Para que pueda suceder, tiene que haber una complicidad, no basta con solo “el alcalde” o “el concejal” o “el arquitecto”. Así, hemos visto en varios ejemplos (Marbella, Mallorca etc) juzgados a numerosos implicados municipales, tanto técnicos como políticos.
La gracia de la corruptela se basa en la recalificación de unos terrenos presuntamente yermos (rústicos). Se pre-supone que al poder ser edificados, habrá unas ganancias muy grandes para el promotor de la operación, y que dicho promotor las reparte previamente a los políticos, o a los técnicos, o a todos. Es lo que se llama “soborno” o “cohecho”.
Pero no es tan fácil, por grande que sea la tentación.
¿Por qué? Porque para cada tema urbanístico municipal son necesarios tantos informes, tantas firmas; el asunto pasa por tantas manos, que pueden estar untados algunos, pero… ¿todos? Resulta difícil de creer. Por mi experiencia personal, puedo afirmar que no todos los políticos son corruptos; es más, rara vez se atreven a firmar algo con algún informe técnico en contra. Por hacer una breve ennumeración, demasiado simplista para no aburrir, cualquier asunto de complejidad mínima municipal requiere antes de la firma del Alcalde:
- Informe del técnico (normalmente arquitecto), que se refiere a parámetros numéricos.
- Informe del Secretario, que abarca aspectos legales de tramitación administrativa.
- Informe del Interventor, que analiza la viabilidad económica.

Los políticos pueden presionar a los técnicos, de hecho no es infrecuente que lo hagan, pero no siempre con intenciones lucrativas. A veces lo hacen con timidez y por la ilusión de ver florecer algún atisbo de trabajo y vida otra vez en su pueblo o ciudad (me estoy refiriendo a municipios en vías de extinción, en las zonas más deprimidas de la geografía española, que son los que mejor conozco).

No obstante, y esto si es generalizable, para que exista soborno, así como para que se ejerza la presión, tiene que haber al menos dos partes: la que ofrece y la que acepta. Ninguna es inocente.