A continuación, hacemos un análisis de este anteproyecto de Ley que se
compone de cinco capítulos que regulan desde definiciones y planificación hasta
supervisión y sanciones, con medidas como planes de resiliencia, notificación de
incidentes y certificación, así como implementar protocolos y medidas
preventivas para garantizar la seguridad y continuidad del funcionamiento.
También se definen las Instituciones responsables a nivel
nacional, así como mecanismos de colaboración entre Comunidades Autónomas,
gobiernos y entidades críticas. Asimismo, el proyecto de ley promueve la
colaboración entre entidades públicas y privadas, reconociendo que la protección
de infraestructuras críticas requiere un esfuerzo conjunto y coordinado y la
participación activa de ambas partes.
El gobierno español ha aprobado en el Consejo de Ministros del día 27 de mayo
de 2025 el Anteproyecto Protección y Resiliencia de Entidades Críticas, que
traspone la Directiva CER (2022/2557), acordando la tramitación urgente del
anteproyecto para reducir a la mitad los plazos para informes ministeriales y de
organismos consultivos.
Una vez aprobado de manera definitiva se derogará parcialmente la Ley 8/2011
y el Real Decreto 704/201.
La Constitución Española reconoce los derechos fundamentales y libertades
públicas, que los poderes públicos deben garantizar. En el desarrollo de las
medidas de protección que resulten adecuadas para garantizar estos derechos, se
encuentran aquellas que permitan el funcionamiento efectivo de las entidades
críticas, de forma que puedan prestar adecuadamente los servicios esenciales que
demanda la ciudadanía.
No obstante, la evaluación realizada en 2019 de la Directiva 2008/114/CE del
Consejo, de 8 de diciembre de 2008, puso de manifiesto que, debido al carácter
cada vez más interconectado y transfronterizo de las operaciones que utilizan
infraestructuras críticas, las medidas de protección relativas únicamente a
activos individuales no bastan para evitar que se produzcan perturbaciones.
Por tanto, resultaba necesario modificar el enfoque para garantizar que se
tuvieran mejor en cuenta los riesgos, se mejorase la definición y la coherencia
de las funciones y las obligaciones de las entidades críticas que presten
servicios esenciales para el funcionamiento del mercado interior de la Unión
Europea, y se adaptasen sus normas a fin de aumentar la resiliencia de las
entidades críticas de forma que éstas pudieran reforzar su capacidad de
prevención, protección, respuesta, resistencia, mitigación, absorción,
adaptación y recuperación ante incidentes que afecten a la prestación de
servicios esenciales.
Con ese objetivo se aprobó la Directiva (UE) 2022/2557 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 14 de diciembre de 2022, relativa a la resiliencia de las
entidades críticas y por la que se deroga la Directiva 2008/114/CE del Consejo,
de 8 de diciembre de 2008, que, con efectos de 18 de octubre de 2024, es
aplicable dentro del ámbito de la Unión.

La resiliencia, entendida como la capacidad de las entidades para la
prevención, la protección, la respuesta, la resistencia, la mitigación, la
absorción, la adaptación y la recuperación de sus funciones en casos de
incidente, resulta una cualidad para cuya consecución es necesario, en primer
lugar, contar con una Estrategia Nacional en la que se establezcan los objetivos
para la mejora de la resiliencia de las entidades críticas, así como la adopción
de un enfoque basado en el riesgo, que se centre en las entidades más
pertinentes para el desempeño de funciones sociales o actividades económicas
vitales, cuyos resultados hagan posible tanto la identificación de las entidades
que deban ser consideradas críticas, como el impulso de las actuaciones
orientadas a la implementación de las medidas adecuadas para ayudar a éstas a
alcanzar sus objetivos de resiliencia frente a los riesgos pertinentes.
Esta ley consta de cuarenta y un artículos, estructurados en cinco capítulos,
así como de ocho disposiciones adicionales, una transitoria, una derogatoria y
siete finales.
Claves y síntesis del anteproyecto de Ley de Protección y Resiliencia de Entidades Críticas