Tendencias Científicas
Pilar Garrido Gutiérrez, profesora de Derecho Constitucional y Derecho Autonómico en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la UPV/EHU. Imagen: Andoni Canellada / Argazki Press. Fuente: UPV/EHU.
La profesora de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), Pilar Garrido, ha analizado en su tesis el derecho a la vivienda y las condiciones materiales del mercado inmobiliario español.
La investigadora se muestra muy crítica con el desarrollo normativo del mercado inmobiliario español. “En España el derecho a la vivienda ha quedado subordinado a la concepción de la vivienda como un bien económico, porque hay una tradición de actuación de mercado especulativo”, ha explicado a Basqueresearch.
“No se ha conformado entendiendo la vivienda como un bien que es objeto de un derecho social, y que hay que proteger en cuanto derecho social”. Estas son algunas de las conclusiones que Garrido aporta en su tesis doctoral, titulada “El derecho a la vivienda: entre Constitución y mercado”.
Profesora de Derecho Constitucional y Derecho Autonómico en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la UPV/EHU, la tesis de Pilar Garrido analiza tanto el significado del derecho constitucional a la vivienda, como su evolución y desarrollo normativo en España, haciendo especial hincapié en el examen de las condiciones materiales del mercado inmobiliario español, que describe como “contrarias al
ejercicio del derecho a la vivienda”.
Características del mercado inmobiliario español
El análisis parte de la complejidad de materialización del derecho a la vivienda, causada, entre otras razones, por la relación de la vivienda con el mercado.
“Para que los ciudadanos puedan acceder a una vivienda, los poderes públicos deben realizar determinadas actuaciones que significan intervenir sobre dos bienes que son privados: por un lado el suelo, y por otro lado la vivienda, mercados a su vez complejos. Al final, todo ello hace que choque con unos de los grandes derechos, que es el derecho de propiedad”, comenta.
Sin embargo, no cree que el derecho a la propiedad sea incompatible con una visión social del derecho a la vivienda, e insta a los poderes públicos a intervenir y reformar el mercado inmobiliario.
Del análisis del mercado inmobiliario español, Garrido destaca tres características: la falta de un servicio público de vivienda (muy por detrás de la media europea), la falta de control en la financiación del mercado de vivienda, y la composición de la tenencia de vivienda. En España, el 90 % del parque de vivienda lo constituye la vivienda en propiedad.
Subraya que estas características no son parte de la idiosincrasia española. “En los años 1950-60, en España, el 50 % del parque era en alquiler. Es decir, han sido los poderes públicos los que han decidido de una manera consciente empujar a los ciudadanos a ser propietarios y convertir el mercado residencial en un mercado de propietarios, y esto se ha materializado través de actuaciones normativas concretas”, basadas, según Garrido, en “la gran mentira de que la vivienda nunca iba a bajar de precio”. “Todo cuadraba muy bien”, añade, “hasta que estalló la burbuja”.
La investigadora se muestra muy crítica con el desarrollo normativo del mercado inmobiliario español. “En España el derecho a la vivienda ha quedado subordinado a la concepción de la vivienda como un bien económico, porque hay una tradición de actuación de mercado especulativo”, ha explicado a Basqueresearch.
“No se ha conformado entendiendo la vivienda como un bien que es objeto de un derecho social, y que hay que proteger en cuanto derecho social”. Estas son algunas de las conclusiones que Garrido aporta en su tesis doctoral, titulada “El derecho a la vivienda: entre Constitución y mercado”.
Profesora de Derecho Constitucional y Derecho Autonómico en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la UPV/EHU, la tesis de Pilar Garrido analiza tanto el significado del derecho constitucional a la vivienda, como su evolución y desarrollo normativo en España, haciendo especial hincapié en el examen de las condiciones materiales del mercado inmobiliario español, que describe como “contrarias al
ejercicio del derecho a la vivienda”.
Características del mercado inmobiliario español
El análisis parte de la complejidad de materialización del derecho a la vivienda, causada, entre otras razones, por la relación de la vivienda con el mercado.
