Muchas y muy altas son las pasiones levantadas con motivo de las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela a propósito del auto de un juez de la Audiencia Nacional en el que hablaba de indicios de colaboración entre ETA y las FARC bajo el manto protector de las autoridades venezolanas. ¿De verdad merecen esas declaraciones llevarse las manos a la cabeza? ¡Pero si este hombre no hace otra cosa que transcribir en el colorido lenguaje que hace las delicias de un sector de nuestros jueces y fiscales lo que se puede leer cada mañana en la prensa española!

Por ejemplo, se abre el periódico y bien destacadas aparecen las declaraciones de un distinguido miembro de la carrera fiscal que durante años ha estado al frente de la Fiscalía Anticorrupción. ¿Qué leemos? Pues que en España existe “una alianza objetiva de los tribunales y de los corruptos”. Cuando una institución de un Estado de derecho, pongamos, el gobierno, los tribunales, la policía, sella una “alianza objetiva” con gentes corruptas estamos literalmente ante una mafia, que en la segunda acepción del Diccionario de la Real Academia Española no es otra cosa que una organización clandestina de criminales.

Esto de la alianza objetiva de tribunales y corruptos no se le ha ocurrido a Perico el de los palotes: su copyright es propiedad nada menos que de Carlos Jiménez Villarejo, que tal vez no es un aliado objetivo del mencionado ministro pero que, con sus declaraciones sobre la alianza objetiva, le ha proporcionado una oportunidad de oro para acusar a los jueces españoles de mafiosos. A lo mejor lo son, pero si lo son, y el ex fiscal anticorrupción lo sabe, estaría obligado a presentar ante los tribunales la correspondiente denuncia de los miembros de tan impía alianza en lugar de limitarse a una acusación genérica que, por no venir acompañada de nombres ni de hechos, se reduce a pura demagogia, exactamente lo mismo que ocurre con las palabras del ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela.