SEGURIDAD Y DEFENSA

Los paros intermitentes iniciados en plena operación salida de vacaciones se tornaron enseguida en claro conflicto de fondo que no sólo han provocado enormes retrasos, largas colas de espera y la pérdida de miles de vuelos, sino que también han afectado a algo tan sensible como la seguridad, situación inadmisible en una infraestructura clasificada de crítica y en un contexto como el actual de preocupación mundial por la amenaza terrorista.

De ahí que AENA (Agencia Estatal de Navegación Aérea) -la sociedad estatal titular de los aeropuertos españoles-, la Generalitat -la Administración competente en conflictos laborales en Cataluña- y el mismo Gobierno de la Nación tendrían que haber actuado con prontitud y decisión antes de que el conflicto llegara tan lejos como ha llegado en El Prat.

Una huelga que se inicia por el personal de control de la empresa de seguridad EULEN que ha provocado el enésimo caos veraniego en el aeropuerto lanzando un mensaje a la patronal del sector en plenas negociaciones del convenio colectivo.

Finalmente el Ejecutivo se ha visto obligado a adoptar unas medidas sin precedente como la de ordenar, en medio de un puente festivo, reforzar o sustituir con efectivos de la Guardia Civil a trabajadores en huelga para abordar un conflicto que ha ido adquiriendo aspectos graves por la actitud intransigente y bastante irresponsable de todas las partes implicadas, que ha terminado en la declaración de un laudo obligatorio a través de un Consejo de Ministros extraordinario en situación de vacaciones. Casi nada… teniendo en cuenta la responsabilidad y criticidad de estas infraestructuras y el hecho de que ya el 4 de diciembre de 2010, por conflicto con los controladores aéreos, hubo dos días de cierre total del espacio aéreo (con casi 5.000 vuelos anulados y 700.000 afectados en el puente más largo del año). El Gobierno decretó, por primera vez en la historia, el estado de emergencia mediante un Real Decreto "para la normalización del servicio público esencial del transporte aéreo”.

Es momento de hablar con una visión global del problema de la Seguridad (pública y privada), de la responsabilidad y de la criticidad de su funcionamiento, teniendo en cuenta los derechos y deberes de todas las partes implicadas: Infraestructuras Públicas, Empresas de Seguridad, Sindicatos, Personal de Seguridad y Administraciones Públicas.

La seguridad final es un derecho constitucional para los ciudadanos, y cualquier alcance de la interrupción de procesos puede vulnerar ese objetivo y generar una perturbación multiplicada que puede generar graves perjuicios y coartar la libertad de movimiento como ha sido el caso de los conflictos en el aeropuerto de El Prat en Barcelona.

Responsabilidades en las infraestructuras públicas

Importante número de entidades y organismos públicos son solo un claro ejemplo, entre muchos, de los concursos de seguridad privada adjudicados habitualmente a la baja a empresas que, utilizando la reforma laboral, sitúan a los vigilantes al frente de instalaciones de especial riesgo con salarios de alrededor de 700 euros mensuales y con dificultades para el abono de sus nóminas mes a mes, todo con la complacencia y aprobación legal de las Administraciones a todos los niveles.

Ahí está buena parte del origen del conflicto: en la adjudicación mediante subasta de las contrataciones públicas, una modalidad que ha llevado a algunas empresas a hacer ofertas temerarias que no cubrían siquiera los costes laborales. Como consecuencia, no se puede satisfacer ni el salario mínimo de convenio, y las empresas se han ido descolgando del nacional del sector, para pactar con sus trabajadores acuerdos mucho más desfavorables, ante la pasividad de las administraciones públicas. Las subastas están provocando una reducción salarial de entre el 15% y el 30%, además de una merma de las condiciones sociales y laborales de los trabajadores.

El verdadero conflicto no ha hecho sino empezar y las huelgas del personal de seguridad, sobre todo en aeropuertos, puertos y estaciones ferroviarias, se pueden convertir en una situación común en aquellas fechas clave, como vacaciones y puentes, en las que se registran grandes movimientos de pasajeros. Obviamente, el conflicto tiende a extenderse al resto del país, y puede afectar a servicios esenciales para los españoles.

En este caso, la Delegación del Gobierno ha destacado que los servicios de seguridad de la empresa afectan a un sector estratégico como el transporte aéreo, en que el trabajo de un número relativamente reducido de empleados conlleva un efecto multiplicador de tal magnitud que "técnicamente obliga a la determinación de unos servicios mínimos superiores" en porcentaje a los que correspondería en otra actividad. Así, ha fijado en el 90% los servicios mínimos para la huelga de trabajadores de la empresa EULEN en el Aeropuerto del El Prat de Barcelona cuando su protesta pasó a ser indefinida.

Es preciso reflexionar sobre algo tan evidente como que la seguridad en instalaciones de especial relevancia también se garantiza velando por unas correctas condiciones laborales, calidad de servicios y eficacia de la seguridad privada, que nunca han sido exploradas desde el Ministerio de Fomento ni desde el Gobierno, situación esta que, desde la contratación pública de estos servicios, competencia del Gobierno, se precariza en la totalidad de adjudicaciones realizadas a la baja en todo el territorio español.

Responsabilidades de las empresas de seguridad

En este caso, la empresa EULEN ha apelado a la responsabilidad de sus trabajadores para que acepten la propuesta de mediación “lamentando que una minoría se impusiese a la mayoría de trabajadores”, tal y como ocurrió en la votación de la convocatoria de huelga, donde sólo se manifestó un pequeño porcentaje de la plantilla, según remarcaba en un comunicado.

La realidad es que precisamos de unos nuevos concursos públicos adecuados a los servicios de seguridad que incluyan mejoras salariales y cumplimiento de los convenios colectivos puesto que, según recientes declaraciones empresariales “alrededor del 70% de los contratos con la Administración están en manos de empresas que no se adhieren al convenio del sector”.

La prevalencia del convenio sectorial, una amplia revisión de la Ley de Contratos así como un plan estratégico sobre contratación de servicios de seguridad privada que garantice condiciones laborales y estándares de calidad suficientes, son elementos imprescindibles para un sector que da empleo en la actualidad a más de 80.000 vigilantes y que, ante la inoperancia política y la proliferación de empresas incompetentes e incumplidoras de las reglas del juego, seguirá aumentando la precariedad y la conflictividad laboral sin acometer, con la suficiente voluntad política, un cambio real de modelo de seguridad privada en España.

