SEGURIDAD Y DEFENSA

Manuel Sánchez Gómez-Merelo
Consultor Internacional de Seguridad
Ex-Coordinador de Seguridad en Instituciones Penitenciarias
 

Las múltiples deficiencias evidenciadas en los sistemas penitenciarios de la región hacen urgente el desarrollo de una amplia reforma penitenciaria que abarque distintos ámbitos.
 

Son imprescindibles y urgentes las reformas de los sistemas penitenciarios, destinando los recursos necesarios para acometer, adecuar y/o construir nuevas cárceles. Este es el verdadero desafío regional: Abordar definitivamente la insuficiencia de infraestructuras, la escasez del presupuesto destinado a resolver o al menos paliar ese abandono, los déficits crónicos en la administración y gestión penitenciaria, la deficiente calidad de los servicios y tratamientos, así como las carencias en los programas para la resocialización y reinserción de los penados.
 

En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa que, “los Estados no pueden alegar dificultades económicas para justificar condiciones poco dignas de las personas privadas de la libertad en establecimientos penitenciarios…” “El Estado tiene el deber de adoptar las medidas necesarias para proteger la integridad personal de los privados de libertad y abstenerse, bajo cualquier circunstancia, de actuar de manera tal que se vulnere la vida y la integridad de estas”.
 

Las carencias y situaciones actuales son las principales causas que generan el aumento cada vez mayor de la conflictividad y el hacinamiento en la población carcelaria. Sin embargo, hay quienes consideran que el hacinamiento no es una causa, sino más bien una consecuencia de la ineficiente intervención estatal, dado que, en la mayoría de los países de la región, se ha preferido usar medios coercitivos o represivos en vez de educativos.
 

No obstante, si bien las medidas de aseguramiento y tratamiento pueden tomarse como un medio para lograr la resocialización y reinserción social, lo cierto es que hay de dotar de nuevos recursos al Sistema Penitenciario y establecer mecanismos donde prevalezca la garantía de los derechos humanos.
 

Así, el nuevo planteamiento de las Alianzas Público-Privadas (APPs) puede ser el medio idóneo para que el Estado, en colaboración armónica con entidades privadas, desarrolle y organice un nuevo diseño, financiación, gestión y reestructuración del Sistema Penitenciario en los distintos países, con miras a que la población reclusa goce de los derechos constitucionales y, sobre todo, se garantice su seguridad y tratamiento para la reinserción social.
 

En este sentido, tenemos interesantes experiencias internacionales en la implementación de las Asociaciones Público- Privadas en el sector penitenciario para la creación de nuevas cárceles o modernización de las existentes, medida adoptada en varios países para hacer frente a la crisis carcelaria.
 

La incorporación de capital privado y/o gestión colegiada en los nuevos establecimientos penitenciarios puede ayudar a la disminución de la carga Estatal, paliando sus carencias y contribuyendo a una mayor eficacia y eficiencia en la resolución de este grave conflicto.
 

Como demuestra la experiencia de otros países, mejorando el sistema judicial y facilitando unas infraestructuras dignas y suficientes, así como la tecnología de control imprescindible, es posible la creación de un sistema penitenciario que propicie la instauración de un código de conducta correcto, tanto en los funcionarios como en los reclusos (que responderán como personas siempre que sean tratados como tales), permitiendo con ello el cumplimiento del fin último de resocializar y reinsertar al mayor número de reclusos posible, mediante la eliminación de las demoras judiciales, el hacinamiento, la sobrepoblación carcelaria y los nichos internos de delincuencia.
 

Para ello, la construcción de nuevos centros penitenciarios es prioritaria y, como mínimo y mientras tanto, sería imprescindible actualizar las infraestructuras y seguridad de los actuales, mejorando con carácter de urgencia las condiciones laborales del personal y planificando el trabajo con las demás Instituciones implicadas, así como con las instancias judiciales.
 

Todo ello, teniendo en cuenta que no se debe delegar funciones que son intransferibles e inherentemente del Estado.
 

Seguridad penitenciaria
 

En la actualidad, son muchas las amenazas que atentan contra la seguridad del sistema penitenciario y carcelario. Entre ellas, la falta de personal y su adecuada capacitación, que es una de las mayores deficiencias que ponen en peligro y vulneran la propia seguridad, tanto del personal, como de los internos y de las instalaciones.
 

El tema de la seguridad penaliza al sistema, los Gobiernos sólo favorecen medidas represivas porque, es tan negativa la visión sobre quien comete delitos, que nunca se ha tenido una política adecuada de prevención e integración social del penado y sólo entra en programa la represión, cuando una inversión adecuada y a tiempo en la clasificación y tratamiento podría ahorrar muchas vidas e incluso abaratar costes de reinserción.
 

Los objetivos principales de la seguridad en los centros penitenciarios son: impedir que se produzcan fugas de presos o altercados y motines; garantizar la seguridad de los internos e instalaciones; favorecer el objetivo de reinserción social. Se contempla en dos conceptos generales clave: la protección externa, para evitar fugas y agresiones y el control y la vigilancia interna, para evitar incidentes.
 

El planteamiento del sistema de seguridad se ha de hacer de forma integral y debe ser objeto del proyecto la implementación de una plataforma de gestión integral. Esta plataforma permitirá integrar todos los sistemas de control y seguridad tanto del interior (módulos y patios) como del exterior (perímetro y accesos), así como todas las lecturas del sistema de control de accesos (personas y vehículos) y todos metadatos de las cámaras y servidores de inteligencia artificial más avanzados.
 

Conclusiones
 

A modo de resumen puede afirmarse que la política pública penitenciaria en Latinoamérica ha fracasado, dado que no ha podido afrontar con éxito el crecimiento significativo de la población penitenciaria, el modelo actual no ha sido capaz de generar los resultados en recuperación, rehabilitación y resocialización de las personas privadas de la libertad, lo que está directamente relacionado con una inadecuada gestión de seguridad, tratamiento y salud penitenciaria.
 

Prácticamente la totalidad de los establecimientos penitenciarios está en malas condiciones o con infraestructuras obsoletas, situación que ha llevado a la imposibilidad de la ejecución y el desarrollo de los “planes” y “programas” de seguridad en el tratamiento penitenciario.
 

En la práctica, como lo demuestra la información empírica, no se está cumpliendo con la gestión de seguridad, tratamiento y salud penitenciaria, a pesar de la obligación legal, y lo estipulado en los manuales operativos. La gestión de las autoridades de los establecimientos penitenciarios se ha centrado principalmente en la custodia y represión de las personas privadas de la libertad.
 

En general, la percepción de los funcionarios sobre el modelo del sistema penitenciario vigente ha fracasado, al no centrar su gestión en la seguridad y tratamiento para la reinserción, así como carecer de los recursos presupuestarios que permitan el seguimiento de los resultados.
 

Además de construir más recintos carcelarios, urge reestructurar el régimen penitenciario y establecer políticas de tolerancia cero, para avanzar con una verdadera política de Estado que se haga cargo de la situación de los penados de cara a su reinserción y resocialización, tanto dentro, como cuando dejan los recintos penitenciarios.
 

El nuevo modelo de gestión penitenciaria debe contemplar y enfocar su gestión en la seguridad, el tratamiento y la salud de la población penitenciaria, centrándose en:
 

• Reformar la inoperativa política judicial imperante, con un menor uso de la prisión preventiva.
• Atender a la formación integral y especializada del personal penitenciario.
• Establecer una política penitenciaria que se enmarque dentro de una Estrategia de Reinserción Social.
• Considerar las alianzas público-privadas que pueden ser el medio idóneo para que el Estado ejecute sus planes de desarrollo, facilitando la administración, el financiamiento, la gestión y la reestructuración de un Sistema Nacional Penitenciario verdaderamente eficiente.
   

La creación de nuevas cárceles o modernización de las existentes es solo parte de las medidas que deben adoptarse en los distintos países de la región para hacer frente a la larga crisis penitenciaria.

Manuel Sánchez Gómez-Merelo
Consultor Internacional de Seguridad
Ex-Coordinador de Seguridad en Instituciones Penitenciarias
 

Esta situación de inseguridad revoluciona Latinoamérica y no tiende a mejorar en casi ningún país dada la reducida inversión pública y las casi nulas políticas de reinserción para los reclusos. Se mira para otro lado y se asume, con un alto coste, los siniestros provocados por esas difíciles e insalubres condiciones de vida, que conducen inevitablemente al deterioro de la convivencia, la violencia, la propia corrupción funcionarial y la frustración de la sociedad.
 

Las cárceles están saturadas
 

Periódicamente, la ONU denuncia la sobrepoblación en las cárceles latinoamericanas y alerta de la grave situación. La crisis en las cárceles es estructural. Son una muestra de la impunidad, corrupción e ineficiencia del sistema penitenciario, incluso del judicial.
 

En general, todo el sistema penitenciario de la región vive en el omnipresente problema del hacinamiento y el de la falta de inversión, que facilita la presencia de organizaciones criminales que imponen su ley en cárceles deterioradas, insalubres y con funcionarios frecuentemente corruptos.
 

En la actualidad, de media, las cárceles albergan casi 40 por ciento más de reclusos de lo que deberían y, en muchos casos, se llega hasta el 300 por ciento, lo que facilita las tragedias acaecidas y pronostica otras, difíciles de evitar si no se aborda seriamente la problemática largamente denunciada.
 

Desde México a Argentina, el hacinamiento, que acaba desembocando en motines e importantes conflictos, es moneda de cambio en todo el continente. La situación en los penales es gravísima pues, buena parte de los establecimientos penitenciarios existentes, vienen del siglo pasado.
 

Cada país tiene sus particularidades pero, a las pésimas condiciones de vida, hay que sumar el abuso de la detención preventiva, la falta de salubridad y atención médica, la insuficiente alimentación, la ausencia de políticas de rehabilitación y de reinserción, la corrupción y los escasos e inadecuados recursos humanos.
 

Las condiciones de hacinamiento en las que se encuentran las cárceles latinoamericanas propician el que se sigan reproduciendo organizaciones delictivas en el interior, que se produzcan conflictos entre bandas rivales, que haya mafias y jerarquías entre los presos, sumado a la carencia de espacios adecuados para albergar a aquellos de mayor peligrosidad.
 

Así, el hacinamiento, las peleas entre bandas, la corrupción, los motines, fugas, etc. han dado lugar a la terrible cifra de más de 2.000 internos muertos en siniestros ocurridos en las cárceles de Latinoamérica en los últimos 2 años.
 

Delincuencia y corrupción
 

El descuido y abandono en las cárceles fomenta la inseguridad en toda Latinoamérica. Las carencias de personal, tecnología y obsoleta arquitectura facilitan la acción de criminales y mafias.
 

Si para nadie es desconocida la crisis carcelaria de Latinoamérica, tampoco lo es su vínculo con los más de 40 años de guerra contra el narcotráfico. En este sentido, el creciente número de presos es directamente proporcional al peso que se asigna al combate contra las drogas.
 

Pero, hay más, dentro de los propios centros penitenciarios, existen: extorsiones, corrupción, prostitución, drogas, mercados ilegales, mafias, intimidación, sicarios, robos, asesinatos, secuestros e intimidación, porque se han convertido en lugares en los que los cárteles de la droga y las bandas criminales realizan grandes negocios y delinquen con muy pocos límites, tanto fuera como dentro de los centros penitenciarios.
 

El narcotráfico en toda la región ha llenado las cárceles en las últimas tres décadas, convirtiendo al hacinamiento y a la violencia en un mal menor y común de las cárceles de Latinoamérica, según confirman también muchos analistas.
 

