo, ha generado preocupación en algunas asociaciones por su "posible impacto en la independencia de la justicia".
En el ámbito retributivo, aunque se ha aplicado un incremento progresivo desde julio de 2024, algunas asociaciones de jueces y fiscales "siguen consternadas por el grado de las retribuciones", especialmente en lo que respecta a los mal remunerados turnos de guardia. Este malestar ha sido uno de los motores de las huelgas y protestas convocadas por parte de la carrera judicial y fiscal, que reflejan sus "reservas" ante las reformas propuestas.
En el lado positivo, el informe reconoce avances legislativos importantes, como la aprobación de la Ley Orgánica del Derecho de Defensa, que regula por primera vez de forma autónoma este derecho fundamental y refuerza el marco de la asistencia jurídica gratuita. Este es un hito específico del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España.
La digitalización de la justicia también sigue avanzando, con la consolidación de herramientas informáticas. No obstante, las partes interesadas señalan dos grandes escollos: la necesidad de "seguir mejorando la interoperabilidad" entre los distintos sistemas de gestión procesal de las Comunidades Autónomas y la urgencia de "seguir invirtiendo recursos económicos y humanos" para que la transformación digital sea plenamente efectiva.
1.3 Eficiencia Procesal: La Lucha Crónica contra la Lentitud Judicial
La duración de los procesos judiciales "sigue siendo un problema" grave en España, afectando directamente a la confianza de ciudadanos y empresas en el sistema. Las cifras son elocuentes: el plazo de resolución de asuntos civiles y mercantiles en el Tribunal Supremo se mantiene en una cifra "muy elevada" de 691 días, tanto en 2022 como en 2023. Además, la situación en primera instancia para los asuntos contencioso-administrativos empeoró en 2023, con un plazo de resolución que "aumentó" a 414 días.
Para atajar este problema crónico, se ha aprobado la Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Esta norma, otro hito del Plan de Recuperación, introduce reformas procesales y organizativas, como la especialización de los órganos jurisdiccionales y el impulso de los medios alternativos de solución de controversias, con el objetivo de acelerar la tramitación. Sin embargo, su impacto real sobre la eficiencia del sistema aún está por evaluarse.
1.4 Listado de Problemas Detectados y Recomendaciones para el Sistema Judicial Baja percepción de la independencia judicial por parte de ciudadanos y empresas. Proceso de reforma del sistema de nombramiento del CGPJ inconcluso, persistiendo la preocupación por la influencia política. Críticas generalizadas a la reforma del estatuto del Fiscal General del Estado, con dudas sobre si garantiza su independencia y contrapesos suficientes. Procesamiento penal del Fiscal General del Estado, un hecho que evidencia una crisis institucional sin precedentes. Declaraciones públicas de políticos que critican y desacreditan al poder judicial, minando la confianza pública. Déficit estructural de jueces y magistrados, con una de las ratios más bajas de la UE. Retribuciones insuficientes para jueces y fiscales, especialmente en los servicios de guardia, generando malestar y protestas. Falta de interoperabilidad entre los sistemas de gestión procesal de las distintas administraciones. Lentitud excesiva de los procesos judiciales, especialmente en el Tribunal Supremo y en la jurisdicción contencioso-administrativa.
Sección 2: El Marco de Lucha contra la Corrupción
La lucha contra la corrupción en España presenta un panorama de contrastes, donde los avances en el desarrollo de marcos normativos y la creación de nuevas instituciones chocan con una percepción ciudadana muy negativa y debilidades persistentes en la aplicación efectiva de la ley.
2.1 Percepción y Estrategias: Una Brecha Persistente
La percepción de la corrupción en el sector público español es "relativamente elevada" y se ha deteriorado en los últimos años. El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2024 de Transparencia Internacional otorga a España una puntuación de 56 sobre 100, situándola en el puesto 16 de 27 en la UE y en el 46 a nivel mundial, lo que supone un retroceso de diez puestos en el ranking global. Los datos del Eurobarómetro de 2025 son aún más contundentes y muestran una brecha significativa con la media europea.
Tabla 2: Comparativa de la Percepción de la Corrupción (España vs. Media UE, 2025)
Indicador Porcentaje
España (%) Media UE (%) La corrupción está extendida (ciudadanos) 89 69 La corrupción afecta la vida diaria (ciudadanos) 51 30 La corrupción está extendida (empresas) 87 63 La corrupción es un problema para hacer negocios 53 35
Esta tabla ilustra de forma inequívoca que la percepción del problema en España no es meramente una cuestión general europea, sino un desafío con una intensidad marcadamente superior a la media. La sensación de que la corrupción es un fenómeno generalizado y que impacta directamente en la vida de las personas y en la actividad empresarial es sustancialmente más alta en España.
A esta preocupante percepción se suma una debilidad estratégica fundamental: el informe de la Comisión destaca que "aún no se ha empezado a elaborar la estrategia nacional contra la corrupción" que la ley exigía aprobar para septiembre de 2024. Las partes interesadas advierten que esta ausencia puede "generar fragmentación y dar lugar a que la supervisión de las medidas de lucha contra la corrupción sea insuficiente".
2.2 Integridad Pública y Transparencia: Avances Legislativos y Asignaturas Pendientes
El período analizado ha visto avances en la tramitación de leyes clave para la integridad, pero estos vienen acompañados de importantes salvedades que cuestionan su potencial efectividad. El Proyecto de Ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés, que incluye un registro público obligatorio, ha avanzado en las Cortes. Sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil critican que el texto no contempla sanciones suficientemente estrictas ni una trazabilidad obligatoria de los contactos. Más importante aún, la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI), encargada de gestionar el registro, "sigue integrada en la estructura del Gobierno a efectos organizativos y presupuestarios", "no se han reforzado sus facultades sancionadoras con respecto a la Administración" y "todavía no tendrá acceso directo a los datos tributarios y fiscales".
En paralelo, la reforma para mejorar el régimen de conflictos de intereses de los empleados públicos en general está estancada, y la elaboración de regímenes específicos para la Policía Nacional y la Guardia Civil, prevista para 2023, sigue pendiente.
Un paso positivo ha sido la creación de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, con el nombramiento de su primer presidente en abril de 2025. No obstante, el informe recoge la preocupación de la sociedad civil por el hecho de que su Estatuto "no establezca un proceso abierto y transparente para postularse como presidente", lo que arroja dudas sobre su independencia desde su nacimiento.
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ejemplifica esta dinámica de avances limitados. Si bien ha mejorado su eficiencia gracias a nuevas herramientas informáticas, "carece de mecanismos para garantizar el cumplimiento de sus recomendaciones vinculantes" y su presupuesto y personal siguen congelados. Es un órgano que funciona mejor, pero sin el poder necesario para hacer cumplir la ley de transparencia de manera coercitiva.
Estos ejemplos revelan un patrón recurrente en el marco anticorrupción español: una brecha de implementación. Se aprueban leyes y se crean organismos, a menudo en respuesta a directivas europeas o recomendaciones internacionales. Sin embargo, en la práctica, estos instrumentos se ven debilitados por una falta de recursos adecuados, una independencia insuficiente respecto al poder político o poderes de ejecución limitados. La voluntad política parece alcanzar para crear la fachada institucional, pero flaquea a la hora de dotar a estos organismos de la capacidad real para fiscalizar de manera efectiva a la propia clase política y administrativa. Este fenómeno sugiere una resistencia sistémica a una supervisión verdaderamente independiente.
2.3 Eficacia de la Represión: El Desafío de los Delitos de Alto Nivel
La eficacia del sistema para investigar y sancionar la corrupción, especialmente en sus formas más graves, sigue siendo un punto débil. En el ámbito del cohecho internacional, el informe es tajante: "el porcentaje de asuntos que acaba en sentencia condenatoria sigue siendo bajo" (solo dos desde 2016), con muchas investigaciones archivadas, y la OCDE sigue reclamando reformas para aclarar la responsabilidad de las personas jurídicas y ampliar los plazos de prescripción.
En cuanto a la corrupción de alto nivel a nivel nacional, se han asignado más recursos a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y se avanza en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Sin embargo, las partes interesadas alertan sobre el riesgo de duplicidad de funciones entre las nuevas fiscalías especializadas y la ya existente, y reclaman que la reforma procesal establezca plazos de prescripción adecuados para los casos más complejos. El informe menciona explícitamente la investigación a un exministro por posible corrupción relacionada con la pandemia como ejemplo de los casos de alto perfil que el sistema debe gestionar.
La contratación pública, la financiación de partidos y los grandes proyectos de infraestructura se identifican como sectores de "riesgo elevado de corrupción". Un alarmante 40% de las empresas españolas (frente al 25% de media en la UE) cree que la corrupción les ha impedido ganar un contrato público. Además, la financiación de partidos políticos sigue siendo un área de riesgo donde "no se han tomado medidas para reformar la legislación electoral y aplicar las recomendaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas".
2.4 Listado de Problemas Detectados y Recomendaciones para el Marco Anticorrupción Elevada percepción de la corrupción, muy por encima de la media de la UE. Inexistencia de una estrategia nacional contra la corrupción unificada y obligatoria por ley. Bajo índice de condenas por cohecho internacional y lagunas en el marco normativo. Duración excesiva de las investigaciones por corrupción de alto nivel y dudas sobre la adecuación de los plazos de prescripción. Falta de independencia y poderes sancionadores efectivos de la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI). Estancamiento de la reforma sobre conflictos de intereses para los empleados públicos. Falta de un proceso de nombramiento transparente para la presidencia de la Autoridad de Protección del Informante. Incapacidad del Consejo de Transparencia para hacer cumplir sus propias resoluciones vinculantes y falta de recursos. Debilidades en la regulación del lobbying, con peticiones de sanciones más estrictas y mayor trazabilidad. Alto riesgo de corrupción en la contratación pública y falta de reformas en la financiación de partidos políticos.
Sección 3: Libertad y Pluralismo de los Medios de Comunicación
El ecosistema mediático español se caracteriza por una creciente tensión entre, por un lado, un marco legal que se adapta a las nuevas normativas europeas y, por otro, presiones políticas y económicas que amenazan la independencia editorial y la seguridad de los periodistas.
3.1 Gobernanza e Independencia: El Caso de RTVE y la Transparencia Mediática
La reforma de la Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE) se ha convertido en un punto central de controversia. El Gobierno modificó la ley mediante un Real Decreto-ley para cambiar la composición de su Consejo de Administración y reducir la mayoría necesaria para su elección en las Cortes, argumentando la necesidad de superar el bloqueo parlamentario. Sin embargo, esta medida ha sido duramente criticada. Las partes interesadas, incluidos los Consejos de Informativos de RNE y TVE, han advertido que rebajar el requisito de mayoría cualificada "podría minar la independencia del organismo público de radiodifusión" y facilitar que el nombramiento de sus miembros se vea "afectado por intereses políticos". El hecho de que algunos de los nuevos consejeros nombrados bajo este sistema estén vinculados a partidos políticos se cita como una prueba que valida estas preocupaciones. Además, persisten las inquietudes sobre la "falta de independencia y el uso de los medios de comunicación públicos autonómicos con fines políticos".
Otro gran desafío es la transparencia de la titularidad de los medios. Para los medios no audiovisuales, esta transparencia "sigue siendo motivo de preocupación". El Media Pluralism Monitor califica este riesgo como "muy elevado (85%)". La solución prevista es la creación de un registro público de medios de comunicación dependiente de la CNMC, contemplada en el Anteproyecto de Ley para la mejora de la gobernanza democrática, pero su creación está supeditada a la aprobación de dicha ley.
En este contexto, se produce una notable contradicción. Mientras el informe de la Comisión Europea detalla una letanía de problemas, la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2025 de Reporteros Sin Fronteras (RSF) sitúa a España en su mejor posición histórica (puesto 23). Este aparente desfase puede explicarse. La mejora en el ranking de RSF se debe en parte a una menor tensión y menos agresiones físicas en manifestaciones en comparación con 2023, un año electoralmente muy intenso. Sin embargo, esta mejora coyuntural en un indicador específico enmascara las amenazas más estructurales y corrosivas que sí recoge el informe de la Comisión y denuncian las asociaciones de prensa nacionales: la precariedad laboral, la instrumentalización política de los medios públicos, la opacidad en la propiedad y en la publicidad institucional, y un clima de hostilidad verbal creciente desde el poder político. La "experiencia vivida" por los periodistas en España parece deteriorarse en términos de independencia y seguridad económica y política, aunque la clasificación global muestre una mejora relativa.
3.2 Sostenibilidad y Equidad: Publicidad Institucional y Acceso a la Información
El marco jurídico que regula la publicidad institucional "se mantiene inalterado", a pesar de que el gasto ha aumentado significativamente. El informe señala que la falta de información sobre los beneficiarios finales "dificulta la evaluación de la repercusión" de esta publicidad en el mercado mediático. Las partes interesadas van más allá y critican abiertamente el uso de estos fondos públicos para "acaparar los medios de comunicación", reclamando mayor transparencia y criterios equitativos en su asignación. La reforma de la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional, que podría abordar estos problemas, sigue pendiente.