Este sector se encuentra en un momento clave para reinventar su futuro teniendo en cuenta que el Ministerio del Interior y el Gobierno han reconocido su importancia para conseguir esa “Seguridad Única” (pública y privada, integral e integrada) que el país y los ciudadanos necesitan ante los nuevos retos y amenazas.

Responsabilidades de los sindicatos

Los sindicatos también vienen exigiendo a las distintas administraciones que, de manera inmediata, tomen decisiones que resuelvan este gravísimo problema o, de no hacerlo, asuman la creciente conflictividad que se generará en el Sector en todo el territorio nacional.

El sindicato UGT lleva trabajando y reivindicando en todas las instancias, tanto Estatales como Autonómicas y Locales, la necesidad de hacer planteamientos sobre la contratación pública de Servicios de Seguridad que garanticen una adjudicación socialmente responsable y bajo criterios de calidad y solvencia que eviten las nefastas consecuencias que las adjudicaciones que imponen exclusivamente el precio más bajo están trayendo para empresas, trabajadores y usuarios.

El conflicto de El Prat, impulsado por UGT, y que en semanas del mes de agosto ha provocado esperas interminables en la instalación aeroportuaria catalana, tiene, según fuentes conocedoras del sector, raíces profundas que hacen temer su extensión a otros aeropuertos e incluso a estaciones ferroviarias, especialmente en períodos festivos.

Lo cierto es que 150 vigilantes han puesto en jaque tanto a la empresa EULEN, como al sector, al Ministerio de Fomento y a las Administraciones, alterando las vacaciones a miles de españoles por una lamentable gestión de la crisis provocada.

En este sentido, es importante tener en cuenta que la problemática existente en este tipo de infraestructuras críticas en general y aeroportuarias y del transporte, en particular, así como la que existe en el sector de seguridad privada globalmente, se debe afrontar desde planteamientos que busquen soluciones globales para todo el colectivo afectado, por lo que se tendría que evitar cualquier estrategia individual o impuesta que se aleje de estos parámetros.

Es en el ámbito de la negociación del Convenio Colectivo Estatal donde los sindicatos están planteando y exigiendo el reconocimiento de las mejoras salariales y sociales de todas las categorías afectadas, así como la necesidad del reconocimiento de determinadas situaciones específicas que hagan justicia a las peculiaridades y exigencias con las que prestan sus servicios, particularmente aquellos que se encuentran asignados a los definidos como servicios esenciales o las infraestructuras críticas reconocidas en la propia Ley de Seguridad Privada. Sin embargo, los sindicatos y la patronal negocian este nuevo convenio colectivo con las posiciones todavía muy alejadas.

Del mismo modo, el desacuerdo de El Prat, que, como hemos dicho, es esencialmente consecuencia de la gestión temeraria de concursos de la Administración, tampoco está sirviendo para poner en marcha soluciones para el problema global de la seguridad privada en España, en ninguno de sus escenarios posibles.

Por otra parte, el sindicato UGT se ha solidarizado con los trabajadores de la empresa EULEN en El Prat por haber soportado estoicamente las presiones sufridas desde el Ministerio de Fomento donde se ha pretendido responsabilizar a los vigilantes de una situación en la que el máximo culpable es sin duda el Gobierno y su política de contratación.

Igualmente, UGT califica como actuaciones de un bajo perfil político las acontecidas en el conflicto de El Prat, en el que el Ministro de Fomento ha utilizado como garantías de seguridad decisiones como introducir a la Guardia Civil y el sometimiento a un laudo, considerando que existe cierta intención de desacreditar la imagen de los vigilantes en conflicto y forzar un acuerdo, ante una crisis que ha generado el propio Ejecutivo y que no ha sido capaz de gestionar.

Por su parte, la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de USO ha anunciado movilizaciones a partir de primeros de septiembre para protestar contra la situación del sector que, en su opinión, se encuentra "al borde del abismo". En un comunicado, el sindicato ha apuntado que estas movilizaciones "irán ganando en intensidad" si no hay "un cambio radical" en las actitudes de la Administración, los clientes y la patronal, ya que actualmente una cuarta parte del sector trabaja en empresas con salarios por debajo de lo establecido en el convenio.

Responsabilidades del personal de seguridad privada

La plantilla del aeropuerto de El Prat, de unos 360 vigilantes, se encuentra inmersa en un conflicto laboral con la empresa, a quien reclama una subida salarial de hasta 350 euros por trabajador, además de un refuerzo de personal. Por su parte la empresa EULEN, con mediación por parte de la Generalitat, acepta la propuesta del gobierno catalán, que consiste en subir hasta 200 euros los sueldos y sumar un quinto vigilante a cada filtro de seguridad (la empresa ofrecía 155 euros, y los sindicatos reclamaban también 350 euros).

Por otro lado, la patronal y los sindicatos están inmersos de lleno en las negociaciones para aprobar el nuevo convenio colectivo, y la huelga en el aeropuerto barcelonés se ha mostrado como otra forma de manifestar la preocupación de los trabajadores.

Responsabilidades de la Administración

Estamos ante un debate abierto a consecuencia de una mala praxis en la privatización de la seguridad por parte de las Administraciones Públicas a fin de abaratar los servicios que antes prestaba la seguridad pública, contratando servicios de seguridad con empresas privadas, en las que el criterio de adjudicación definitivo es el precio, sin importar la incidencia que esto tiene.

Unas “ofertas a la baja” que, en muchos de los casos, no garantizan los derechos laborales de los trabajadores ni la adecuada prestación del servicio, situación conocida por las Administraciones, fomentada con estas prácticas de contratación en las que no se puede garantizar siquiera el cumplimiento del servicio contratado a tan bajo precio.

Sin embargo, el Ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, no parece enfocar el tema desde este punto de vista. Sin profundizar en el conflicto, ha lanzado un "mensaje claro y contundente" de que los procedimientos ya se han iniciado y que al Ejecutivo no le va a "temblar la mano" a la hora de aplicar, en el marco de la legalidad vigente, "lo que sea necesario" para garantizar la seguridad pública y el orden en el entorno de una infraestructura estratégica para el conjunto del país, como es el Aeropuerto de El Prat.

Por otro lado, el Ministerio del Interior ha puesto a disposición un número "significativo" de guardias civiles, tras aludir a la alerta terrorista y al peligro de altercados en las colas de espera de los viajeros.

Con todo ello, el Gobierno ya ha puesto en marcha el procedimiento para el laudo arbitral obligatorio. De la Serna ha declarado que confía en la responsabilidad de los trabajadores, pero ha enfatizado que el Gobierno "nunca va a permitir que millones de españoles estén sujetos a decisiones y posturas intransigentes de unos pocos".

Por otro lado, el Gobierno se acerca a los representantes sindicales y responde a una de sus exigencias mientras explica que "la situación del aeropuerto de Barcelona es excepcional" y que la respuesta responde a la necesidad de "garantizar el orden y la seguridad pública". "Hemos acordado abrir el proceso arbitral porque es la última herramienta legal que nos queda para resolver el conflicto después de que la negociación liderada por la Generalitat fracasara", explicó de la Serna en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario que dictaminó el laudo.

A modo de conclusiones

Hemos de tener altura de miras e insistir en que se aplique el rigor y el discernimiento en el análisis y atención a las peculiaridades y exigencias de las infraestructuras especiales de las que hablamos. Como hemos insistido, estamos inmersos en un debate delicado sobre la privatización de la seguridad en las Administraciones Públicas, y no podemos olvidar que abaratar los servicios que antes prestaba la seguridad pública, contratando servicios de seguridad con empresas privadas jamás puede conllevar una pérdida de calidad en los resultados ni, por supuesto, rebaja en la retribución justa ni en la dignidad de las condiciones de trabajo de todos los que se ocupan de prestaciones tan necesarias y especiales.

Para ello, es imprescindible que se constituya un grupo de trabajo con participación de todas las partes implicadas (sindicatos, patronales y Administración) que aborde "de forma integral e integrada" la situación de la seguridad privada en los servicios esenciales e infraestructuras críticas y, especialmente, las condiciones de trabajo, formación o salarios.

Asimismo, es necesario que la nueva Ley de Contratos del Estado "incluya la obligación de que los contratos de las Administraciones Públicas incorporen cláusulas de contenido social, laboral y medio ambiental como criterios para la selección del contratista", según han solicitado los sindicatos.

En cualquier caso, la actual relación en España del sector de la Seguridad Privada, con la contratación por parte de las Administraciones del Estado, es lamentable, y están generalizadas las adjudicaciones basadas en el precio más bajo, con evidentes y lamentables consecuencias.

Y son todas las partes implicadas: Infraestructuras Públicas, Empresas de Seguridad, Sindicatos, Personal de Seguridad y Administraciones Públicas, las que, de una u otra manera, vienen haciendo dejación de sus responsabilidades:

Los responsables en las INFRAESTRUCTURAS PUBLICAS, no valorando ni defendiendo la contratación de servicios de seguridad en condiciones adecuadas para su eficaz cumplimiento.

Las EMPRESAS DE SEGURIDAD, no cumplidoras de la normativa y del convenio, entrando al juego del concurso-subasta sin altura de miras para defender su profesionalidad, prestaciones laborales o relación precio-calidad-eficacia adecuada para cada servicio.

Los SINDICATOS, permitiendo condiciones inadecuadas para la protección de trabajadores y cumplimiento de los convenios en los servicios.

El PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA, aceptando condiciones que degradan la profesionalidad o incumplen las exigencias de especialización.

Las ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, no desarrollando los planes de integración de seguridad pública-seguridad privada, su marco sectorial y la convocatoria de concursos inadecuados o en claro incumplimiento de convenios colectivos o de condiciones laborales básicas.

La elaboración de presupuestos a la baja, iniciados en los tiempos de crisis y el éxito de las 'empresas piratas' han repercutido negativamente en salarios y jornadas laborales, así como en cumplimiento de los servicios.

Todo ello, sin olvidar que la seguridad privada se encuentra en un momento clave para reinventar su futuro teniendo en cuenta que el Ministerio del Interior y el Gobierno han reconocido su importancia para conseguir esa “Seguridad Única” (pública y privada, integral e integrada) que el país y los ciudadanos necesitan ante los nuevos retos y amenazas, como recientemente hemos sufrido en España por nueva agresión del terrorismo yihadista.

Retos que hemos de afrontar desde planteamientos que busquen soluciones globales para todo el colectivo afectado (público y privado), por lo que se tendría que evitar cualquier estrategia individual o impuesta que se aleje de estos parámetros de integración de las partes implicadas.

A problemas globales, soluciones globales… e imaginativas, para salvaguardar la libertad y la seguridad de los ciudadanos.

La conferencia, ha sido dictada dentro del marco de "Paz y Seguridad" en el posconflicto colombiano, partiendo de la identificación, análisis y evaluación de los riesgos, amenazas y vulnerabilidades de las Infraestructuras Críticas que son aquellas instalaciones, redes, servicios y equipos físicos y de tecnología de la información cuya interrupción o destrucción tendría un impacto mayor en la salud, la seguridad o el bienestar económico de los ciudadanos o en el eficaz funcionamiento de las instituciones del Estado, donde hemos de desarrollar los nuevos modelos de Gestión del Riesgo y los Planes de Protección y Operativos para garantizar el funcionamiento de las mismas y la confianza de la ciudadanía en el Estado para enfrentarse a este tipo de amenazas. En este sentido, el concepto de seguridad interior y exterior, se transforma en un nuevo paradigma como nueva función del Estado para la defensa de su soberanía y la protección de sus infraestructuras estratégicas, como derecho de sus ciudadanos frente las amenazas emergentes en el nuevo escenario de paz y seguridad en el posconflicto colombiano.

Esta Conferencia ha sido publicada dentro del libro Escenarios de inseguridad en América Latina y los actuales retos en Colombia, editado por el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de Investigación sobre la Paz, la Seguridad y la Defensa.

¿Cómo definiríamos la seguridad? Se entendería como las acciones que procuran la protección poniendo en valor el compartir, cooperar, colaborar en todo o parte de un objetivo, misión, etc., es decir: “Todos aquellos esfuerzos y recursos mancomunados de prevención y protección de las instituciones y organizaciones, para compartir el propósito y objetivo del aseguramiento y todo lo que a él corresponda”.

El planteamiento, el estudio y análisis de las seguridades, tanto en general, como con sus apellidos y matices, obliga actualmente al establecimiento de un nuevo Código de Seguridad, un conjunto de reglas y preceptos que bien pueden integrar las siguientes diez claves básicas:

1. RIESGOS, AMENAZAS Y VULNERABILIDADES

La identificación, análisis y evaluación de los riesgos, amenazas y vulnerabilidades son la clave principal para el planteamiento de las seguridades, pues seguridad, además de una percepción, es la minimización o control real de riesgo.

Entre los riesgos y amenazas que tenemos que afrontar hoy de una forma global, destacan especialmente:

• El terrorismo, como una amenaza directa a la vida y a la seguridad ciudadana y a las infraestructuras básicas de la sociedad.
• Las ciberamenazas, por la dependencia del ciberespacio y sus significativas vulnerabilidades.
• El crimen organizado, como fenómeno transnacional de gran alcance, globalizado y relacionado con otras amenazas.
• La inestabilidad económica y la desigualdad, como base de la conflictividad social con su impacto transversal.
• La vulnerabilidad energética, por su dependencia excesiva y la baja interconexión entre países.
• La proliferación de armas de destrucción masiva, como grave amenaza por su dificultad de verificación y control.
• Los flujos migratorios no controlados, con riesgo de movimientos infiltrados de radicalización extremista.
• Las crecientes catástrofes derivadas del cambio climático, por su repercusión sobre el empobrecimiento de los pueblos.
• La importante vulnerabilidad de muchas infraestructuras críticas, de funcionamiento indispensable y sin alternativa, amenazadas por riesgos múltiples.

En este sentido, conocer los riesgos al que están sometidos los sistemas de funcionamiento de las infraestructuras es simplemente imprescindible para poder gestionarlos y, por ello, han aparecido multitud de guías formales e informales, aproximaciones metodológicas y herramientas o plataformas de soporte, todas las cuales buscan objetivar el análisis y la evaluación, especialmente en tiempo real.

Así, para la protección de las infraestructuras críticas, además de los aplicables a todas las generales, hay que desarrollar especialmente y en profundidad los criterios para la identificación y evaluación de los riesgos y las amenazas derivados de los fenómenos de la naturaleza, de los riesgos tecnológicos, de los antisociales o deliberados y delictivos, e incluso, los derivados de las actividades sociales y laborales, además de analizar para minimizar al máximo todas las vulnerabilidades.

El esquema general a seguir para la protección de las infraestructuras en general, críticas y estratégicas será:

1. Identificación, análisis, clasificación y evaluación de los riesgos.

2. Análisis de los riesgos y sus requerimientos de prevención y de protección.

3. Evaluación del riesgo, amenazas, vulnerabilidades y capacidades.

4. Gestión del riesgo. Aproximación metodológica y vigilancia continua.

Por tanto, la gestión del riesgo es el conjunto de métodos que permite identificar, analizar y evaluar los riesgos a los que está sometida la entidad o situación objeto de la gestión, cuantificando las pérdidas derivadas de su materialización para su eliminación y/o reducción, optimizándola en términos económicos, a fin de preservar y/o mantener sus activos materiales, personales e inmateriales en la posición óptima para el desempeño de los objetivos operacionales.

2. GLOBALIZACIÓN

El avance de la globalización en la sociedad significa, sin duda, un objetivo también en y para la seguridad. Hemos de trabajar por una seguridad global.

Los grandes problemas mundiales pasan en la actualidad por el establecimiento de un nuevo orden y una nueva perspectiva que derive en una nueva seguridad integral, integrada y globalizada.

No obstante, antes de hablar de una seguridad globalizada, debería recordarse que el concepto “seguridad” es terreno común de la actividad de diferentes actores y sectores. En este sentido, repensar y reformular los grandes ámbitos interrelacionados, como son el bienestar, el desarrollo, la democracia y la propia seguridad ciudadana, desde el ángulo de la acción común y la sostenibilidad, ha pasado a convertirse en una tarea vital que, por desgracia, sigue siendo, en cierta medida, una asignatura pendiente.

En nuestros días, las bandas organizadas y el terrorismo de cualquier tipo se están aprovechando de las herramientas y sistemas de funcionamiento que propicia la propia globalización y, por tanto, este fenómeno sinérgico sólo puede ser respondido desde la acción verdaderamente concertada y coordinada de los países y sus gobiernos.

La globalización no es un tema nuevo ni, como se ha dicho, una occidentalización. La globalización ha enriquecido cultural, social y científicamente a las sociedades desarrolladas pero, desgraciadamente, no ha logrado evitar, e incluso ha acentuado las diferencias entre los países ricos y pobres, beneficiando de manera especial a los países y grupos más potentes o poderosos.

Así, el debate sobre la globalización está en pleno desarrollo y requiere de una reflexión más profunda sobre las cuestiones fundamentales que tienden a ser magnificadas o minusvaloradas por la retórica de confrontación entre pro globalizadores y detractores o como refleja Nelson Mandela cuando dice que: “Unos son globalizados y otros globalizadores”.

3. PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN

La prevención y la protección son los medios fundamentales para conseguir la seguridad, tanto transversal como vertical, física y lógica.

Aunque en una pre-convergencia, las seguridades se clasifiquen como físicas o lógicas, la extensión del concepto especialmente a infraestructuras críticas y la multiplicidad de sectores y operadores afectados, exige afrontar su protección desde un punto de vista integral, multidisciplinar e interrelacionado, y disponer de guías, metodologías y herramientas de soporte para objetivar un buen análisis y una eficaz evaluación permanente.

Hemos de repensar y reformular los grandes ámbitos interrelacionados de la seguridad que han pasado a convertirse en una tarea vital en la que hay que trabajar ante, bajo, desde y contra la inseguridad.

Consolidar la cultura de la prevención y la protección relacionada con las competencias público-privadas es objetivo primordial e irreversible.

Por tanto, ante la gravedad de los riesgos y las amenazas que nos ocupan, resulta obligada la integración operativa de la Seguridad Privada en la Seguridad Pública para lo que es necesario limar las diferencias y sumar esfuerzos, compatibilizando responsabilidades en algunos de los frentes, superando los obstáculos a la hora de compartir información, mejorando la confianza mutua y olvidando los desencuentros puntuales que en el pasado se han mostrado como barreras para la excelencia de este necesario trabajo en común.

Una integración operativa vendrá a facilitar las actuaciones necesarias para optimizar la respuesta ante los nuevos retos y exigencias de nuestro tiempo, como es el caso de la seguridad de las infraestructuras críticas y estratégicas, prioritariamente orientada hacia la protección contra agresiones deliberadas y, muy especialmente, contra ataques terroristas.

En definitiva hemos de fomentar una nueva cultura de seguridad, identificando las oportunidades y debilidades de los diferentes actores que abarcan el espectro de la seguridad pública y privada dentro de una visión global, nacional y local, pues, sin duda, ya no caben personalismos ni localismos, cuando se impone una única Seguridad con mayúscula, pública y privada.

Todo ello, sin olvidar que, en cualquier actividad del hombre en la sociedad en que vivimos la seguridad es y será siempre un referente, una necesidad básica a cubrir entre sus primeros objetivos.

4. VISIÓN HOLÍSTICA

La visión holística, general y particular, de los riesgos, amenazas y vulnerabilidades así como el planteamiento e implementación de los medios de prevención y protección son actualmente el imprescindible esquema de tratamiento.

Es imprescindible la búsqueda de una nueva cultura de seguridad, con visión común, sobre la base de las amenazas globales, complejas, difusas y confusas que nos asedian, incrementando los recursos de inteligencia y análisis, liberándolos de viejas patologías y rigideces, para desarrollar el nuevo esquema de gestión integral e integrada de gestión de las seguridades, que ofrezca soluciones igualmente globales.

En este sentido, es especialmente significativo y necesario cambiar las estrategias de protección principalmente de las infraestructuras críticas hacia un enfoque holístico de la seguridad integral (prevención + protección) que incluya una adecuada gestión de riesgos inherentes (físicos, lógicos y humanos) en todo el ciclo, sobre la base de la prevención.

Definitivamente, es preciso aprender a pensar diferente porque la sociedad actual y sus inseguridades requiere de un punto de vista nuevo y diferenciador que ha de ser creativo, intuitivo e inclusivo, además de servir para romper nuestros actuales hábitos, modelos mentales y paradigmas ya obsoletos. Un nuevo posicionamiento siempre abierto hacia un pensamiento cuántico o flexible.

5. INTELIGENCIA

Buscando la definición de inteligencia del Diccionario de la Real Academia Española (RAE) encontramos diferentes acepciones, destacando entre ellas “la capacidad de entender o comprender o la capacidad de resolver problemas, o bien conocimiento, comprensión, acto de entender e incluso otras como el sentido en que se puede tomar una sentencia, un dicho o una expresión, la habilidad, destreza y experiencia y el trato y correspondencia secreta de dos o más personas o naciones entre sí”.

En este sentido, la inteligencia de seguridad, obviamente basada en el conocimiento, no es nada nuevo en nuestros habituales entornos de la gestión del riesgo y la protección. La inteligencia de seguridad es la base para un ahorro u optimización de recursos con mayor eficacia en nuestros procedimientos estructurales porque es eficiente para el logro de objetivos.

En el sector de las seguridades, la inteligencia de seguridad es la herramienta de conocimiento esencial para los niveles de dirección, tanto en la toma de decisiones, de cara a la prevención, como frente a la actuación en caso de incidentes o contingencias.

Por tanto, en nuestro caso, la seguridad comienza con el establecimiento de una verdadera política basada en la inteligencia de seguridad por parte de las organizaciones públicas o privadas, con competencias de seguridad en actividades significativas y especialmente en las infraestructuras críticas y estratégicas.

La inteligencia es herramienta fundamental en el uso de los medios de prevención y protección de cara al objetivo de garantizar la seguridad. Sin la inteligencia no puede haber respuesta a los nuevos retos ni avances en la coordinación de esa nueva y única seguridad que demanda la sociedad.

En definitiva, la inteligencia de seguridad es una base esencial ante una potencial decisión destinada a lograr el ajuste más funcional frente a una demanda o contingencia. Esta base intangible se convierte en tangible palanca como soporte de la gestión de recursos humanos, materiales y procedimentales dedicados a garantizar que la respuesta elegida sea la más eficaz, efectiva y eficiente, minimizando las eventuales consecuencias de la materialización del riesgo.

6. CONVERGENCIA

Según algunos diccionarios la convergencia se define como: “… Unión de dos o mas cosas que confluyen en un mismo punto...” Según la Real Academia de la Lengua Española, es: “acción y efecto de converger”.

En el campo de la seguridad podemos decir que la convergencia es: “La integración, de manera formal, corporativa y estratégica de los recursos de seguridad agrupados de una organización, para mostrar las ventajas a la totalidad en la minimización de los riesgos y amenazas, con efectividad, eficiencia operacional creciente y ahorro de costes”.

Cuando se habla de convergencia de la seguridad, se hace referencia a un todo como elemento que integra la visión de la seguridad, desde todos sus puntos de abordaje o disciplinas. Se trata de ver a los medios y servicios de seguridad no operando de manera independiente, como hasta hace poco tiempo era el caso (por un lado la seguridad física y por otro la seguridad lógica), sino como un elemento universal, un sistema único que contempla todas las variables posibles, en busca de un objetivo: garantizar la seguridad de la organización y su funcionamiento.

La simple integración no sirve si no hay convergencia, ya que, con la convergencia, la integración es dotada de una dirección, de un sentido.

Siendo uno de nuestros objetivos principales el proveer a nuestra organización y su seguridad de una metodología y tecnología sostenible hacia el futuro haciendo converger a proyectistas, proveedores y gestores de soluciones con los propios usuarios, hay que establecer planteamientos y metodologías que permitan una seguridad integral, un concepto unificado de prevención y protección, que implica cruzar, en muchos casos, las actuales barreras o dominios de la seguridad física, lógica o informática, así como de la información.

7. GESTIÓN INTEGRAL

La gestión integral de los medios, metodologías e inteligencia aplicada son el esquema básico y general para la garantía de las seguridades.

Por ello, la colaboración del sector público y privado se convierte en la clave para adoptar rápidamente y con éxito una política integral, principalmente para la protección de infraestructuras críticas, tarea para la que, además de esta colaboración y cooperación, la concienciación y la sensibilización son fundamentales.

En este sentido, las ventajas son bidireccionales porque, la puesta en valor de una nueva Seguridad Privada, además de la sinergia multiplicadora de eficiencia y resultados, a título corporativo, va a repercutir en su potencial y competencias, equilibrará la oferta, incorporará áreas de especialización, integrará nuevas tecnologías, desarrollará una formación y capacitación profesional y formal potenciando la especialización, ampliará la cooperación institucional, mejorará la imagen y conseguirá una armonización internacional.

Definitivamente, hay que desarrollar el esquema de gestión integral operativa de la seguridad y conjugar el sistema de gestión de la Seguridad Pública y la Seguridad Privada en un solo objetivo para obtener una Seguridad Única.

8. COOPERACIÓN

La cooperación, la colaboración y la integración operativa de la seguridad pública y privada y sus recursos humanos, junto con las tecnologías y las medidas organizativas, son los componentes de la seguridad integral e integrada.

Por ello, resulta inevitable e irreversible la cooperación, una comunidad profesional cooperativa y única para la mejor prestación del servicio público de prevención, vigilancia y protección, para cuyo fin el Estado puede delegar en los privados, siempre de acuerdo con el régimen establecido por la ley, y sin renuncia a sus prerrogativas ni obligaciones de cara al objetivo de lograr una seguridad ciudadana única y sostenible.

Avanzando por este camino, los protocolos de actuación definidos por el Estado para mejorar la colaboración con la seguridad privada y potenciar la motivación e integración pasan por:

• Valorar y respetar el trabajo realizado
• Mejorar el tratamiento y la información
• Potenciar la accesibilidad operativa
• Facilitar información de interés policial
• Difundir y valorar servicios excepcionales
• Proponer para menciones honoríficas o premios
• Incrementar la formación especializada
• Mantener reuniones periódicas con Directores y Jefes de Seguridad de las empresas, detectives privados y asociaciones
• Especializar a los funcionarios policiales
• Mantener el contacto permanente con las Salas de Coordinación de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

Todo ello, sin perder de vista la importancia competencial de que la seguridad privada es preventiva, auxiliar, complementaria y subordinada a la seguridad pública.

9. MEDIOS Y TECNOLOGÍAS

Las tecnologías para la seguridad (física y lógica), su aplicación, su integración y convergencia, junto con las medidas organizativas, son el medio para garantizar la prevención y la protección de personas y bienes.

En la actualidad, los medios técnicos, los sistemas y tecnologías para su aplicación, y principalmente para la Protección de las Infraestructuras Críticas y Estratégicas, están lo suficientemente evolucionadas como para no existir problema alguno en el planteamiento de la prevención y protección de todos y cada uno de los riesgos y amenazas que comportan el amplio catálogo de aplicación a cualquier tipo de actividades e instalaciones. No obstante, una serie de aspectos pueden condicionar la implantación de ciertos tipos de sistemas de seguridad.

Es preceptiva la instalación de medios técnicos de cara a la prevención y protección contra actividades antisociales y terrorismo, así como el establecimiento de los sistemas complementarios para facilitar la ejecución de los planes de autoprotección.

En cualquier caso, como contrafuerza a cada uno de los grupos de riesgo diferenciados se dispondrán los medios de protección física o pasiva, medios técnicos de control, videovigilancia, sistemas de detección alarma, comunicaciones, etc. que, en cada caso, correspondan de cara a los objetivos que prioritariamente nos hemos fijado de eficacia, celeridad y flexibilidad y, desde luego, sin perder la perspectiva de la optimización de los recursos disponibles o a disponer.

En este sentido, como es sabido, el mercado de la oferta de medios técnicos agrupados por áreas de riesgo diferenciadas, tanto en sus campos de lo que podríamos denominar la seguridad pasiva, protección pasiva (medios físicos y mecánicos) como la protección activa (medios electrónicos), así como la seguridad lógica, presenta para sus aplicaciones –generales y específicas- una muy amplia gama de materiales, productos, equipos y sistemas perfectamente adecuados para responder a la exigencia de seguridad ante los riesgos planteados y sus distintas y posibles valoraciones o necesidades.

10. RECURSOS HUMANOS

En los servicios de seguridad, el elemento humano juega un papel muy importante en la protección de cualquier instalación de seguridad, incluso la más sofisticada y perfecta desde el punto de vista técnico necesita una intervención humana inmediata y eficaz y, sin ésta, el sistema de seguridad será a todos los efectos ineficaz. La vigilancia y gestión humana es irreemplazable.

En este sentido, la seguridad privada ha evolucionado de manera importante, y especialmente en los últimos veinte años, y, en el presente, la patronal en su competencia observa que los servicios han de ser más profesionales y de calidad para mejorar su oferta y eficacia. Por su parte, los usuarios exigen más personalización, especialización y optimización de sus recursos y, finalmente, la representación sindical exige fomentar mayor profesionalización y consolidación de algo más que un primer empleo, y el personal requiere adecuadas condiciones económicas y sociales.

En cualquier caso, para una adecuada profesionalidad es imprescindible la formación especializada para obtener las seguridades requeridas en todas y cada una de las actividades industriales y comerciales y, especialmente, para la protección de las infraestructuras críticas y estratégicas ya referidas.

Es preciso analizar los puestos de trabajo para lograr esa prevención, control o protección adecuada, valorar la profesionalización y la calidad del servicio, y exigir las condiciones salariales y sociales acordes al puesto, al igual que hay que trabajar con profesionalidad para dar servicio a un puesto de trabajo digno. Para todo ello, hemos de contar con una voluntad política responsable que acelere los trámites de cambio de un modelo definitivamente agotado.

Reflexiones finales

A modo de conclusiones, en el planteamiento de un Nuevo Código de Seguridad y entre las principales acciones que hemos de organizar y poner en marcha se encuentran, como mínimo, las correspondientes a:

• Abordar la identificación y prevención de los riesgos y determinar aquellos que no se pueden evitar.
• Combatir los riesgos desde su origen.
• Adaptar el trabajo de las personas en el ámbito de la seguridad, minimizando las labores monótonas y repetitivas.
• Tener en cuenta la evolución de las tecnologías de aplicación.
• Sustituir los trabajos o procedimientos peligrosos por aquellos que entrañen poco o ningún riesgo.
• Planificar la prevención y sus factores ambientales en todos los ámbitos de la organización.
• Adoptar medidas de seguridad que antepongan la protección colectiva a la individual.
• Informar y capacitar a todos los trabajadores en materia de seguridad en sus distintas modalidades y objetivos.

Cada una de estas medidas tiene la urgencia del momento, teniendo en cuenta que, actualmente, hay un crecimiento de la amenaza (en magnitud y violencia) y un incremento notable, especialmente de la ciberdelincuencia, lo que requiere una mayor investigación, control y rápida respuesta. No obstante, aunque los últimos ciberataques han tenido más impacto mediático en las redes sociales que en daños reales al funcionamiento interno de las entidades y países afectados, urge realizar las investigaciones y los análisis correspondientes y tratar los problemas globales con soluciones globales inmediatas, haciendo hincapié en la necesidad de pensar en global y actuar en local para tratar las inseguridades y vulnerabilidades.

Una herramienta esencial para andar ese camino hacia la óptima seguridad es basar nuestra estrategia en una decidida inversión personal y pública en Inteligencia + Imaginación + Investigación + Intervención, ya que, aunque el dinamismo y la mutabilidad del mal nos impida garantizar la deseable utopía de su erradicación, la prevención y disminución de la probabilidad de eventos adversos está a nuestro alcance, y es nuestra responsabilidad acreditar la regularidad de la práctica de esas soluciones globales y locales hasta llevar el análisis a su grado menor de incertidumbre y los resultados a su grado mayor de eficacia y eficiencia.

Como se ha dicho, la actual sociedad y sus inseguridades requiere de un punto de vista nuevo y diferenciador, que ha de ser creativo, intuitivo e inclusivo, siempre abierto hacia un pensamiento cuántico.

Hemos de fomentar una nueva cultura de seguridad, identificando las debilidades de los diferentes actores y procedimientos, que abarcan el espectro de la seguridad pública y privada dentro de una visión global, nacional y local, con una única Seguridad con mayúscula, pública y privada.

Como hemos significado, en un planteamiento de seguridad global, los objetivos básicamente son prevenir los riesgos, aumentar la protección, garantizar la intervención, minimizar los daños o pérdidas, incrementar la resiliencia, sistematizar las inspecciones y facilitar el apoyo y las ayudas exteriores. Todo enmarcado en el cumplimiento de la legislación y normativa vigente, sin perder la pista de que, en la actualidad, los enemigos han cambiado, son incluso difusos y confusos y los retos también se han incrementado.

Del mismo modo, hay que estudiar y abordar globalmente las nuevas fuentes de riesgo emergentes, ya que, por ejemplo, la protección del ciberespacio es esencial para preservar la seguridad de cualquier nación y su economía y, por lo tanto, es prioritaria la adopción de una Estrategia Nacional de Ciberseguridad que involucre a todos los sectores de la sociedad, bajo el liderazgo del Gobierno, código en el que se identifiquen y establezcan las responsabilidades y roles de cada una de las partes implicadas, desde la Administración del Estado al sector privado, pasando por los propios ciudadanos o usuarios, que debe tener como propósito la prevención, preparación, respuesta, resiliencia y recuperación de los incidentes que afecten o puedan afectar adversamente a las actividades sociales y, especialmente, a las infraestructuras críticas y estratégicas.

Todo comenzó con aquellos pioneros guardabosques, contratados para “la guarda y administración de los dichos montes y pinares antiguos que tuvieren, y de los que nuevamente hubieren plantado” que fueron el antecedente histórico de la seguridad privada española.

Durante las Cortes que se celebraron en Valladolid, en 1517, los “Procuradores del Reyno” informaron a su majestad que “en las ciudades, villas y lugares de nuestros Reynos y Señoríos se talan y destruyen los montes, y que no se plantan de nuevo otros, y que hay mucho desorden (…); de que resulta, que no hay abrigo para los ganados en tiempo de fortuna, y grande falta de leña”.

Pero, es mucho más tarde, en la Orden de 1876, cuando se recoge expresamente su capacidad para detener, poniendo a disposición de la Guardia Civil a los delincuentes: “… y de detener o poner en libertad, mediando su previa filiación, a quienes cometan simples faltas. Su testimonio jurado dará fe, salvo prueba en contrario, de tales faltas”.

El Guarda Jurado tenía licencia para detener, o si fuera el caso, disparar y matar en defensa de las vidas y propiedades a él encomendadas, como agentes de la autoridad. Así lo establece el art. 102 de la citada Orden, que también le obliga a cooperar en todo con la Guardia Civil, bajo cuya supervisión y control se encontraba. Anteriormente, usaba una carabina ligera y, desde 1876, se le añade una bayoneta. Los de a caballo portaban, además, el sable de la caballería ligera.

La primera reglamentación para la protección de las entidades bancarias se hace mediante el Decreto del Ministerio de la Gobernación de 4 de Mayo de 1946, publicado en el B.O.E. 130, de 10 de Mayo.

Sin embargo, no es hasta 1992 cuando la Ley de Seguridad Privada 23/1992, de 30 de julio, establece la primera norma de rango legal que regula todo el sector.

Esta Ley contempla por primera vez el carácter de agente de la autoridad; separa la habilitación de vigilante de la licencia de armas (antes era algo conjunto, y quien no aprobaba la licencia no podía ser vigilante jurado); crea las especialidades de escolta privado y de vigilante de explosivos, así como las figuras de los Jefes y Directores de Seguridad; y sigue manteniendo la figura de los guardas de campo, con las variantes de pesquerías marítimas, caza y piscifactorías.

No obstante, en muchos países hay una controversia sobre la seguridad privada y, en especial, en relación con las empresas y los profesionales que se dedican a esta actividad. El debate social presenta aspectos que son potencialmente conflictivos, como: el uso de armas, la formación que reciben los profesionales, la situación socio-laboral de los vigilantes, o los casos de abusos de autoridad por los vigilantes.

En cualquier caso, tanto la seguridad pública como la privada están desarrolladas en un marco normativo específico. Como idea general hay que indicar que, en su dimensión pública, la seguridad general se plantea para el conjunto de los ciudadanos, mientras que la seguridad privada está acotada como un servicio complementario fundamentalmente enfocado a la prevención del delito y la protección de la integridad física de las personas y de los bienes materiales del lugar o instalación donde se realice su actividad.

Un dinámico presente

Con el objetivo de la prevención, como cultura básica de la seguridad, cuando nos preguntamos sobre los riesgos y amenazas que tenemos que afrontar hoy de una forma global, destacan especialmente:

• El terrorismo, como una amenaza directa a la vida y a la seguridad.
• Las ciberamenazas, por la dependencia del ciberespacio y sus vulnerabilidades.
• El crimen organizado, como fenómeno transnacional.
• La inestabilidad económica y la desigualdad, como base de la conflictividad social con su impacto transversal.
• La vulnerabilidad energética, por su dependencia excesiva y la baja interconexión entre países.
• La proliferación de armas de destrucción masiva, como grave amenaza por su dificultad de verificación y control.
• Los flujos migratorios no controlados, con riesgo de radicalización extremista.
• Las crecientes catástrofes derivadas del cambio climático, por su repercusión sobre el empobrecimiento de los pueblos.
• La importancia y vulnerabilidad de muchas infraestructuras críticas, como elementos indispensables y sin alternativa, amenazadas por riesgos múltiples.