La corrupción en las cárceles latinoamericanas es deplorable y grave. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos critica el deterioro y abandono de los centros penitenciarios, y señala que, en muchos casos, la corrupción permite que los funcionarios dejen entrar habitualmente en los propios recintos armas, drogas y teléfonos móviles. Así, el crimen organizado controla y se encuentra permanentemente conectado con el exterior, donde continúan sus actividades delictivas.
 

Derechos Humanos
 

La situación actual presenta un negro panorama en las cárceles Latinoamericanas, según la organización Human Rights Watch (HRW) que recientemente señaló que, en la actualidad, hay un problema generalizado de abandono, brutalidad policial y hacinamiento carcelario, según el informe anual presentado en Washington.
 

El incremento de la población penal, la falta de presupuesto o la mala administración, entre otros aspectos, ha desembocado en que el sistema penitenciario en Latinoamérica sea un sistema fallido o descontrolado.
 

Los protocolos de emergencia en las cárceles son problema común para los gobiernos latinoamericanos, y se han institucionalizado como verdaderos sistemas del delito controlados por los propios internos.
 

Actualmente, existen desafíos importantes en los sistemas penitenciarios de Latinoamérica, desde el planteamiento de nuevas normativas y estructuras organizacionales hasta las propias condiciones de vida dentro de las prisiones, lo que hace necesario atender un gran número de factores para garantizar los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
 

Por otro lado, carecen de soluciones alternativas al encarcelamiento, como la libertad vigilada para autores de delitos menos graves o no violentos, trabajos comunitarios o la disposición de brazaletes electrónicos de control.
 

Con todo ello, la realidad es que en Latinoamérica los detenidos no van a la cárcel sino al infierno, a esos recintos hacinados y obsoletos donde se juntan los delincuentes confesos con los que cumplen su aún inexistente condena en régimen preventivo, además de las víctimas de la obsoleta legislación, que hace que todas las leyes deriven en el derecho penal, criminalizando conductas que no revisten auténtica gravedad.
 

Clasificación y tratamiento
 

La base del sistema y ordenamiento penitenciario se fundamenta en la clasificación y tratamiento de los internos con los siguientes principios generales:
 

• Intervención de equipos multidisciplinares, que atiendan las diferentes variables desencadenantes de la conducta desadaptada.
• Intervención continua y programada que establezca las fases y pautas de cambios de conducta individual y su evolución.
• Diseño de programas formativos orientados a desarrollar las aptitudes de los internos, enriquecer sus conocimientos y mejorar sus capacidades técnicas o profesionales.
• Potenciar y facilitar los contactos del interno con el exterior colaborando con los recursos de la comunidad como instrumentos fundamentales en los programas de reinserción.
   

Igualmente y como objetivos específicos del tratamiento podríamos señalar los siguientes:
 

• Garantía del sistema en el cumplimiento de la pena respetando los derechos y haciéndoles cumplir sus deberes.
• Disminución de la conflictividad interna (seguridad y disciplina) a través de la clasificación y separación entre módulos para lograr una convivencia ordenada y segura.
• Ocupación de los internos la mayor parte del tiempo posible a través de asistencia a cursos, talleres, deportes y otras actividades de tipo recreativo y cultural.
• Formación académica con el desarrollo de programas básicos y de especialización de educación.
• Formación laboral con el desarrollo de programas y establecimiento de talleres de trabajo ocupacional, incluso remunerado.
• Creación y mantenimiento de hábitos de autocuidado, conservación y mantenimiento de las dependencias y sus instalaciones.
   

Reinserción y resocialización
 

Uno de los factores que impide la reinserción real de los penados es la falta de oportunidades y los escasos programas que existen para la rehabilitación social. Hay que considerar que muchos internos no tienen la educación básica ni media completa, por lo que establecer convenios con instituciones públicas y/o privadas para propiciar la educación, o que se les propicie algún oficio o especialización es de vital importancia.
 

Las experiencias con internos que han culminado sus estudios en la cárcel son muy positivas aunque, lamentablemente, en Latinoamérica, lo son con porcentajes bastante bajos.
 

Las instalaciones penitenciarias en Latinoamérica están lejos de lograr la reinserción y resocialización de los penados pues en la región sólo se atiende la coyuntura urgente, es decir, se gestiona los problemas e incidentes que ya son graves en lugar de resolverlos cuando apuntan a un deterioro evitable y a un necesario cambio del sistema.
 

Por otro lado, llama la atención la falta no solo de recursos e inversión, sino también de personal, además de su escasa cualificación para hacerse cargo del tratamiento de los reclusos o tener capacidad de reacción cuando se desatan los incidentes y, sobre todo, en caso de especial gravedad.
 

En varios países latinoamericanos se está formando y capacitando más al personal de centros penitenciarios, pero también hay que aumentarles los salarios y valorar el hecho de que su profesionalidad redundará en la mejora de un servicio social muy importante.
 

La cultura de prevención, así como la implementación de nuevos programas de reinserción en los penales son temas prioritarios y debe de ser tarea y responsabilidad de todas las partes implicadas.

Para las organizaciones, públicas y privadas, adaptarse implica una revolución profunda en su modelo de gestión de la seguridad, en sus estructuras y procesos internos, y en cómo las personas interactúan y se comportan.
 

En este último año, principalmente derivado de la pandemia y de la guerra en Ucrania, hemos visto destacada la resiliencia, la adaptabilidad y la constante toma de decisiones. Nuestro protagonismo fue evidente en la capacidad de nuestras organizaciones para afrontar la seguridad de personas y bienes.
 

Desde el conocimiento y la experiencia académica y profesional en la planificación y la gestión de las seguridades, creemos en la evolución como un camino de transformación y mejora continua y compartida que, actualmente, va más allá de la mera transformación adaptativa natural, para convertirse en una Re-Evolución.
 

La respuesta al nuevo paradigma ha de ser líquida, como lo es el momento. El nuevo modelo de seguridad humana y de las organizaciones pasa por esa Re-Evolución.
 

Seguridad y Re-Evolución
 

La Seguridad Humana y Ciudadana es el proceso de establecer, fortalecer y proteger el orden civil democrático y social, minimizando los riesgos y eliminando las amenazas, permitiendo una coexistencia segura y pacífica, y garantizando la salvaguarda de los derechos humanos, especialmente del derecho a la vida, a la integridad personal, a la inviolabilidad del domicilio y a la libertad de movimiento.
 

El proceso de transformación de la sociedad hasta nuestros días, ha llevado implícito un aumento constante del bienestar y de la sensación de seguridad y, si realizamos un breve recordatorio de nuestra historia reciente, encontramos distintos hechos muy significativos y contradictorios, que nos demuestran la necesidad de no bajar la guardia hacia esa búsqueda constante de la seguridad.
 

Ahora, Re-Evolución viene a significar “volver a evolucionar”, retomar el estudio y análisis de la situación, dejando atrás paradigmas obsoletos, e identificando los nuevos retos y exigencias, para saber dar a la sociedad las respuestas adecuadas en la dirección correcta.
 

Hoy en día el primer objetivo es buscar el nuevo equilibrio y el nuevo orden social que garantice la imprescindible seguridad jurídica, económica, laboral y social.
 

De la misma forma que los objetivos de la seguridad han ido evolucionando, la respuesta pública y privada no se ha quedado atrás y ha experimentado un cambio sustancial desde sus inicios, principalmente motivado por los avances tecnológicos y la mayor cooperación y valores compartidos conseguidos, pero no es suficiente.
 

Desde el estudio y la planificación, hasta el rigor en la identificación y evaluación de los riesgos, el planteamiento y aplicación de soluciones globales y la planificación y gestión global, como decíamos recientemente, este será un año de nuevas tendencias, exigencias y retos para la seguridad, tanto física o lógica, como pública o privada.
 

Se prevé que cada uno de estos planteamientos y desarrollos permitirá a los profesionales responsables de las seguridades estar mejor preparados para enfrentar y capitalizar las innovaciones en soluciones y servicios y, en última instancia, brindar mayor seguridad en los entornos físicos y digitales.
 

Nuevas exigencias
 

Nuevas exigencias requerirán de esa Re-Evolución para establecer nuevos planteamiento y soluciones, principalmente en:
 

Seguridad en la cadena de suministro. Los problemas en la cadena de suministro seguirán siendo una tendencia de inseguridad dominante y será fundamental llevar a cabo un control exhaustivo ya que los ciberataques se producen por vulnerabilidades y carencias de seguridad en las operaciones con proveedores.
 

Protección de las infraestructuras críticas. La tendencia al incremento de ataques a las infraestructuras críticas y estratégicas se incrementará y debemos seguir avanzando ante las nuevas exigencias de protección y el desarrollo de los planes de seguridad, contingencia y continuidad, que serán la garantía para el funcionamiento de los servicios esenciales.
 

Soluciones “zero trust”. Las organizaciones requerirán soluciones y sistemas de confianza para garantizar una visibilidad y un control completo de sus redes y deberán implementarse desde un enfoque “security by design”, planificación y ejecución para garantizar el mejor control y gestión de la seguridad global de forma integral e integrada en todo el proceso.
 

Autentificación de procesos. Si bien adoptar un enfoque de confianza cero, principalmente para la ciberseguridad, se centra en autenticar las credenciales de los dispositivos y aplicaciones conectados, la capacidad de establecer la autentificación de los sistemas de control de acceso biométrico y la videovigilancia en sí serán cada vez más fundamentales para confiar en su valor.
 

Liderazgo y dirección de seguridad global. Las exigencias, cambios de paradigmas y liderazgos en la gestión de las seguridades, ha motivado la creación de nuevos perfiles profesionales en los últimos años en todos los niveles: Director de Seguridad (CSO), Director de Seguridad de la Información (CISO), Director de Cumplimiento (CCO) y al que hay que añadir otro más reciente, como es el Director de Seguridad Global (CGS). Este tiene como misión gestionar la seguridad integral e integrada de todo lo relacionado con la actividad de la organización.
 

Nuevos retos
 

Como consecuencia de las nuevas exigencias se nos presentan nuevos retos principalmente en los aspectos de:
 

Seguridad integral e integrada. La pandemia ha sido un especial catalizador en la implementación de las tecnologías de prevención y protección de activos y personas con bajo o nulo contacto, muchas de las cuales ahora están integradas de forma permanente, al igual que el uso de plataformas para el trabajo a distancia o teletrabajo, el video inteligente, el control y gestión del transporte y la logística, etc., a fin de garantizar el funcionamiento de las organizaciones en materia de salud y seguridad pública y privada.
 

Modelo de trabajo híbrido. Los modelos de trabajo híbridos son la norma hoy. Es una de las principales tendencias que dominará la industria de la seguridad en esta Re-Evolución y representa un modelo de seguridad en el que ningún dispositivo es automáticamente confiable y debe ser validado.
 

Ciberseguridad estructural OT. La seguridad como misión tradicional de la que se ocupaban los departamentos de TI, continuará trasladándose a la OT, creando nuevos retos para las organizaciones. No obstante, la amenaza de ciberdelincuencia se ha incrementado y requerirá de nuevas soluciones personalizadas por sectores de actividad.
 

Ataques de ransomware. A lo largo de los últimos años hemos visto incrementarse notablemente el número de amenazas y ataques de ransomware con métodos "file" y "fileless", siendo ya habitual su presencia en el mundo digital actual. Los ataques seguirán aumentando y serán cada vez más sofisticados, perjudicando a instituciones y organizaciones públicas y privadas, así como a los ciudadanos en general.
 

El sondeo y análisis de la información captada nos ha llevado a relacionar las principales exigencias y retos de seguridad. En la actualidad, se vislumbran líneas de acción, de lo que llamamos Re-Evolución (respuesta evolutiva), para el planteamiento de las mejores soluciones para la gestión del riesgo en materia de seguridad física y ciberseguridad, con nuevas coordenadas para la planificación del manejo de la incertidumbre y la resiliencia.
 