En cuanto al acceso a la información, el informe de la Comisión es categórico: "No se ha seguido avanzando en la aplicación de la recomendación". El marco jurídico no se ha modificado y la prometida reforma de la Ley sobre secretos oficiales, que data de 1968, sigue sin materializarse. A nivel práctico, se denuncia la creciente costumbre de instituciones y partidos de ofrecer "ruedas de prensa sin preguntas" o de excluir a determinados medios, lo que constituye una barrera fáctica al derecho a la información.
3.3 La Seguridad de los Periodistas: Un Entorno Bajo Creciente Presión
Los periodistas en España "siguen enfrentándose a cada vez más dificultades en relación con las condiciones laborales y su seguridad". El informe documenta un entorno de creciente hostilidad con datos concretos: seis nuevas alertas activadas en la Plataforma del Consejo de Europa para la seguridad de los periodistas y 37 en la plataforma Media Freedom Rapid Response desde el último informe. Estas alertas se refieren a "atentados a la seguridad e integridad físicas, el acoso y la intimidación".
Se citan casos específicos de alto perfil, como el amparo concedido por asociaciones profesionales a periodistas que fueron objeto de "hostigamiento en línea por un miembro del Gobierno". También se denuncia el abuso de la acreditación de prensa en las Cortes por parte de activistas políticos para "impedir el trabajo de otros periodistas". Un hecho especialmente grave fue la citación como investigados de cuatro periodistas por un juzgado de Madrid por una posible revelación de secretos, una decisión que fue ampliamente criticada por la profesión y la sociedad civil como un ataque al derecho a informar y a la protección de las fuentes. Aunque hay propuestas legislativas en curso, como la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana o una futura ley de secreto profesional, la realidad sobre el terreno muestra un deterioro de las condiciones para el ejercicio libre del periodismo.
3.4 Listado de Problemas Detectados y Recomendaciones para los Medios Riesgo de politización de RTVE por la reforma que rebaja las mayorías para elegir a su Consejo de Administración. Preocupación por la falta de independencia y el uso político de los medios públicos autonómicos. Falta de transparencia en la propiedad de los medios de comunicación no audiovisuales, calificada como un riesgo "muy elevado". Marco de publicidad institucional opaco e inalterado, con un aumento del gasto y críticas sobre su uso para influir en la línea editorial. Nulo avance en la mejora del acceso a la información y en la reforma de la Ley de secretos oficiales. Prácticas que limitan el escrutinio periodístico, como las ruedas de prensa sin preguntas. Aumento de las dificultades y amenazas a la seguridad de los periodistas, incluyendo acoso en línea por parte de políticos. Presiones judiciales sobre periodistas, como la investigación por revelación de secretos, que amenazan la protección de las fuentes.
Sección 4: Sistema de Contrapoderes Institucionales
El sistema de controles y equilibrios en España se ha visto sometido a una tensión extraordinaria, marcada por iniciativas legislativas de gran calado y controversia, como la Ley de Amnistía, y por propuestas de reforma que afectan a mecanismos fundamentales de rendición de cuentas.
4.1 Controles y Equilibrios Constitucionales: La Ley de Amnistía y la Acción Popular
La "Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña" ha sido, sin duda, la pieza legislativa más controvertida del período. El informe de la Comisión constata su entrada en vigor en junio de 2024, su posterior declaración de compatibilidad con la Constitución por parte del Tribunal Constitucional español, y la remisión de cuatro peticiones de decisión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por parte de diversos órganos judiciales.
El análisis integra las conclusiones del dictamen de la Comisión de Venecia, un órgano consultivo del Consejo de Europa. Este dictamen, aunque no vinculante, es una referencia clave. La Comisión de Venecia, si bien consideró que las amnistías son compatibles con el Estado de Derecho como instrumento de reconciliación, criticó el procedimiento de tramitación acelerado utilizado en España, recomendando para este tipo de leyes una mayoría parlamentaria cualificada, superior a la absoluta. Subrayó la necesidad de que el ámbito material y temporal de la amnistía estuviera definido de manera precisa para garantizar la seguridad jurídica y la igualdad ante la ley. Crucialmente, concluyó que la ley no vulneraba la separación de poderes, siempre y cuando la decisión final sobre la aplicación de la amnistía a casos individuales recayera en los jueces, y no en el poder político.
Otro foco de preocupación es el Anteproyecto de Ley Orgánica que propone modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para "acotar el ejercicio de la acción popular". La acción popular es una figura constitucional que permite a cualquier ciudadano o entidad, sin ser directamente perjudicado, ejercer la acción penal en determinados delitos, y ha sido un instrumento clave en la persecución de casos de corrupción política. El Gobierno justifica la reforma por la necesidad de evitar abusos, pero diversas partes interesadas, incluyendo asociaciones judiciales y plataformas cívicas, la han criticado duramente, considerando que las limitaciones propuestas son "excesivas y socavan en la práctica el valor de este mecanismo". Las propuestas más polémicas incluyen la prohibición de su ejercicio por parte de partidos políticos y la terminación con efectos retroactivos de los procesos ya en curso que no se ajusten a la nueva regulación.
Estas iniciativas legislativas revelan una tendencia preocupante. Cuando los mecanismos de control existentes —ya sea la acción judicial contra líderes políticos, la acción popular para destapar la corrupción, la libertad de prensa para publicar filtraciones o el derecho de manifestación para expresar el descontento— son utilizados de manera efectiva para fiscalizar al poder, parece surgir un impulso legislativo reactivo para restringir o limitar el alcance de esos mismos mecanismos. No se trata de hechos aislados, sino que pueden interpretarse como un patrón de "contrarreformas legales" o "legislación defensiva" que, bajo justificaciones de evitar abusos o mejorar la convivencia, corre el riesgo de debilitar los contrapoderes esenciales en una democracia liberal.
4.2 El Espacio de la Sociedad Civil y la Ejecución de Sentencias Internacionales
El espacio para la actuación de la sociedad civil en España "se sigue considerando que es aún reducido", según la clasificación del monitor CIVICUS. La principal fuente de preocupación legislativa en este ámbito sigue siendo la Ley de Seguridad Ciudadana. Aunque en octubre de 2024 se presentó una proposición de ley para reformarla y dar respuesta a las críticas sobre su impacto en los derechos de reunión y libertad de expresión, su tramitación sigue pendiente en las Cortes.
