Tendencias Científicas
Las compañías discográficas americanas se lanzaron el pasado año a una dura campaña de persecución de la "piratería" de música y esta estrategia amenaza con extenderse este año a Europa y otros países. Las productoras de Hollywood están siguiendo el mismo camino y los gobiernos, muy presionados por las grandes empresas, están endureciendo las leyes sobre copyright y derechos de autor. ¿Cuál es su efecto sobre estas industrias? ¿Estamos en el buen camino?
The Economy of Ideas es el título de un largo artículo publicado en la revista "Wired" hace diez años, firmado por una mente preclara, John Perry Barlow. En él abordaba el problema crucial de la propiedad digitalizada y auguraba que los departamentos jurídicos de las empresas audiovisuales intentarían "proteger con la fuerza lo que ya no se puede proteger mediante la eficiencia práctica o el consentimiento social general". Adelantaba que este camino desemboca fatalmente en un pantano judicial que hundiría a las grandes instituciones adversas al riesgo "en el pozo de brea de la guerra de tribunales". Pero también advertía, prudentemente, que la solución no está en "bailar sobre la tumba del copyright y la patente".
Una década más tarde, ya podemos empezar a sacar a la luz los primeros resultados de esta guerra. Tras centenares de denuncias y procesos, muchos de ellos contra preadolescentes, multas y sanciones, los resultados hasta ahora, a pesar de muchas informaciones sesgadas por las majors, son elocuentes: Perry Barlow tenía razón.
En el pasado año 2003 se han intercambiado ilegalmente más de 150.000 millones de ficheros musicales en Internet. Mientras tanto, se han vendido a través de todos los soportes físicos existentes (CD, DVD, etc.) 50.000 millones de canciones y solamente se han telecargado con su correspondiente pago 16 millones de títulos, según Idate. Abogados, ¿dónde está vuestra victoria?
Otras formas de pago
En Francia, ante la caída dramática en la facturación de las discográficas (-15% el pasado año), las casas han anunciado toda una serie de medidas legales, con lo que el tabú de la represión se ha levantado al fin. Pero un grupo de expertos ha concluido que, "a medida que aumenta el ancho de banda y se desarrollan tecnologías P2P más eficaces, se hace más débil la esperanza de que el pago triunfe".
En EEUU, incluso, un reciente reportaje de "The Wall Street Journal" advertía que, tras los procesos, la piratería musical había caído un poco durante seis meses, pero que había vuelto a crecer en octubre y noviembre pasado. Allí está empezando todo un debate nacional sobre la noción misma de derechos de autor, mientras alienta un movimiento de artistas y creadores contra los grandes grupos audiovisuales, a los que acusan de enriquecerse a costa de empobrecer la cultura y dificultar la innovación. Ha nacido un lobby en Washington, denominado Public Knowledge, para crear conciencia contra unas prácticas que consideran una restricción del dominio público.
El gran argumento de los defensores del "establecimiento" radica en la pregunta: ¿cómo pagaremos a los creadores y a los artistas? Pues es sencillo: no se trata de no pagarles, sino de pagarles de otra manera, que puede y debe ser más justa e incluso más generosa, pues actualmente los intermediarios se llevan en EEUU hasta el 94% del precio final de una obra musical.
Esto es lo que intentan iniciativas de gran interés, como la de Weed, una pequeña empresa de Seattle, que deja probar gratis hasta tres veces sus canciones, cobra por la cuarta (un dólar) y recompensa con un porcentaje a los que compartan sus canciones compradas y logren de esta manera otras compras. O Loca Records, en Gran Bretaña, con su licencia Creative Commons, un catálogo que permite libre intercambio e incluso manipular y retocar las canciones, al igual que Magnatune, de California. O el colectivo Wu Ming, que ha demostrado que, en edición de libros, la telecarga gratuita no significa en absoluto pérdidas de venta. Antes al contrario.
Miguel Ormaetxea es director de la revista mensual Dinero. Artículo publicado en la edición de marzo de la mencionada revista. Se reproduce con autorización del autor.
The Economy of Ideas es el título de un largo artículo publicado en la revista "Wired" hace diez años, firmado por una mente preclara, John Perry Barlow. En él abordaba el problema crucial de la propiedad digitalizada y auguraba que los departamentos jurídicos de las empresas audiovisuales intentarían "proteger con la fuerza lo que ya no se puede proteger mediante la eficiencia práctica o el consentimiento social general". Adelantaba que este camino desemboca fatalmente en un pantano judicial que hundiría a las grandes instituciones adversas al riesgo "en el pozo de brea de la guerra de tribunales". Pero también advertía, prudentemente, que la solución no está en "bailar sobre la tumba del copyright y la patente".
Una década más tarde, ya podemos empezar a sacar a la luz los primeros resultados de esta guerra. Tras centenares de denuncias y procesos, muchos de ellos contra preadolescentes, multas y sanciones, los resultados hasta ahora, a pesar de muchas informaciones sesgadas por las majors, son elocuentes: Perry Barlow tenía razón.
En el pasado año 2003 se han intercambiado ilegalmente más de 150.000 millones de ficheros musicales en Internet. Mientras tanto, se han vendido a través de todos los soportes físicos existentes (CD, DVD, etc.) 50.000 millones de canciones y solamente se han telecargado con su correspondiente pago 16 millones de títulos, según Idate. Abogados, ¿dónde está vuestra victoria?
Otras formas de pago
En Francia, ante la caída dramática en la facturación de las discográficas (-15% el pasado año), las casas han anunciado toda una serie de medidas legales, con lo que el tabú de la represión se ha levantado al fin. Pero un grupo de expertos ha concluido que, "a medida que aumenta el ancho de banda y se desarrollan tecnologías P2P más eficaces, se hace más débil la esperanza de que el pago triunfe".
En EEUU, incluso, un reciente reportaje de "The Wall Street Journal" advertía que, tras los procesos, la piratería musical había caído un poco durante seis meses, pero que había vuelto a crecer en octubre y noviembre pasado. Allí está empezando todo un debate nacional sobre la noción misma de derechos de autor, mientras alienta un movimiento de artistas y creadores contra los grandes grupos audiovisuales, a los que acusan de enriquecerse a costa de empobrecer la cultura y dificultar la innovación. Ha nacido un lobby en Washington, denominado Public Knowledge, para crear conciencia contra unas prácticas que consideran una restricción del dominio público.
El gran argumento de los defensores del "establecimiento" radica en la pregunta: ¿cómo pagaremos a los creadores y a los artistas? Pues es sencillo: no se trata de no pagarles, sino de pagarles de otra manera, que puede y debe ser más justa e incluso más generosa, pues actualmente los intermediarios se llevan en EEUU hasta el 94% del precio final de una obra musical.
Esto es lo que intentan iniciativas de gran interés, como la de Weed, una pequeña empresa de Seattle, que deja probar gratis hasta tres veces sus canciones, cobra por la cuarta (un dólar) y recompensa con un porcentaje a los que compartan sus canciones compradas y logren de esta manera otras compras. O Loca Records, en Gran Bretaña, con su licencia Creative Commons, un catálogo que permite libre intercambio e incluso manipular y retocar las canciones, al igual que Magnatune, de California. O el colectivo Wu Ming, que ha demostrado que, en edición de libros, la telecarga gratuita no significa en absoluto pérdidas de venta. Antes al contrario.
Miguel Ormaetxea es director de la revista mensual Dinero. Artículo publicado en la edición de marzo de la mencionada revista. Se reproduce con autorización del autor.
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