Innovación tecnológica
 

La industria de las seguridades se encuentra en una posición única para identificar los potenciadores más importantes, los eventos disruptivos y los desarrollos derivados de las nuevas exigencias y retos, que darán forma al panorama de la seguridad desde el diseño y desarrollo tecnológico de nuevas soluciones y aplicaciones para una gestión integral e integrada.
 

Especialmente, se prevé que en esta Re-Evolución se irá consolidando la importancia de la ciberseguridad para proteger los diferentes ámbitos institucionales, industriales y comerciales.
 

Tras observar el mercado, escuchar y analizar a grandes usuarios y empresas, creemos que los siguientes temas afectarán a la demanda y la oferta de la industria de las seguridades, en una tendencia consolidada, tanto en este año como en el futuro.
 

El valor compartido
 

El valor compartido en la seguridad es una nueva visión que ofrece soluciones innovadoras de alto valor estratégico y operativo en el mercado globalizado de la seguridad de alto riesgo y, en especial, para los sectores de actividad estratégicos y críticos, contribuyendo al progreso con respuesta a las nuevas exigencias y los nuevos retos.
 

Desde el valor compartido entre la seguridad pública y la privada y la mayor profesionalización de la oferta y la demanda, se plantea igualmente una Re-Evolución y, sin duda, una nueva oportunidad para avanzar en la Seguridad Global de un mundo de retos colectivos y futuro incierto, con necesidad de entender las nuevas dinámicas sociales, económicas, energéticas y tecnológicas, a fin de propiciar el desarrollo de ese amplio concepto de la nueva seguridad que va a estar presente de ahora en adelante.
 

Para ello, se impone la revisión y redefinición de las políticas de seguridad, creando una nueva cultura de seguridad integral e integrada, estableciendo los mecanismos de control y gestión de la seguridad física y lógica, y cuidando los sistemas, sin olvidar dimensionar la resiliencia.
 

Pero también hemos de aprovechar la oportunidad para avanzar en la seguridad global, prevención más protección para los ciudadanos, dado que, en estos momentos, las amenazas se presentan con muchas dimensiones y formas, en ámbitos como la geopolítica, la delincuencia y terrorismo, las catástrofes naturales y, más recientemente, las pandemias mundiales y los efectos multiplicadores de la guerra de Ucrania.
 

Los desafíos que sugiere el nuevo contexto global de riesgos y amenazas requieren soluciones de seguridad innovadoras, tanto en el ámbito público como en el privado, que incorporen a la inteligencia y la tecnología como bases de una estrategia de seguridad necesaria para operar en las organizaciones y la sociedad en su conjunto, pero sin olvidar que el valor social contribuye a crear valor económico, y viceversa, siendo inexcusable el contemplar como un todo ambos tipos de valores.
 

Con ello, podremos ofrecer soluciones holísticas para la Gestión del Riesgo y, especialmente, para las Infraestructuras Estratégicas y Críticas que, sin duda, requieren productos y servicios de seguridad adecuados a sus específicos riesgos, amenazas y vulnerabilidades.
 

También precisamos una Re-Evolución para la colaboración público-privada desde el cumplimiento a la integración operativa, contando con la cooperación de todos los actores involucrados en la regulación, planificación y operación de las diferentes infraestructuras que proporcionan los servicios públicos esenciales para la sociedad, logrando una asociación público-privada que resulte provechosa para todos, sin olvidar que una óptima colaboración descansa en la óptima calidad del proveedor de servicios de seguridad al ciudadano.
 

La experiencia académica
 

También hemos de realizar una Re-Evolución en el desarrollo académico centrado en una profesionalización especializada en la gestión, liderazgo y la mejor organización para la implementación y gestión de los sistemas y servicios de seguridad.
 

Hemos de Re-Evolucionar la especialización e impulsar a organizaciones y profesionales responsables y comprometidos, para que aprendan y se desarrollen siendo proactivos, innovando, colaborando y aportando valor. Es preciso capacitar a sus líderes y equipos para conseguir ser una organización imparable ante las nuevas exigencias y retos de seguridad de la sociedad.
 

Hemos de Re-Evolucionar el protagonismo de la seguridad en las organizaciones a través de un aprendizaje activo e inmersivo.
 

Creemos en la evolución como un camino de aprendizaje y transformación continuo y compartido que va más allá de la respuesta adaptativa natural, convirtiéndose en una Re-Evolución profunda, ajustada a estos tiempos de crisis múltiple globalizada en los que se requiere un debate individual y conjunto, profundo y sincero, sobre los caminos para superarnos y superarla.

Resultan incomprensibles las dificultades, las inseguridades, la desprotección social y el sufrimiento humano que ha provocado esta guerra. Más de un tercio de la población de Ucrania ha sido forzada a huir de su hogar. En ese contexto, la situación de las inseguridades sigue siendo impredecible.
 

Apoyar a las poblaciones desplazadas en Ucrania es una prioridad central. Los retornados espontáneos tendrían que recibir asistencia mediante una combinación de programas humanitarios, de desarrollo, de recuperación y de seguridad, lo que allanaría el camino para la recuperación, la reconstrucción y la reactivación económica.
 

La inseguridad global es manifiesta. Para las personas desplazadas internas, la seguridad y el acceso a una vivienda adecuada son los principales obstáculos para un retorno sostenible en condiciones dignas.
 

Como ha declarado Pascale Moreau, Directora Regional de ACNUR para Europa, “No debe menguar nuestra respuesta para satisfacer las necesidades de las personas desplazadas y garantizar su seguridad hasta que encuentren un hogar”.
 

Consecuencias y repercusiones de la guerra
 

Además de los miles de víctimas mortales y los millones de desplazados internos y refugiados, gravita sobre la población la violencia de género, el reclutamiento forzado de hombres, los problemas de acceso a alojamiento y medios de vida, la descomposición de la economía, la corrupción, las venganzas, las psicopatías exacerbadas por el estrés y el dolor, y un largo etcétera de horrores, del todo incomprensibles en pleno Siglo XXI, que muestran sin paliativos los deficitarios y débiles avances efectuados en materia de protección global.
 

"Es desgarrador que innumerables niños se lleven la peor parte de este conflicto, forzados a abandonar sus hogares y escuelas mientras huyen en busca de seguridad", dijo Andrew Morley, presidente y director general de World Visión International.
 

Como complemento dantesco de tanto sinsentido, la crisis de Ucrania amenaza y afecta al suministro energético y de alimentos y a la estabilidad económica de algunos de los países más vulnerables del mundo, dado que Rusia y Ucrania proporcionan casi una cuarta parte del suministro mundial de trigo, y ya estamos viendo cómo este conflicto afecta al abastecimiento de alimentos en países como Yemen y Líbano.
 

Las consecuencias humanitarias, económicas y medioambientales siguen creciendo. Y no sólo está pasando factura en Ucrania, sino en todo el mundo, donde sus efectos están alimentando otros conflictos y emergencias.
 

Un conflicto que se extiende por mucho tiempo deja ciudades completamente destruidas y devastadas, pero dentro estaban sus habitantes, que, si tuvieron la suerte de sobrevivir, se encuentran igualmente destrozados por tener que enfrentar el día a día en constante amenaza, soportando el miedo, el hambre, el frío y la pobreza, además de sentir que siempre su vida y la de sus seres queridos, corre peligro.
 

No obstante, tener de pronto convertidos en ruinas su domicilio, su negocio, su estatus social, su patrimonio o los recuerdos de una vida, no es el drama mayor a enfrentar. El verdadero drama de las víctimas de un conflicto bélico es que muchos pierden a familiares, amigos, vecinos, conocidos e incluso su barrio o entorno afectivo. Esa amputación repentina de toda una biografía es difícil de paliar y menos de sanar por más programas de intervención que se pongan en marcha.
 

Es preciso repensar y reinventar nuestros sistemas energéticos y alimentarios globales pues, los efectos combinados de la guerra de Ucrania y otras crisis e inseguridades relacionadas, están dejando al descubierto importantes vulnerabilidades y debilidades, principalmente en los sistemas energéticos y alimentarios mundiales.
 

La guerra en Ucrania agrava la inseguridad alimentaria. Solo la región del Norte de África y Oriente Medio (MENA), aunque solo representa el 4% de la población mundial, concentra el 30% de la compra mundial de trigo, la mitad de la cual procede de Ucrania y de Rusia. La ONU advierte del aumento de personas con inseguridad alimentaria, como una situación agravada por la guerra en Ucrania.
 

Por otro lado, los ministros del Interior de la UE, en reciente reunión de Consejo informal en Praga, alertaron sobre los riesgos para la seguridad que implica la guerra en Ucrania, que podría acabar generando más tráfico de armas, de personas y de drogas, violencia e incremento de la inseguridad ciudadana en Europa, según la comisaria europea, Ylva Johansson.
 

Desde la perspectiva de la seguridad humana es prioritario poner en el centro de los debates las vidas de las personas y atender de forma prioritaria la necesidad de minimizar el riesgo y las inseguridades para la población civil desde un compromiso riguroso y global.
 

Inteligencia y seguridad
 

El Servicio de Seguridad e Inteligencia de Ucrania (SBU - Sluzhba Bezpeky Ukrayiny) es la agencia de seguridad nacional ucraniana. El acrónimo SBU es el nombre común empleado por los ucranianos para referirse a los servicios secretos que tiene, entre otras funciones la lucha contra los delitos que ponen en peligro la paz y la seguridad de la sociedad, el terrorismo, la corrupción y las actividades delictivas organizadas de la gestión y la economía, así como otros actos ilícitos que amenazan los intereses vitales de Ucrania.
 

Desde que se produjo la invasión rusa los servicios de Inteligencia se han convertido en una herramienta clave y cabe destacar que las Agencias de Inteligencia de Estados Unidos han colaborado con Ucrania desde el comienzo del conflicto apoyando las operaciones de recopilación de información. Un ejemplo de ello podría ser la información en tiempo real a las fuerzas ucranianas de cuándo y dónde impactarían los misiles y bombas lanzados por el ejército ruso, aunque la labor de los servicios de inteligencia va más allá de conocer las posiciones del enemigo.
 

Desafíos a medio y largo plazo
 

Sobrevivir y prosperar es el plan europeo para apoyar a Ucrania en la guerra pero, por desgracia, la guerra tiene pocas perspectivas de terminar a corto plazo. La violencia remite a veces, pero la falta de una solución negociada significa que puede reavivarse en cualquier momento. Los ucranianos y sus simpatizantes de Europa y otros lugares deben hacerse a la idea de que esta será larga y con graves consecuencias.
 

Una crisis como la actual podría desembocar en una grave escalada militar y con graves impactos humanitarios y se hace necesario prever planes de asistencia humanitaria y de políticas de migración y asilo basadas en el respeto a los derechos humanos y las obligaciones internacionales.
 

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha recordado que hay más de 13 millones de ucranianos desplazados de sus hogares por la guerra de Ucrania y ha alertado de que sus perspectivas de volver a sus casas están marcadas por la inseguridad.
 

Igualmente, la preocupación por la seguridad alimentaria en esta región es elevada, como ponen de manifiesto las numerosas declaraciones del Secretario General de la ONU, António Guterres, quien ha hablado de un riesgo «de hundimiento del sistema de alimentación mundial».
 

Pero hay otras batallas que se están librando, también en la comunicación e información. Los usuarios de Internet y las redes sociales están siendo bombardeados con desinformación sobre el conflicto. La campaña de desinformación de Rusia está tratando de convencer a un público en casa y en todo el mundo de que lo que está haciendo en Ucrania es justificable. Todos los violentos lo hacen.
 

En definitiva, no podemos ni debemos permitirnos seguir construyendo sociedades inseguras, violentas y desiguales, sometidas a riesgos globales, y han de ponerse de manifiesto soluciones, igualmente globales, para su seguridad y protección, basadas en los derechos humanos, el bien común y la solidaridad.
 