Un indicador claro de las deficiencias del Estado de Derecho es el cumplimiento de las sentencias de tribunales internacionales. A 1 de enero de 2025, España tenía pendientes de cumplimiento 23 sentencias principales del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), el mismo número que el año anterior. Más preocupante es la tendencia: el porcentaje de sentencias dictadas en la última década que siguen pendientes ha aumentado al 52% (desde el 49% en 2024), y el tiempo medio de espera para su cumplimiento también ha crecido a tres años y tres meses. El informe destaca el caso más antiguo, una sentencia de 2014 sobre la "falta de un recurso suspensivo efectivo contra las resoluciones de expulsión de solicitantes de asilo", que sigue sin cumplirse una década después, evidenciando un problema sistémico.
4.3 Listado de Problemas Detectados y Recomendaciones sobre Contrapoderes Alta controversia en torno a la Ley de Amnistía, con críticas al procedimiento de aprobación y cuestiones prejudiciales pendientes ante el TJUE. Propuesta de reforma para limitar la acción popular, vista por muchos como un intento de reducir un mecanismo clave de rendición de cuentas. Espacio cívico calificado como "reducido", con una reforma pendiente de la Ley de Seguridad Ciudadana que genera preocupación. Incumplimiento persistente y creciente de las sentencias del TEDH, con un aumento en el número y en el tiempo medio de los retrasos. Baja confianza de las empresas en la protección de las inversiones, citando la dificultad para obtener indemnizaciones y los frecuentes cambios normativos.
El ciclo de evaluación del Estado de Derecho de 2025 sitúa a España en una encrucijada compleja y paradójica. Por un lado, el período analizado ha sido testigo de avances significativos y políticamente negociados para desbloquear instituciones clave, notablemente la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras un lustro de parálisis institucional. Este hito, facilitado por la Comisión Europea, representa un paso tangible hacia la normalización. Sin embargo, este progreso coexiste con una intensificación de las debilidades estructurales y una polarización política exacerbada que amenaza con socavar la confianza en esas mismas instituciones que se intentan restaurar.
El informe, basado en el capítulo específico sobre España del Informe sobre el Estado de Derecho 2025 de la Comisión Europea , así como en su comunicación general y en una amplia gama de informes de organismos internacionales como el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), la Comisión de Venecia y Transparencia Internacional, ofrece un análisis exhaustivo de la situación en España.
Se estructura en torno a los cuatro pilares definidos por la Comisión: el sistema judicial, el marco de lucha contra la corrupción, la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación, y otros contrapoderes institucionales.
A lo largo del análisis, emergen temas transversales que definen el panorama actual. En primer lugar, la tensión política persistente que permea el sistema judicial, manifestada no solo en la pugna por el control de los órganos de gobierno de los jueces, sino también en las críticas públicas vertidas desde el poder político que erosionan la legitimidad judicial.
En segundo lugar, las preocupaciones sobre la corrupción se mantienen en niveles elevados, con un marco preventivo que avanza legislativamente pero que adolece de lagunas en su implementación y de una falta de independencia y recursos en sus órganos de supervisión. Finalmente, la libertad de los medios de comunicación se enfrenta a presiones crecientes, no solo por la precariedad económica, sino también por una hostilidad política que se traduce en acoso a periodistas y en un uso cuestionado de la publicidad institucional.
El informe se divide en dos partes. La primera parte detalla en profundidad la situación en España, identificando los problemas detectados y las recomendaciones formuladas. La segunda parte ofrece un estudio comparativo de las tendencias principales en el conjunto de la Unión Europea, contextualizando los desafíos españoles dentro del panorama más amplio del Estado de Derecho en el continente.
Tabla 1: Síntesis de Recomendaciones de la Comisión Europea a España (2025) y Estado de Avance Recomendación de 2024 Evaluación de Avance en 2025 (según la Comisión) Recomendación para 2025 Seguir reforzando el estatuto del fiscal general del Estado, en particular en lo que respecta a la disociación temporal de su mandato con el del Gobierno. Ha seguido avanzando, pero no en lo que respecta a la disociación en el tiempo del mandato. Siga reforzando el estatuto del fiscal general del Estado, pero no en lo que respecta a la disociación en el tiempo del mandato de este con el del Gobierno. Ultimar la renovación del CGPJ e impulsar el proceso de adaptación del procedimiento de nombramiento de sus jueces-miembros. Ha avanzado significativamente en la renovación y en el proceso de adaptación del procedimiento de nombramiento. Impulse el proceso de adaptación del procedimiento de nombramiento de los jueces-miembros del Consejo General del Poder Judicial. Proceder a aprobar la ley sobre la actividad de los grupos de interés, que incluye el establecimiento de un registro público obligatorio. Ha avanzado con la presentación del proyecto de ley a las Cortes. Continúe el procedimiento para la aprobación de la ley sobre la actividad de los grupos de interés. Intensificar los esfuerzos para solucionar los escollos relativos a la duración de las investigaciones y enjuiciamientos de la corrupción de alto nivel. Ha seguido avanzando para solucionar los escollos relativos a la duración, en particular con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Redoble los esfuerzos para solucionar los escollos relativos a la duración de las investigaciones y enjuiciamientos. Robustecer las normas sobre conflictos de intereses y declaraciones de patrimonio de los altos cargos de la Administración. Ha avanzado con el refuerzo de las normas sobre conflictos de intereses y declaraciones de patrimonio. Impulse el expediente legislativo para robustecer las normas sobre conflictos de intereses y declaraciones de patrimonio. Avanzar en la mejora del acceso a la información, en particular mediante la reforma de la Ley sobre secretos oficiales. No ha seguido avanzando. Avance en la mejora del acceso a la información, en particular mediante la reforma de la Ley sobre secretos oficiales.
Parte I: Análisis Exhaustivo del Informe sobre el Estado de Derecho 2025 en España
Sección 1: El Sistema Judicial Español Bajo Escrutinio
El sistema judicial español se encuentra en un estado de transición y tensión. Si bien se ha logrado un avance crucial con la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), persisten profundos desafíos estructurales y políticos que afectan a su independencia, calidad y eficiencia.
1.1 Independencia Judicial: Percepciones, Realidades y Desafíos Políticos
La confianza pública en la independencia del sistema judicial sigue siendo una de las principales vulnerabilidades de España. Los datos del Cuadro de Indicadores de la Justicia en la UE de 2025 revelan que la valoración de la independencia judicial sigue siendo baja entre la ciudadanía, con solo un 39% que la percibe como "bastante buena" o "muy buena". Aunque esta cifra representa un ligero aumento respecto a 2024 (37%), se mantiene en niveles preocupantes. Entre las empresas, la percepción es algo mejor, calificándose como media (40%), pero evidencia igualmente una falta de confianza sólida.
El hito más destacado del período ha sido, sin duda, el acuerdo del 25 de junio de 2024 para renovar el CGPJ, que puso fin a un bloqueo de más de cinco años. Este acuerdo, alcanzado tras un diálogo estructurado facilitado por la Comisión Europea, permitió que los nuevos vocales tomaran posesión en julio de 2024 y que se nombrara a una nueva presidenta del CGPJ y del Tribunal Supremo en septiembre, un nombramiento que recayó por primera vez en una mujer. La Comisión califica este paso como un "avance significativo" que ha permitido al nuevo Consejo proceder con más de 120 nombramientos de altos cargos judiciales, desbloqueando una parálisis que lastraba el funcionamiento del Tribunal Supremo y del sistema en su conjunto.
Sin embargo, este avance es solo parcial. El núcleo de la recomendación europea y de la preocupación de los organismos internacionales no era solo la renovación, sino la reforma del sistema de nombramiento de los doce vocales de procedencia judicial para alinearlo con las normas europeas, que abogan por que sean elegidos por sus pares. El acuerdo de renovación no modificó este sistema, sino que encargó al nuevo CGPJ la elaboración de una propuesta de reforma en un plazo de seis meses. El Consejo cumplió este mandato en febrero de 2025, presentando un informe con varios modelos, con y sin participación parlamentaria, que ha sido remitido a la Comisión de Venecia. A pesar de este paso, el informe de la Comisión subraya que "son necesarias nuevas medidas para concluir el proceso" y recoge el llamamiento de las partes interesadas para "avanzar con rapidez" y disipar las inquietudes sobre el sistema actual.
La situación del Fiscal General del Estado (FGE) es otro foco de intensa controversia. La reforma de agosto de 2024 introdujo mejoras, como la prohibición de nombrar a personas que hayan ocupado cargos políticos en los cinco años anteriores. Un anteproyecto de ley posterior propone avances adicionales, como un mandato de cinco años no renovable y no coincidente con el del Gobierno, y la publicación de las comunicaciones escritas entre el Gobierno y el FGE. No obstante, la reforma ha sido recibida con duras críticas. El propio CGPJ advirtió en su informe que "no se garantiza plenamente la independencia y ni se introducen suficientes mecanismos de contrapeso internos". El Consejo Fiscal también emitió un informe crítico, y diversas asociaciones de fiscales y jueces han alertado de que la reforma "supone un riesgo para la independencia de la justicia", al reforzar las competencias del FGE en detrimento de las prerrogativas de los fiscales de carrera. Esta tensión se ha visto dramatizada por el procesamiento del actual Fiscal General por parte del Tribunal Supremo por una presunta filtración de información, un hecho sin precedentes que subraya la delicada situación de la institución.
Estos problemas no pueden entenderse de forma aislada. La pugna por el sistema de elección del CGPJ, la controvertida reforma del estatuto del Fiscal General y las constantes críticas públicas al poder judicial por parte de miembros del ejecutivo y otros políticos conforman un cuadro de politización sistémica. El informe de la Comisión recoge la "voz de alarma" de las principales asociaciones judiciales ante declaraciones que "socavan gravemente la confianza de los ciudadanos en la justicia". Estas acciones, que a menudo consisten en descalificaciones personales a jueces por decisiones que afectan a intereses políticos, contravienen las normas europeas que, si bien amparan la crítica de las resoluciones judiciales como parte del debate democrático, exigen a los poderes ejecutivo y legislativo abstenerse de críticas que minen la independencia judicial o la confianza pública. Se evidencia así un ciclo pernicioso: la lucha política por influir en la composición de los órganos judiciales genera desconfianza; cuando la judicatura actúa de forma independiente en contra de intereses políticos, es atacada públicamente, lo que erosiona aún más su legitimidad, reflejada en las bajas encuestas de percepción. La incapacidad para pactar un sistema de elección del CGPJ despolitizado es la raíz que alimenta estos síntomas, perpetuando la percepción de que la justicia es un campo de batalla político más.
1.2 Calidad y Recursos de la Justicia: Entre Reformas y Carencias
El sistema judicial español arrastra un déficit estructural de recursos. El número de jueces y magistrados por habitante sigue siendo "uno de los más bajos de la UE", lo que obliga a recurrir a jueces sustitutos y magistrados suplentes para cubrir plazas, una situación que el Gobierno pretende abordar con un proyecto de Ley Orgánica sobre la carrera judicial y fiscal. Esta propuesta, sin embargo, ha generado preocupación en algunas asociaciones por su "posible impacto en la independencia de la justicia".
En el ámbito retributivo, aunque se ha aplicado un incremento progresivo desde julio de 2024, algunas asociaciones de jueces y fiscales "siguen consternadas por el grado de las retribuciones", especialmente en lo que respecta a los mal remunerados turnos de guardia. Este malestar ha sido uno de los motores de las huelgas y protestas convocadas por parte de la carrera judicial y fiscal, que reflejan sus "reservas" ante las reformas propuestas.
En el lado positivo, el informe reconoce avances legislativos importantes, como la aprobación de la Ley Orgánica del Derecho de Defensa, que regula por primera vez de forma autónoma este derecho fundamental y refuerza el marco de la asistencia jurídica gratuita. Este es un hito específico del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España.
La digitalización de la justicia también sigue avanzando, con la consolidación de herramientas informáticas. No obstante, las partes interesadas señalan dos grandes escollos: la necesidad de "seguir mejorando la interoperabilidad" entre los distintos sistemas de gestión procesal de las Comunidades Autónomas y la urgencia de "seguir invirtiendo recursos económicos y humanos" para que la transformación digital sea plenamente efectiva.
1.3 Eficiencia Procesal: La Lucha Crónica contra la Lentitud Judicial
La duración de los procesos judiciales "sigue siendo un problema" grave en España, afectando directamente a la confianza de ciudadanos y empresas en el sistema. Las cifras son elocuentes: el plazo de resolución de asuntos civiles y mercantiles en el Tribunal Supremo se mantiene en una cifra "muy elevada" de 691 días, tanto en 2022 como en 2023. Además, la situación en primera instancia para los asuntos contencioso-administrativos empeoró en 2023, con un plazo de resolución que "aumentó" a 414 días.
