El ciudadano de la calle ha empezado a escuchar, pero no a entender, que países soberanos como Grecia, Portugal e Irlanda están en suspensión de pagos y necesitan unos “rescates” millonarios para intentar salir de la situación. Lógicamente, los ajustes que exigen esos “rescates” se traducen en subidas de impuestos, despidos de funcionarios, y duros recortes sociales –menos dinero para educación, salud, pensiones, cobertura de paro, etc.- Todo ello supone un coste humano muy fuerte para la mayor parte de la población: más paro, menos renta y menos capacidad de consumo.

Ante esta situación que no solamente afecta a los tres países señalados, sino que en mayor o menor medida esas políticas de ajuste se aplican en toda la Unión Europea, el ciudadano se pregunta con insistencia: ¿por qué estamos así? ¿tanto poder tienen esos mercados?

Respecto a la primera pregunta, caben al menos dos respuestas que vienen a explicar el enorme déficit público en el que han incurrido los países europeos (y también EE.UU.).

En primer lugar, es cierto que los gobiernos han gastado con excesiva alegría, y en algunos casos se ha derrochado dinero público en conceptos sin justificación, de escasa eficiencia, cuando no con fuertes dosis de fraude y corrupción.

En segundo lugar, no es menos cierto que los gobiernos han tenido que dedicar muchos millones de euros (o dólares) a sanear las entidades financieras que entraron en graves dificultades cuando estalló la crisis financiera en el verano de 2007. Las entidades financieras, a pesar de ser empresas privadas, no son empresas como las demás. Cuando una empresa, grande o pequeña, quiebra es, sin duda, un gran problema, pero ese gran problema, se limita a los acreedores, a los proveedores y muy especialmente a los empleados que quedan en el paro. Indudablemente se produce un coste humano muy importante. Pero cuando una entidad financiera tiene dificultades, no se le puede dejar caer, pues al ser el soporte de la política monetaria y sobre todo, al afectar a la confianza de todo el sistema, sus efectos irían mucho más allá de sus límites empresariales. De ahí que esté plenamente justificado el uso de recursos públicos en los casos de crisis bancaria. Otra cosa es bajo qué condiciones se procede a la intervención del banco central. Obviamente, para financiar esas enormes sumas de recursos, los estados han tenido que salir a los mercados internacionales para canalizar los fondos hacia los bancos y cajas de ahorro en dificultades.

De lo anterior se puede vislumbrar la contestación a la segunda pregunta: los estados nacionales han pedido mucho dinero a los mercados financieros internacionales y poco a poco han situado a éstos en una posición de preponderancia respecto a ellos mismos. Eso es cierto, pero no es menos cierto que los agentes financieros (fondos de inversión, fondos de pensiones, bancos, hedge funds, etc.) que actúan en esos mercados internacionales son los mismos que provocaron la enorme burbuja que, a su vez, propició las crisis que ahora estamos padeciendo.

Esos agentes, que en su día prestaron con excesiva alegría, y crearon las hipotecas basuras y otros activos tóxicos, son los mismos que ahora exigen a los estados la puntual devolución de los fondos prestados y aplican elevados tipos de interés y altas primas de riesgo cuando aprecian que el estado, es decir la sociedad, está en dificultades.

Cuando el estallido de la crisis obligó a reunirse al G-20 con el propósito de reformar los mercados financieros ( e incluso, según afirmó el presidente Sarkozy, para reformar el propio sistema capitalista), parecía que se iba a atajar de raíz el problema. A muchos se nos despertó la esperanza de que de una vez por todas, se cambiara el sistema, se regularizasen los mercados financieros, se acabara de verdad con los paraísos fiscales, se controlara a las agencias de rating, se aplicasen tasas impositivas a los enormes beneficios obtenidos en los mercados especulativos, se pusiese límites a la burbuja financiera internacional…Pero desgraciadamente, tres años después apenas se ha hecho nada en esas cumbres del G-20 y los agentes financieros que actúan en los mercados no solamente controlan las finanzas internacionales sin límite alguno, sino que, por primera vez en la historia, están adquiriendo más poder que los propios estados democráticos y soberanos. Y todo ello con unos costes sociales que la economía oficial ni los considera ni siquiera se los plantea. Esa es la triste realidad de nuestros días.