Las gigantes cibernéticas de EEUU niegan que colaboren con el espionaje

Según estos rotativos, la Agencia Nacional de Seguridad de EEUU (NSA) y la FBI recaban datos directamente de los servidores de Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, PalTalk, AOL, Skype, YouTube y Apple.

Los diarios divulgaron estas informaciones horas después de que The Guardian destapara en exclusiva que la NSA recoge todos los días registros de llamadas de millones de clientes de la operadora de telefonía Verizon, en virtud de una orden judicial secreta.

Los diarios precisan que el programa de los servicios de espionaje dirigido a las empresas de Internet, “PRISM”, ha contado con la colaboración deMicrosoft desde sus inicios, en 2007, mientras que Apple se negó a participar durante los primeros cinco años, hasta 2012, cuando empezó a colaborar.

Apple lo niega

Sin embargo, un portavoz de Apple, Steve Dowling, dijo al Washington Post: “nunca hemos oído hablar de PRISM; no aportamos, a ninguna agencia del gobierno, el acceso directo a nuestros servidores y cualquier departamento del gobierno que nos pide datos de nuestros clientes tiene que presentar una orden judicial”.

En el mismo sentido se expresó un directivo de Facebook, Joe Sullivan: “Cuando se le pide a Facebook datos o información sobre individuos determinados, examinamos tal solicitud detenidamente para asegurar que concuerde con las leyes y entonces aportamos información solo en la medida que la ley nos lo exija”.

The Washington Post indica que la red social Twitter, a diferencia de las otras nueve empresas, sigue rechazando la cooperación con la NSA y la FBI.

Una práctica autorizada por ley

El Director Nacional de Inteligencia de EEUU, James Clapper, reconoció que los servicios de espionaje acceden a los datos de las gigantes del ciberespacio, pero insistió en que esta práctica está autorizada por una ley de 2007.

En un comunicado difundido anoche, Clapper defendió la práctica de vigilar los archivos telefónicos y otros datos de empresas cibernéticas como parte de los esfuerzos por resguardar la seguridad nacional y explicó las salvaguardas para recabar esos datos.

Clapper explicó que una cláusula de la ley de 2007 conocida por su sigla en inglés FISA facilita el acceso a información de extranjeros fuera de Estados Unidos y que sólo un determinado número de personal, con capacitación especial, puede acceder a esos archivos.

Los datos pasan por EEUU

Datos enviados por Internet frecuentemente pasan por EEUU incluso cuando ese país no es ni el origen ni el destino de la transmisión.

“La información de inteligencia exterior recabada bajo este programa es una de las más importantes y más valiosas que recopilamos, y se utiliza para proteger a nuestra nación de una amplia variedad de amenazas”, dijo Clapper.

Para comenzar, según Clapper, la sección 702 de la ley FISA “no puede utilizarse para escudriñar intencionalmente a ningún ciudadano estadounidense, ninguna otra persona en EEUU, o a cualquiera dentro de Estados Unidos”.

Las actividades dentro de ese programa secreto, agregó Clapper, están sujetas a la supervisión de una corte especial creada dentro de FISA, del Ejecutivo y el Congreso de Estados Unidos.

Eso reduce “la adquisición, retención y diseminación” de información obtenida sobre personas en EEUU, según el director Nacional de Inteligencia.

Ley antiterrorista

La ley antiterrorista de 2001, conocida como Ley Patriota y promulgada un mes después de los atentados del 11-S, obliga a las empresas a entregar a las autoridades archivos y demás información que pueda servir en una investigación relacionada con la seguridad nacional.

El tribunal de FISA, subrayó, revisa el programa secreto cada 90 días y el Departamento de Justicia también supervisa “rigurosamente” el manejo de los datos recibidos.

No obstante las explicaciones del Gobierno, grupos pro-defensa de los derechos civiles han acusado al Gobierno del presidente de EEUU, Barack Obama, de llevar a cabo espionaje contra los ciudadanos.

Administración Obama

En las últimas semanas la Administración Obama se ha enfrentado a otros casos de escuchas telefónicas a la agencia AP y a un periodista de Fox News, lo que ha avivado el debate sobre las violaciones de los derechos civiles por parte del Gobierno. EFE

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