Para atajar este problema crónico, se ha aprobado la Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Esta norma, otro hito del Plan de Recuperación, introduce reformas procesales y organizativas, como la especialización de los órganos jurisdiccionales y el impulso de los medios alternativos de solución de controversias, con el objetivo de acelerar la tramitación. Sin embargo, su impacto real sobre la eficiencia del sistema aún está por evaluarse.
1.4 Listado de Problemas Detectados y Recomendaciones para el Sistema Judicial Baja percepción de la independencia judicial por parte de ciudadanos y empresas. Proceso de reforma del sistema de nombramiento del CGPJ inconcluso, persistiendo la preocupación por la influencia política. Críticas generalizadas a la reforma del estatuto del Fiscal General del Estado, con dudas sobre si garantiza su independencia y contrapesos suficientes. Procesamiento penal del Fiscal General del Estado, un hecho que evidencia una crisis institucional sin precedentes. Declaraciones públicas de políticos que critican y desacreditan al poder judicial, minando la confianza pública. Déficit estructural de jueces y magistrados, con una de las ratios más bajas de la UE. Retribuciones insuficientes para jueces y fiscales, especialmente en los servicios de guardia, generando malestar y protestas. Falta de interoperabilidad entre los sistemas de gestión procesal de las distintas administraciones. Lentitud excesiva de los procesos judiciales, especialmente en el Tribunal Supremo y en la jurisdicción contencioso-administrativa.
Sección 2: El Marco de Lucha contra la Corrupción
La lucha contra la corrupción en España presenta un panorama de contrastes, donde los avances en el desarrollo de marcos normativos y la creación de nuevas instituciones chocan con una percepción ciudadana muy negativa y debilidades persistentes en la aplicación efectiva de la ley.
2.1 Percepción y Estrategias: Una Brecha Persistente
La percepción de la corrupción en el sector público español es "relativamente elevada" y se ha deteriorado en los últimos años. El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2024 de Transparencia Internacional otorga a España una puntuación de 56 sobre 100, situándola en el puesto 16 de 27 en la UE y en el 46 a nivel mundial, lo que supone un retroceso de diez puestos en el ranking global. Los datos del Eurobarómetro de 2025 son aún más contundentes y muestran una brecha significativa con la media europea.
Tabla 2: Comparativa de la Percepción de la Corrupción (España vs. Media UE, 2025)
Indicador Porcentaje
España (%) Media UE (%) La corrupción está extendida (ciudadanos) 89 69 La corrupción afecta la vida diaria (ciudadanos) 51 30 La corrupción está extendida (empresas) 87 63 La corrupción es un problema para hacer negocios 53 35
Esta tabla ilustra de forma inequívoca que la percepción del problema en España no es meramente una cuestión general europea, sino un desafío con una intensidad marcadamente superior a la media. La sensación de que la corrupción es un fenómeno generalizado y que impacta directamente en la vida de las personas y en la actividad empresarial es sustancialmente más alta en España.
A esta preocupante percepción se suma una debilidad estratégica fundamental: el informe de la Comisión destaca que "aún no se ha empezado a elaborar la estrategia nacional contra la corrupción" que la ley exigía aprobar para septiembre de 2024. Las partes interesadas advierten que esta ausencia puede "generar fragmentación y dar lugar a que la supervisión de las medidas de lucha contra la corrupción sea insuficiente".
2.2 Integridad Pública y Transparencia: Avances Legislativos y Asignaturas Pendientes
El período analizado ha visto avances en la tramitación de leyes clave para la integridad, pero estos vienen acompañados de importantes salvedades que cuestionan su potencial efectividad. El Proyecto de Ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés, que incluye un registro público obligatorio, ha avanzado en las Cortes. Sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil critican que el texto no contempla sanciones suficientemente estrictas ni una trazabilidad obligatoria de los contactos. Más importante aún, la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI), encargada de gestionar el registro, "sigue integrada en la estructura del Gobierno a efectos organizativos y presupuestarios", "no se han reforzado sus facultades sancionadoras con respecto a la Administración" y "todavía no tendrá acceso directo a los datos tributarios y fiscales".
En paralelo, la reforma para mejorar el régimen de conflictos de intereses de los empleados públicos en general está estancada, y la elaboración de regímenes específicos para la Policía Nacional y la Guardia Civil, prevista para 2023, sigue pendiente.
Un paso positivo ha sido la creación de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, con el nombramiento de su primer presidente en abril de 2025. No obstante, el informe recoge la preocupación de la sociedad civil por el hecho de que su Estatuto "no establezca un proceso abierto y transparente para postularse como presidente", lo que arroja dudas sobre su independencia desde su nacimiento.
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ejemplifica esta dinámica de avances limitados. Si bien ha mejorado su eficiencia gracias a nuevas herramientas informáticas, "carece de mecanismos para garantizar el cumplimiento de sus recomendaciones vinculantes" y su presupuesto y personal siguen congelados. Es un órgano que funciona mejor, pero sin el poder necesario para hacer cumplir la ley de transparencia de manera coercitiva.
Estos ejemplos revelan un patrón recurrente en el marco anticorrupción español: una brecha de implementación. Se aprueban leyes y se crean organismos, a menudo en respuesta a directivas europeas o recomendaciones internacionales. Sin embargo, en la práctica, estos instrumentos se ven debilitados por una falta de recursos adecuados, una independencia insuficiente respecto al poder político o poderes de ejecución limitados. La voluntad política parece alcanzar para crear la fachada institucional, pero flaquea a la hora de dotar a estos organismos de la capacidad real para fiscalizar de manera efectiva a la propia clase política y administrativa. Este fenómeno sugiere una resistencia sistémica a una supervisión verdaderamente independiente.
2.3 Eficacia de la Represión: El Desafío de los Delitos de Alto Nivel
La eficacia del sistema para investigar y sancionar la corrupción, especialmente en sus formas más graves, sigue siendo un punto débil. En el ámbito del cohecho internacional, el informe es tajante: "el porcentaje de asuntos que acaba en sentencia condenatoria sigue siendo bajo" (solo dos desde 2016), con muchas investigaciones archivadas, y la OCDE sigue reclamando reformas para aclarar la responsabilidad de las personas jurídicas y ampliar los plazos de prescripción.
En cuanto a la corrupción de alto nivel a nivel nacional, se han asignado más recursos a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y se avanza en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Sin embargo, las partes interesadas alertan sobre el riesgo de duplicidad de funciones entre las nuevas fiscalías especializadas y la ya existente, y reclaman que la reforma procesal establezca plazos de prescripción adecuados para los casos más complejos. El informe menciona explícitamente la investigación a un exministro por posible corrupción relacionada con la pandemia como ejemplo de los casos de alto perfil que el sistema debe gestionar.
La contratación pública, la financiación de partidos y los grandes proyectos de infraestructura se identifican como sectores de "riesgo elevado de corrupción". Un alarmante 40% de las empresas españolas (frente al 25% de media en la UE) cree que la corrupción les ha impedido ganar un contrato público. Además, la financiación de partidos políticos sigue siendo un área de riesgo donde "no se han tomado medidas para reformar la legislación electoral y aplicar las recomendaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas".
2.4 Listado de Problemas Detectados y Recomendaciones para el Marco Anticorrupción Elevada percepción de la corrupción, muy por encima de la media de la UE. Inexistencia de una estrategia nacional contra la corrupción unificada y obligatoria por ley. Bajo índice de condenas por cohecho internacional y lagunas en el marco normativo. Duración excesiva de las investigaciones por corrupción de alto nivel y dudas sobre la adecuación de los plazos de prescripción. Falta de independencia y poderes sancionadores efectivos de la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI). Estancamiento de la reforma sobre conflictos de intereses para los empleados públicos. Falta de un proceso de nombramiento transparente para la presidencia de la Autoridad de Protección del Informante. Incapacidad del Consejo de Transparencia para hacer cumplir sus propias resoluciones vinculantes y falta de recursos. Debilidades en la regulación del lobbying, con peticiones de sanciones más estrictas y mayor trazabilidad. Alto riesgo de corrupción en la contratación pública y falta de reformas en la financiación de partidos políticos.
Sección 3: Libertad y Pluralismo de los Medios de Comunicación
El ecosistema mediático español se caracteriza por una creciente tensión entre, por un lado, un marco legal que se adapta a las nuevas normativas europeas y, por otro, presiones políticas y económicas que amenazan la independencia editorial y la seguridad de los periodistas.
3.1 Gobernanza e Independencia: El Caso de RTVE y la Transparencia Mediática
La reforma de la Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE) se ha convertido en un punto central de controversia. El Gobierno modificó la ley mediante un Real Decreto-ley para cambiar la composición de su Consejo de Administración y reducir la mayoría necesaria para su elección en las Cortes, argumentando la necesidad de superar el bloqueo parlamentario. Sin embargo, esta medida ha sido duramente criticada. Las partes interesadas, incluidos los Consejos de Informativos de RNE y TVE, han advertido que rebajar el requisito de mayoría cualificada "podría minar la independencia del organismo público de radiodifusión" y facilitar que el nombramiento de sus miembros se vea "afectado por intereses políticos". El hecho de que algunos de los nuevos consejeros nombrados bajo este sistema estén vinculados a partidos políticos se cita como una prueba que valida estas preocupaciones. Además, persisten las inquietudes sobre la "falta de independencia y el uso de los medios de comunicación públicos autonómicos con fines políticos".
Otro gran desafío es la transparencia de la titularidad de los medios. Para los medios no audiovisuales, esta transparencia "sigue siendo motivo de preocupación". El Media Pluralism Monitor califica este riesgo como "muy elevado (85%)". La solución prevista es la creación de un registro público de medios de comunicación dependiente de la CNMC, contemplada en el Anteproyecto de Ley para la mejora de la gobernanza democrática, pero su creación está supeditada a la aprobación de dicha ley.
En este contexto, se produce una notable contradicción. Mientras el informe de la Comisión Europea detalla una letanía de problemas, la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2025 de Reporteros Sin Fronteras (RSF) sitúa a España en su mejor posición histórica (puesto 23). Este aparente desfase puede explicarse. La mejora en el ranking de RSF se debe en parte a una menor tensión y menos agresiones físicas en manifestaciones en comparación con 2023, un año electoralmente muy intenso. Sin embargo, esta mejora coyuntural en un indicador específico enmascara las amenazas más estructurales y corrosivas que sí recoge el informe de la Comisión y denuncian las asociaciones de prensa nacionales: la precariedad laboral, la instrumentalización política de los medios públicos, la opacidad en la propiedad y en la publicidad institucional, y un clima de hostilidad verbal creciente desde el poder político. La "experiencia vivida" por los periodistas en España parece deteriorarse en términos de independencia y seguridad económica y política, aunque la clasificación global muestre una mejora relativa.
3.2 Sostenibilidad y Equidad: Publicidad Institucional y Acceso a la Información
El marco jurídico que regula la publicidad institucional "se mantiene inalterado", a pesar de que el gasto ha aumentado significativamente. El informe señala que la falta de información sobre los beneficiarios finales "dificulta la evaluación de la repercusión" de esta publicidad en el mercado mediático. Las partes interesadas van más allá y critican abiertamente el uso de estos fondos públicos para "acaparar los medios de comunicación", reclamando mayor transparencia y criterios equitativos en su asignación. La reforma de la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional, que podría abordar estos problemas, sigue pendiente.
En cuanto al acceso a la información, el informe de la Comisión es categórico: "No se ha seguido avanzando en la aplicación de la recomendación". El marco jurídico no se ha modificado y la prometida reforma de la Ley sobre secretos oficiales, que data de 1968, sigue sin materializarse. A nivel práctico, se denuncia la creciente costumbre de instituciones y partidos de ofrecer "ruedas de prensa sin preguntas" o de excluir a determinados medios, lo que constituye una barrera fáctica al derecho a la información.
3.3 La Seguridad de los Periodistas: Un Entorno Bajo Creciente Presión
Los periodistas en España "siguen enfrentándose a cada vez más dificultades en relación con las condiciones laborales y su seguridad". El informe documenta un entorno de creciente hostilidad con datos concretos: seis nuevas alertas activadas en la Plataforma del Consejo de Europa para la seguridad de los periodistas y 37 en la plataforma Media Freedom Rapid Response desde el último informe. Estas alertas se refieren a "atentados a la seguridad e integridad físicas, el acoso y la intimidación".