Las guerras, en el fondo siempre incomprensibles, también producen pánico, desconfianza social e inseguridad no solo en los países afectados sino en todo el mundo, pero es curioso ver que, pese a que en la historia de nuestro planeta nunca ha habido un periodo con menos guerras que el presente, el análisis de todo el horror, el dolor y la estupidez humana precedentes no ha servido casi nunca para evitar los siguientes conflictos, siempre basados en la injusticia, la inseguridad y el miedo.
 

Por eso es preciso trabajar a nivel mundial por resolver poco a poco tres frentes de sustentación de inseguridades muy concretos:

1. Erradicar las causas básicas (injusticia, miseria, incultura, desnutrición, explotación, apropiación indebida de territorios o bienes por parte de grupos armados, gobernantes corruptos o potencias extranjeras, etc.).
2. Erradicar el lucro ilícito que producen las guerras, fabulosa fuente de enriquecimiento en dos de los mayores negocios mundiales, como son la fabricación de armamento y los consorcios internacionales posteriores para la reconstrucción.
3. Erradicar los temores que alimentan las violencias y venganzas, procurando dar prioridad y recursos para que en todos los ámbitos humanos (educación, familias, trabajos, deportes, medios de comunicación, producciones audiovisuales, etc.) se instaure con urgencia una cultura de paz.
    

Son momentos de profundización y sensibilización hacia lo esencial. Nunca más que antes, hay que llevar también la paz y el ejemplo de cordura a los programas y discursos de nuestros políticos, porque sólo haremos seres sanos, sensibles, sensatos y seguros, si los líderes mediáticos que aparecen en las pantallas mundiales dan muestra de esos valores.

Combatir la inseguridad es tarea del Estado y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. No obstante, frente a los nuevos y crecientes desafíos de actos antisociales (tráfico de drogas, delincuencia organizada, blanqueo de capitales, terrorismo internacional, vandalismo, etc.), las instituciones estatales no siempre disponen de la capacidad para responder adecuadamente a estos riesgos y amenazas, y se encuentran cada vez más limitadas a la hora de diseñar estrategias eficaces.
 

Todos estos aspectos son ingredientes que alimentan esa inseguridad del ciudadano, tanto percibida como real, frente a los cuales los políticos deben buscar respuestas eficientes, tratando de ofrecer un bienestar lo más estable posible, en los aspectos económicos, políticos y sociales, empezando por dar una atención prioritaria a los ámbitos locales.
 

Para ello, ahora que en España entramos en período de elecciones locales y generales, un programa de modernización y reinvención de la seguridad solo puede basarse y plantearse pensando en el global para actuar de manera eficiente en lo local.
 

Pensar en global y actuar en local. Conceptos
 

En general, y en las instituciones públicas en particular, existe un roce natural entre la mentalidad global y la local, que se tiene el deber de resolver.
 

Hay que ir transmitiendo la seguridad (y muchos otros conceptos) desde el pensamiento global al local, es decir, desde el nivel europeo, al de país, al de comunidad, al de ciudad y al de barrio.
 

Pensar en global y actuar en local debe ser un inteligente acuerdo político y social frente a los problemas de inseguridad y emergencias que ponga en marcha y optimice el uso de los valores y los recursos disponibles.
 

Bases de trabajo
 

Estructuras locales de seguridad:
 

La Constitución Española, en su artículo 148.1.22, atribuye a las Comunidades Autónomas competencia en materia de coordinación y demás facultades en relación con las Policías Locales y los servicios de emergencia.
 

La Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (LOFCS) regula este aspecto al establecer, en su artículo 39, que corresponde a las Comunidades Autónomas, coordinar la actuación de las Policías Locales en el ámbito territorial de la Comunidad, mediante el ejercicio de las siguientes funciones:
 

• Establecimiento de normas-marco a las que habrán de ajustarse los Reglamentos de Policías Locales.
• Establecer o propiciar, según los casos, la homogeneización de los distintos Cuerpos de Policías Locales, en materia de medios técnicos para aumentar la eficacia y colaboración de éstos, de uniformes y de retribuciones.
• Fijar los criterios de selección, formación, promoción y movilidad de las Policías Locales, determinando los distintos niveles educativos exigibles para cada categoría, sin que en ningún caso el nivel pueda ser inferior a Graduado Escolar.
• Coordinar la formación profesional de las Policías Locales mediante la creación de Escuelas de Formación de Mandos y de Formación Básica.
   

Las políticas nacionales en los ámbitos tradicionales de la seguridad ya no son suficientes para salvaguardarla en pleno Siglo XXI. Sólo un enfoque integral, que conciba la seguridad de manera amplia e interdisciplinar, a nivel nacional, europeo e internacional, puede responder a los complejos retos a los que nos enfrentamos.
 

La Estrategia Española de Seguridad (EES) basa la política de seguridad en una serie de conceptos básicos, como: un enfoque integral de las diversas dimensiones de la seguridad, la coordinación entre las administraciones públicas y con la sociedad, la eficiencia en el uso de los recursos, y la anticipación y prevención de las amenazas y riesgos.
 

Es de desear que el desarrollo de una reorganización progresiva del Sistema de Seguridad Nacional, basado en las estructuras y organismos que vienen desempeñando funciones de seguridad, posibiliten, mediante las oportunas modificaciones legislativas, la tan aludida integración de todos los actores públicos y privados de la seguridad, favoreciendo que su gestión sea, como se ha proclamado tantas veces, más ágil y eficiente.
 

Al mismo tiempo, en las Estrategias elaboradas hasta la fecha se echa en falta una alusión más clara y dinámica al mundo local, a sus estructuras, partícipes de la seguridad precisamente en el entorno más directamente percibido por la sociedad.
 

Evolución y desarrollo
 

El objetivo es plantear la cultura de la seguridad como un bien público, propiciando la evolución y desarrollo de un paradigma de seguridad compartido, que abarque de lo global a lo local. Los principales organismos centrados en el análisis del concepto de seguridad han dejado patente su carácter evolutivo y la necesidad de adaptarlo a las transformaciones acaecidas con la creciente globalización.
 