“Para que los ciudadanos puedan acceder a una vivienda, los poderes públicos deben realizar determinadas actuaciones que significan intervenir sobre dos bienes que son privados: por un lado el suelo, y por otro lado la vivienda, mercados a su vez complejos. Al final, todo ello hace que choque con unos de los grandes derechos, que es el derecho de propiedad”, comenta.
Sin embargo, no cree que el derecho a la propiedad sea incompatible con una visión social del derecho a la vivienda, e insta a los poderes públicos a intervenir y reformar el mercado inmobiliario.
Del análisis del mercado inmobiliario español, Garrido destaca tres características: la falta de un servicio público de vivienda (muy por detrás de la media europea), la falta de control en la financiación del mercado de vivienda, y la composición de la tenencia de vivienda. En España, el 90 % del parque de vivienda lo constituye la vivienda en propiedad.
Subraya que estas características no son parte de la idiosincrasia española. “En los años 1950-60, en España, el 50 % del parque era en alquiler. Es decir, han sido los poderes públicos los que han decidido de una manera consciente empujar a los ciudadanos a ser propietarios y convertir el mercado residencial en un mercado de propietarios, y esto se ha materializado través de actuaciones normativas concretas”, basadas, según Garrido, en “la gran mentira de que la vivienda nunca iba a bajar de precio”. “Todo cuadraba muy bien”, añade, “hasta que estalló la burbuja”.
Cambio de paradigma
Garrido defiende que la principal función social de la vivienda es la de servir de alojamiento a las familias, y que “si toda la actuación publica se trabajara desde esa perspectiva, el resultado sería muy distinto”.
Resume con cuatro palabras la configuración de un mercado acorde a la función social de la vivienda. Equilibrado: “no tener un mercado que solo entienda la vivienda en propiedad”. Justo: “debemos conseguir que cada persona pueda disfrutar de un alojamiento atendiendo a su nivel económico, sin que esté obligada a sobre endeudarse”. Sostenible: “que tiene que ver con el uso de la vivienda vacía”. Y Estable y seguro: “al morador de una casa hay que garantizarle una cierta estabilidad y seguridad para que pueda construir allí su hogar”.
Para Garrido, esos son los elementos que hay que invertir en el marco normativo, si realmente se quiere atender a la función social de la vivienda. Sin embargo, no cree que estemos encaminados en esa dirección.
Califica el momento actual de “diabólico” y define las medidas contra los desahucios aprobadas por el gobierno español como meros “parches”. “No se quiere hacer ninguna reforma con un poco de profundidad”, subraya; “las medidas van a favorecer a personas en situaciones muy extremas, sí, pero si lo vemos desde una perspectiva más global, seguimos estando en el mismo sistema”.
Según Garrido, se sigue entendiendo la vivienda en términos de mercancía y rentabilidad económica, dejando a un lado la rentabilidad social. “Ojalá me equivoque”, concluye.
Garrido defiende que la principal función social de la vivienda es la de servir de alojamiento a las familias, y que “si toda la actuación publica se trabajara desde esa perspectiva, el resultado sería muy distinto”.
Resume con cuatro palabras la configuración de un mercado acorde a la función social de la vivienda. Equilibrado: “no tener un mercado que solo entienda la vivienda en propiedad”. Justo: “debemos conseguir que cada persona pueda disfrutar de un alojamiento atendiendo a su nivel económico, sin que esté obligada a sobre endeudarse”. Sostenible: “que tiene que ver con el uso de la vivienda vacía”. Y Estable y seguro: “al morador de una casa hay que garantizarle una cierta estabilidad y seguridad para que pueda construir allí su hogar”.
Para Garrido, esos son los elementos que hay que invertir en el marco normativo, si realmente se quiere atender a la función social de la vivienda. Sin embargo, no cree que estemos encaminados en esa dirección.
Califica el momento actual de “diabólico” y define las medidas contra los desahucios aprobadas por el gobierno español como meros “parches”. “No se quiere hacer ninguna reforma con un poco de profundidad”, subraya; “las medidas van a favorecer a personas en situaciones muy extremas, sí, pero si lo vemos desde una perspectiva más global, seguimos estando en el mismo sistema”.
Según Garrido, se sigue entendiendo la vivienda en términos de mercancía y rentabilidad económica, dejando a un lado la rentabilidad social. “Ojalá me equivoque”, concluye.
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