Consecuentemente, las principales demandas naturales para el desarrollo y crecimiento del sector de la seguridad privada provienen del proceso de externalización de las actividades de vigilancia, la transferencia de tareas que antes eran competencia de los servicios públicos de seguridad, y sobre todo, la exigencia y el desarrollo de nuevos servicios integrales de seguridad en actividades con requerimientos de especialización.

Igualmente, con el establecimiento de los programas “Red Azul” de la Policía Nacional y el “Plan Coopera” de la Guardia Civil, ambos para la Seguridad Privada, se están alcanzando elevados niveles de optimización de los recursos públicos y privados a través de una verdadera alianza de las seguridades. Este plan promueve un proceso que pretende alcanzar un modelo profesional de complementariedad y corresponsabilidad para aprovechar los recursos del sector privado en la seguridad pública.

Su finalidad es reforzar la integración de los servicios y capacidades de la Seguridad Privada como recurso externo del Sistema Nacional de Seguridad para aprovecharlos en beneficio de la seguridad de todos, potenciando el trabajo de inteligencia que repercute en una actuación operativa más eficaz y eficiente.

En la actualidad en su trabajo muchas de las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuentan con la presencia, información compartida y colaboración de la Seguridad Privada.

No obstante, es ahora especialmente el momento en que las empresas de servicios, instalaciones y proveedores de seguridad privada deben adoptar una actitud proactiva, poniéndose en disposición de participar en todo el proceso de desarrollo del programa legislativo y operativo del Plan de Protección de Infraestructuras Críticas, según la ley 8/2011 de 28 de abril, dado los medios, conocimiento y experiencia que en esta materia ha conseguido desarrollar este sector.

Las actuaciones necesarias para adecuar y optimizar la seguridad de las infraestructuras se enmarcan principalmente en el ámbito de la protección contra agresiones deliberadas y, muy especialmente, contra ataques terroristas, resultando por ello lideradas por el Ministerio del Interior.

Por ello, la colaboración del sector público y privado se convierte en la clave para adoptar rápidamente y con éxito una política integral para la protección de infraestructuras críticas tarea para la que, además de esta colaboración, la concienciación y la sensibilización son fundamentales.

Un futuro con nuevos retos

En el siglo XXI, la seguridad es y será la nueva estrella, principalmente en el ámbito institucional, ciudadano y corporativo, y los responsables se han hecho más visibles e importantes en todas las entidades, de cara a: prevenir los riesgos, garantizar la intervención, minimizar los daños o pérdidas, sistematizar las inspecciones y facilitar el apoyo y las ayudas exteriores, todo ello sujeto siempre al cumplimiento de la legislación vigente.

Sin embargo, ante la gravedad de los riesgos y las amenazas que nos ocupan, resulta obligada la integración operativa de la Seguridad Privada en la Seguridad Pública. Es necesario limar las diferencias y sumar esfuerzos, compatibilizando responsabilidades en algunos de los frentes, superando los obstáculos a la hora de compartir información, mejorando la confianza mutua y olvidando los desencuentros puntuales que en el pasado se han mostrado como barreras para la excelencia de ese trabajo en común.

Esa integración operativa vendrá a facilitar las actuaciones necesarias para optimizar la respuesta ante los nuevos retos y exigencias de nuestro tiempo, como es el caso de la seguridad de las infraestructuras críticas y estratégicas, prioritariamente orientada hacia la protección contra agresiones deliberadas y, muy especialmente, contra ataques terroristas.

Una evolución hacia un sólido Sistema de Seguridad Ciudadana que se fundamenta principalmente en un nuevo y amplio concepto de seguridad única que permita prevenir riesgos y amenazas dinámicas, transversales y transnacionales que precisan de respuestas globales, integrales y modulares, en un entorno que está cambiando profunda y constantemente donde la inteligencia y la seguridad son aspectos imprescindibles.

Por todo ello, resulta inevitable e irreversible la cooperación, en aras a la obtención del objetivo común de lograr proveer la seguridad global que necesitamos, una comunidad profesional cooperativa y única para la mejor prestación del servicio público de prevención, vigilancia y protección, para cuyo fin el Estado puede delegar en los privados, siempre de acuerdo con el régimen establecido por la ley, y sin renuncia a sus prerrogativas ni obligaciones de cara al objetivo de lograr una seguridad ciudadana única y sostenible.

Esa Seguridad Ciudadana a la que aspiramos, favorecida por la suma de las sinergias profesionales y operativas entre Seguridad Pública y Seguridad Privada y sustentada sobre las bases de la cooperación, la colaboración, la confianza, la transparencia y la profesionalidad, a fin de crear un clima permanente de implicación consciente y orgullo de pertenencia, compartiendo información técnica, facilitando flujos de comunicación profesionales y claros, y eliminando potenciales suspicacias y recelos.

Avanzando por este camino, los protocolos de actuación definidos por el Estado para mejorar la colaboración y potenciar la motivación e integración pasan por:

• Valorar y respetar el trabajo realizado
• Mejorar el tratamiento y la información
• Potenciar la accesibilidad operativa
• Facilitar información de interés policial
• Difundir y valorar servicios excepcionales
• Proponer para menciones honoríficas o premios
• Incrementar la formación especializada
• Mantener reuniones periódicas con Directores y Jefes de Seguridad de las empresas, detectives privados y asociaciones
• Especialización de los funcionarios policiales y contacto permanente con las Salas de Coordinación de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Reflexiones finales

El presente y futuro de una Seguridad Única sostenible en Europa pasa, principalmente, por la reflexión y aplicación de, entre otras, estas recomendaciones:

1. Integrar el sistema de gestión de la Seguridad Pública y la Seguridad Privada
2. Potenciar una nueva visión común y una cultura de seguridad sobre la base de amenazas globales y complejas
3. Incrementar los recursos de análisis y liberarlos de viejas patologías y rigideces
4. Desarrollar el esquema de gestión integral operativa de la seguridad
5. Crear un espacio global de sostenibilidad para la Seguridad Ciudadana
6. Acotar los márgenes de la misión y visión para una Seguridad Privada profesional y de calidad
7. Desarrollar la convergencia, alianza e integración de las seguridades
8. Incrementar y aproximar la formación profesional y especializada
9. Aproximar la equiparación de los salarios a las responsabilidades profesionales
10. Consolidar la cultura de la prevención y la protección relacionada con las competencias público-privadas.

Y, para todo ello, ahora, es tan importante la imaginación como el conocimiento y la inteligencia aplicada a los nuevos retos y a esa nueva y única seguridad que demanda la sociedad.