La necesaria integración, definida en las sucesivas Estrategias de Seguridad adoptadas en los ámbitos internacional y nacional, requiere una toma en consideración de la perspectiva local, haciéndola partícipe de los objetivos trazados en los diferentes niveles y estrategias.
 

En este sentido, conviene recordar que en España, más del 85% de la población reside en el 16% de municipios, que representan los de un censo superior a 5.000 habitantes y que el colectivo de las policías locales, estimado entre 70.000 y 80.000 efectivos, se encuentran repartidos, precisamente, en esos mismos municipios.
 

Entre las propuestas señaladas en torno a los procesos de mejora y adaptación de la Policía al actual contexto global, cabe señalar las siguientes:
 

• Fomentar la creación de una conciencia identitaria colectiva en materia de seguridad, potenciando los órganos de coordinación existentes y promoviendo la creación de órganos, mandos y estructuras compartidas.
• Actualizar las leyes de policía, al objeto de regular y racionalizar la actual realidad policial.
• Desarrollar un modelo de Seguridad Local, en consonancia con las competencias asumidas, favoreciendo la alta especialización de las policías locales en seguridad ciudadana, desarrollando el modelo de policía de proximidad y perfeccionando la función preventiva.
   

Con esta perspectiva, la seguridad local ha de dar respuesta a una serie de ámbitos o retos que son vividos con especial intensidad en los entornos urbanos, configurando lo que se viene a denominar como
 

Estrategia Local de Seguridad:
 

• Seguridad Ciudadana, tomando en consideración la idea de que la prevención del delito constituye una prioridad del sistema penal, estableciendo los mecanismos de colaboración y coordinación entre los diferentes cuerpos policiales.
• Violencia de Género, con el objetivo de prevenir y detectar la violencia de género, asistir y proteger a las víctimas, contribuir al restablecimiento de los daños producidos a las mismas y mejorar los mecanismos para evitar la victimización secundaria.
• Movilidad Sostenible y Segura, contribuyendo a la mejora de la movilidad urbana de acuerdo con los parámetros y compromisos fijados en la Carta Europea de Seguridad Vial y en los Planes de Sostenibilidad (Agenda 21).
• Seguridad Escolar, con el objetivo de mejorar la seguridad de los escolares incidiendo en su entorno más directo y contribuyendo pedagógicamente a la configuración de actitudes favorables a la seguridad, tanto viaria cómo en lo relativo a la convivencia ciudadana.
   

• Protección Civil Municipal, al objeto de poner en práctica los diferentes Planes de Protección Civil Municipal y efectuar su seguimiento y actualización.
• Seguridad en Actividades, Instalaciones y Dependencias, para conocer y efectuar el seguimiento de los planes de autoprotección de los establecimientos obligados a disponer de los mismos, estableciendo las medidas de seguridad adecuadas en su caso.
• Salubridad Pública, con el objetivo de prevenir y garantizar la seguridad y la salubridad de las personas en relación a diferentes aspectos de la vida cotidiana, como son la seguridad alimentaria, hídrica y medioambiental; la tenencia de animales domésticos y exóticos; el control de plagas; las condiciones higiénico sanitarias de viviendas e instalaciones, etc.
• Riesgos Sociales, proporcionando cobertura a las personas que presenten problemas de desprotección y/o exclusión social o que, como consecuencia de una situación de emergencia, se encuentren en una situación de riesgo que pueda ser atendida por los poderes públicos.
   

• Asistencia Psicológica, estableciendo los mecanismos para poder dar una primera respuesta psicológica a las víctimas y familiares en catástrofes y accidentes graves.
• Convivencia y Civismo, al objeto de contribuir a la mejora de la convivencia ciudadana, dando prioridad a determinados contenidos de las ordenanzas de convivencia y civismo, que inciden directamente en el ámbito de las relaciones interpersonales y en la calidad de vida de los ciudadanos, así como implementando servicios específicos de mediación para la resolución de conflictos.
• Seguridad Urbanística, con el objetivo de contribuir a las buenas prácticas en el ámbito relacionado con la construcción de viviendas y núcleos de población, garantizando el cumplimiento de las normas urbanísticas y las condiciones específicas de las respectivas licencias.
• Seguridad en Espacios de Especial Interés, velando por la seguridad de determinados entornos que por sus características así lo requieran. Así, por ejemplo, el casco antiguo de pueblos y ciudades, donde se ubica la mayor parte del patrimonio arqueológico y monumental.
   

En todo caso, teniendo en cuenta que los planteamientos han de ser glocales, es decir, aplicando esquemas de seguridad global a lo local, e integral e integrada entre los recursos de seguridad pública y privada como se establece igualmente en la Ley de Seguridad Ciudadana y Ley de Seguridad privada.
 

Finalmente, para pensar en global y actuar en local, hay que tomar conciencia de nuestra propia responsabilidad de tratar de profundizar y comprender la realidad que nos rodea y la urgencia de sus amenazas, compartiendo nuestros conocimientos como manera de contribuir a una sociedad basada en la seguridad y el bien común.
 

Para crear las condiciones de un cambio sostenible es necesario tejer redes de colaboración, y nuestras relaciones personales y profesionales pueden constituir también un ecosistema de transformación.
 

En esta línea, queremos invitar a pensar de manera global, generando un marco de desarrollo exportable que nos permita actuar en lo local. Vamos a cambiar poco a poco el paradigma y la cultura de la seguridad en nuestra sociedad, hasta llegar a integrar esa estructura facilitadora de nuestro bienestar de manera tan silenciosa y eficiente que, como el propio esqueleto que sustenta nuestro organismo, no se note siquiera que está integrado debajo de la piel que nos cubre, permitiéndonos experimentar la tranquilidad de existir en paz como sociedad y como personas, en una armonía codependiente y sinérgica.