Se citan casos específicos de alto perfil, como el amparo concedido por asociaciones profesionales a periodistas que fueron objeto de "hostigamiento en línea por un miembro del Gobierno". También se denuncia el abuso de la acreditación de prensa en las Cortes por parte de activistas políticos para "impedir el trabajo de otros periodistas". Un hecho especialmente grave fue la citación como investigados de cuatro periodistas por un juzgado de Madrid por una posible revelación de secretos, una decisión que fue ampliamente criticada por la profesión y la sociedad civil como un ataque al derecho a informar y a la protección de las fuentes. Aunque hay propuestas legislativas en curso, como la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana o una futura ley de secreto profesional, la realidad sobre el terreno muestra un deterioro de las condiciones para el ejercicio libre del periodismo.
3.4 Listado de Problemas Detectados y Recomendaciones para los Medios Riesgo de politización de RTVE por la reforma que rebaja las mayorías para elegir a su Consejo de Administración. Preocupación por la falta de independencia y el uso político de los medios públicos autonómicos. Falta de transparencia en la propiedad de los medios de comunicación no audiovisuales, calificada como un riesgo "muy elevado". Marco de publicidad institucional opaco e inalterado, con un aumento del gasto y críticas sobre su uso para influir en la línea editorial. Nulo avance en la mejora del acceso a la información y en la reforma de la Ley de secretos oficiales. Prácticas que limitan el escrutinio periodístico, como las ruedas de prensa sin preguntas. Aumento de las dificultades y amenazas a la seguridad de los periodistas, incluyendo acoso en línea por parte de políticos. Presiones judiciales sobre periodistas, como la investigación por revelación de secretos, que amenazan la protección de las fuentes.
Sección 4: Sistema de Contrapoderes Institucionales
El sistema de controles y equilibrios en España se ha visto sometido a una tensión extraordinaria, marcada por iniciativas legislativas de gran calado y controversia, como la Ley de Amnistía, y por propuestas de reforma que afectan a mecanismos fundamentales de rendición de cuentas.
4.1 Controles y Equilibrios Constitucionales: La Ley de Amnistía y la Acción Popular
La "Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña" ha sido, sin duda, la pieza legislativa más controvertida del período. El informe de la Comisión constata su entrada en vigor en junio de 2024, su posterior declaración de compatibilidad con la Constitución por parte del Tribunal Constitucional español, y la remisión de cuatro peticiones de decisión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por parte de diversos órganos judiciales.
El análisis integra las conclusiones del dictamen de la Comisión de Venecia, un órgano consultivo del Consejo de Europa. Este dictamen, aunque no vinculante, es una referencia clave. La Comisión de Venecia, si bien consideró que las amnistías son compatibles con el Estado de Derecho como instrumento de reconciliación, criticó el procedimiento de tramitación acelerado utilizado en España, recomendando para este tipo de leyes una mayoría parlamentaria cualificada, superior a la absoluta. Subrayó la necesidad de que el ámbito material y temporal de la amnistía estuviera definido de manera precisa para garantizar la seguridad jurídica y la igualdad ante la ley. Crucialmente, concluyó que la ley no vulneraba la separación de poderes, siempre y cuando la decisión final sobre la aplicación de la amnistía a casos individuales recayera en los jueces, y no en el poder político.
Otro foco de preocupación es el Anteproyecto de Ley Orgánica que propone modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para "acotar el ejercicio de la acción popular". La acción popular es una figura constitucional que permite a cualquier ciudadano o entidad, sin ser directamente perjudicado, ejercer la acción penal en determinados delitos, y ha sido un instrumento clave en la persecución de casos de corrupción política. El Gobierno justifica la reforma por la necesidad de evitar abusos, pero diversas partes interesadas, incluyendo asociaciones judiciales y plataformas cívicas, la han criticado duramente, considerando que las limitaciones propuestas son "excesivas y socavan en la práctica el valor de este mecanismo". Las propuestas más polémicas incluyen la prohibición de su ejercicio por parte de partidos políticos y la terminación con efectos retroactivos de los procesos ya en curso que no se ajusten a la nueva regulación.
Estas iniciativas legislativas revelan una tendencia preocupante. Cuando los mecanismos de control existentes —ya sea la acción judicial contra líderes políticos, la acción popular para destapar la corrupción, la libertad de prensa para publicar filtraciones o el derecho de manifestación para expresar el descontento— son utilizados de manera efectiva para fiscalizar al poder, parece surgir un impulso legislativo reactivo para restringir o limitar el alcance de esos mismos mecanismos. No se trata de hechos aislados, sino que pueden interpretarse como un patrón de "contrarreformas legales" o "legislación defensiva" que, bajo justificaciones de evitar abusos o mejorar la convivencia, corre el riesgo de debilitar los contrapoderes esenciales en una democracia liberal.
4.2 El Espacio de la Sociedad Civil y la Ejecución de Sentencias Internacionales
El espacio para la actuación de la sociedad civil en España "se sigue considerando que es aún reducido", según la clasificación del monitor CIVICUS. La principal fuente de preocupación legislativa en este ámbito sigue siendo la Ley de Seguridad Ciudadana. Aunque en octubre de 2024 se presentó una proposición de ley para reformarla y dar respuesta a las críticas sobre su impacto en los derechos de reunión y libertad de expresión, su tramitación sigue pendiente en las Cortes.
Un indicador claro de las deficiencias del Estado de Derecho es el cumplimiento de las sentencias de tribunales internacionales. A 1 de enero de 2025, España tenía pendientes de cumplimiento 23 sentencias principales del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), el mismo número que el año anterior. Más preocupante es la tendencia: el porcentaje de sentencias dictadas en la última década que siguen pendientes ha aumentado al 52% (desde el 49% en 2024), y el tiempo medio de espera para su cumplimiento también ha crecido a tres años y tres meses. El informe destaca el caso más antiguo, una sentencia de 2014 sobre la "falta de un recurso suspensivo efectivo contra las resoluciones de expulsión de solicitantes de asilo", que sigue sin cumplirse una década después, evidenciando un problema sistémico.
4.3 Listado de Problemas Detectados y Recomendaciones sobre Contrapoderes Alta controversia en torno a la Ley de Amnistía, con críticas al procedimiento de aprobación y cuestiones prejudiciales pendientes ante el TJUE. Propuesta de reforma para limitar la acción popular, vista por muchos como un intento de reducir un mecanismo clave de rendición de cuentas. Espacio cívico calificado como "reducido", con una reforma pendiente de la Ley de Seguridad Ciudadana que genera preocupación. Incumplimiento persistente y creciente de las sentencias del TEDH, con un aumento en el número y en el tiempo medio de los retrasos. Baja confianza de las empresas en la protección de las inversiones, citando la dificultad para obtener indemnizaciones y los frecuentes cambios normativos.